Irán condena a muerte a dos mujeres por su participación en las protestas de enero

Taraneh Rahimi, de 20 años, y Leila Abolhasani, de 43, enfrentan la pena capital en procesos cuestionados por organizaciones de derechos humanos.

Dos mujeres enfrentan la pena de muerte en Irán por casos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero de 2026, en procesos cuestionados por organizaciones de derechos humanos. Taraneh Rahimi, de 20 años, fue condenada junto con otros nueve acusados en el caso de la plaza Shohada, mientras Leila Abolhasani, de 43 años y madre de dos adolescentes, recibió la misma pena en una causa separada en Isfahán.

Taraneh Rahimi, condenada junto con otros nueve acusados

La Sala 1 del Tribunal Revolucionario de Isfahán condenó a Taraneh Rahimi y a otros nueve acusados a la pena de muerte, además de imponerles 11 años de prisión a cada uno por otros cargos. La agencia iraní HRANA informó que las sentencias corresponden a la primera instancia y que los 16 procesados acumulan 256 años de cárcel.

Entre los cargos atribuidos figuran “moharebeh” —“enemistad contra Dios”—, destrucción de propiedad pública, reunión y colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema.

Los hechos ocurrieron durante las protestas de enero en Isfahán, en la plaza Shohada, donde murieron dos personas, una de ellas integrante de la Guardia Revolucionaria.

La acusación contra los 16 procesados no incluye un cargo específico por esas muertes y no se presentaron pruebas que vincularan directamente a los acusados con ellas.

Romina Rahimi, hermana gemela de Taraneh, fue condenada a 36 años de prisión. Otros cinco acusados recibieron penas de entre 16 y 26 años de cárcel. Las mujeres procesadas en esta causa permanecen recluidas en la prisión de Dowlatabad, mientras los hombres están en Dastgerd, ambas instalaciones ubicadas en Isfahán.

Denuncias de tortura y restricciones a la defensa

Organizaciones de derechos humanos denunciaron restricciones al derecho de defensa durante el proceso: los abogados tuvieron acceso limitado al expediente y señalaron que no dispusieron de tiempo suficiente para revisar documentos y pruebas antes del juicio. Durante una audiencia, otro acusado, Ahmadreza Saeedi, declaró haber sufrido torturas durante los interrogatorios, incluidas descargas eléctricas.

La periodista y activista iraní Masih Alinejad difundió en X denuncias sobre el trato recibido por las hermanas durante su detención. “Las fuerzas de seguridad irrumpieron en su hogar, les ataron las manos y los pies, les pusieron bolsas sobre la cabeza y se las llevaron”, afirmó.

Según el testimonio difundido por Alinejad, Taraneh relató que podía escuchar a Romina “gritar y llorar mientras la torturaban” y que los interrogadores amenazaron con agredir sexualmente a su hermana para obligarla a firmar confesiones.

Leila Abolhasani, madre de dos adolescentes

La Sala 5 del Tribunal Revolucionario de Isfahán condenó a muerte en mayo a Leila Abolhasani, una mujer de 43 años y madre de dos adolescentes. Fue detenida el 8 de enero en Shahin Shahr y permanece recluida en Dowlatabad. Según organizaciones de derechos humanos, las autoridades la responsabilizaron del incendio de una tienda durante las protestas.

Sus familiares rechazan esa acusación y sostienen que Abolhasani se encontraba en el lugar grabando el incendio del establecimiento y no participó en los hechos. La sentencia fue apelada y el caso se encuentra ante la Corte Suprema iraní. Hasta ahora, no se ha divulgado públicamente la evidencia utilizada por el tribunal para atribuirle responsabilidad directa.

Pena de muerte y protestas en Irán

Iran Human Rights ha documentado 29 ejecuciones vinculadas a las protestas de enero. La organización registra además 18 mujeres ejecutadas en Irán durante 2026 por otros delitos.

Las condenas contra Rahimi y Abolhasani sitúan nuevamente la pena capital contra mujeres detenidas en el centro de las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Estas entidades han cuestionado las garantías procesales de ambos casos y han denunciado restricciones al acceso a la defensa. En el proceso contra Rahimi, también han señalado denuncias de tortura y confesiones obtenidas bajo presión.