Camila tenía sólo 17 años; su pareja, 29: un feminicidio que expone la desprotección de las adolescentes en Cuba

La adolescente fue asesinada a golpes por su pareja en La Habana. Su caso expone fallas legales, institucionales y sociales que dejan a las menores sin protección efectiva.

Tenía 17 años. Le quedaba casi todo por vivir.

La conocí en Ceballos, Ciego de Ávila, en casa de mi esposo, Francis Sánchez. Una familiar la llevó de visita. Recuerdo una niña hermosa, juguetona y alegre, de grandes ojos. Una niña todavía por crecer, llena de vida.

Después supe que Camila González Arias cursaba segundo año de preuniversitario en La Habana. Vivía en Lawton con su abuela y su hermana de 12 años. Su madre y su abuela están enfermas. Camila ayudaba en los cuidados de la casa y, sobre todo, acompañaba y protegía a su hermanita K. Imaginen lo que significa: una adolescente cuidaba de otra niña, una adolescente sostenía una estructura familiar en un país donde no hay ni agua, ni luz, ni protección social alguna.

El 21 de junio de 2026 había ido a una fiesta en una piscina con quien era su pareja, Carlos René Alfonso Gorejuria, de 29 años. Después fueron a la vivienda de él, en La Palma, municipio Arroyo Naranjo. Allí, según la información reunida durante la verificación del caso, Camila fue asesinada a golpes.

Fuentes familiares consultadas identifican a Carlos René Alfonso Gorejuria como el presunto feminicida y aseguran que fue la propia madre de este quien llamó a la policía, después de que intentó detener la agresión y también sufrió golpes. Cuando llegaron los agentes, ya nada podía hacerse por Camila. El hombre fue detenido después de los hechos.

Dos días más tarde aparecieron en Facebook las despedidas de familiares y personas cercanas. Fuera de ese círculo, sin embargo, el crimen quedó prácticamente en silencio. El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) necesitó un proceso de verificación prolongado y difícil antes de reunir información suficiente para confirmar el feminicidio.

Con la incorporación de Camila, OGAT contabiliza en este 2026 la dramática cifra de 51 feminicidios en Cuba, además de 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida.

Camila tampoco es la primera víctima menor de edad registrada por OGAT en 2026. Antes fueron asesinadas Katherine Cruz Aguilera, de 14 años; Gabriela Herrera Rodríguez, de 7; Camila Aguilera Peña, de 12; y Merlin Noay, de 17. Son cinco niñas y adolescentes —incluida Camila— asesinadas en contextos distintos de violencia feminicida en lo que va de año.

Hay un dato que no puede convertirse en una nota al margen: Camila tenía 17 años y el hombre con quien mantenía una relación tenía 29.

En Cuba se han normalizado durante décadas relaciones entre adolescentes y hombres adultos. El lenguaje ayuda a volverlas invisibles: «novio», «pareja», «marido». Palabras que pueden sonar neutras incluso cuando nombran vínculos profundamente desiguales. Camila seguía en el preuniversitario. Él llevaba más de una década de vida adulta sobre ella.

Las estadísticas oficiales muestran que estas relaciones no son excepcionales. Un análisis de Alas Tensas sobre maternidad adolescente y hombres adultos encontró, a partir del Anuario Demográfico de Cuba 2024, que nacieron 11.962 bebés de madres menores de 20 años. Entre las madres de 15 a 19 años, solo el 12,05 % de los padres pertenecía también a ese grupo de edad, mientras el 65,25 % tenía 20 años o más.

No son simplemente «embarazos entre adolescentes». En una parte importante de esos casos hay niñas o muchachas muy jóvenes vinculadas con hombres adultos.

Una protección legal que deja brechas

Cuba fijó en 2022 los 18 años, sin excepciones, como edad mínima para contraer matrimonio. Pero la protección penal frente a las relaciones sexuales entre adultos y menores no establece esa misma frontera general.

El análisis jurídico publicado por Alas Tensas sobre la edad de consentimiento sexual en Cuba explica que el Código Penal vigente protege de manera absoluta frente al acceso carnal a las personas menores de 12 años. Entre los 12 y los 17 años operan distintas figuras penales y circunstancias específicas, entre ellas violencia, intimidación, engaño, abuso de autoridad o determinadas relaciones de poder.

"En un país con uniones tempranas y maternidad adolescente persistentes, las brechas legales tienen consecuencias reales".

La contradicción es difícil de ignorar: una adolescente no puede casarse antes de los 18 años, pero la ley penal no establece una prohibición general equivalente para toda relación sexual entre una persona adulta y una menor por la sola diferencia de edad. En un país con uniones tempranas y maternidad adolescente persistentes, esa brecha tiene consecuencias reales.

También el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha expresado preocupación por la prevalencia de uniones de hecho antes de los 18 años en Cuba y por sus efectos sobre la educación, la salud y la autonomía de las niñas.

El Estado llegó tarde. Después no volvió

El responsable directo del asesinato de Camila es quien la mató. Pero un feminicidio no exonera de examen a las instituciones que debían prevenir, detectar riesgos, proteger y acompañar.

Cuba dispone de una Federación de Mujeres Cubanas, un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, estructuras de salud y educación, policía, fiscalía, tribunales y un Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. El aparato institucional tiene algunas herramientas para enfrentar la violencia pero la protección no se hace efectiva.

Según nos confirmó su familia, “hasta ahora nadie del gobierno ha ido a verlas, nadie se ha ocupado del caso”, ninguna institución se ha acercado hasta hoy a saber cómo están la madre y la abuela enfermas de Camila, ni cómo atraviesa el duelo su hermanita K. de 12 años, una niña a la que Camila ayudaba a cuidar y a crecer.

Nadie ha ido a preguntar qué necesita esa familia después del crimen. Nadie ha ido a saber quién cuida ahora a quienes Camila cuidaba.

El Estado llegó cuando Camila ya estaba muerta. Después, según su familia, no volvió nadie.

Esa ausencia no puede despacharse como una falla menor. Cuba atraviesa un colapso profundo de servicios e instituciones esenciales: faltan medicamentos, electricidad, agua, transporte y recursos para sostener la vida cotidiana. Pero hay una estructura que no parece colapsar con la misma facilidad: la destinada a vigilar, controlar y reprimir la disidencia política.

Mientras hospitales, escuelas, servicios sociales y redes de cuidado funcionan en condiciones extremas, el poder conserva capacidad para detener, hostigar, vigilar e intimidar a activistas, periodistas independientes y opositores. Ese contraste también habla de prioridades: el sistema puede estar colapsado para proteger, pero sigue  funcionando para reprimir.

El mismo Estado que encuentra recursos para controlar a quien protesta o cuestiona al poder no llegó a tiempo para proteger a Camila, y tampoco ha llegado después a acompañar a quienes quedaron tras su muerte.

Cuando las instituciones se preocupan más por exhibir que el problema está bajo control que por mostrar su verdadera magnitud, la imagen institucional termina importándoles más que las vidas que deberían proteger.

Un observatorio oficial que cuenta tarde

La propia manera en que el Estado cubano contabiliza la violencia feminicida revela esa distancia.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género informó para 2025 un total de 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género cuyos casos fueron conocidos en procesos judiciales juzgados ese año.

Ese indicador no equivale a un registro de feminicidios ocurridos en tiempo real. Organiza la cifra según el momento en que el caso llega a un proceso judicial juzgado, no según la fecha del crimen; tampoco ofrece un listado nominal público con nombre, fecha y circunstancias de cada víctima.

El propio comunicado de OGAT que compara ambos sistemas de registro subraya esa diferencia: OGAT incorpora los casos al año en que ocurrieron, incluso cuando son denunciados o verificados después. De hecho, el Informe Anual de OGAT sobre 2025 documentó inicialmente 48 feminicidios, y en agosto de 2026 el registro fue actualizado a 49 tras la verificación tardía de otro caso.

La diferencia metodológica no es menor. Un registro nominal y actualizado permite seguir casos, identificar patrones y mantener memoria de las víctimas, además de reclamar reparación integral para sus familiares. La estadística estatal, al depender de procesos judiciales juzgados y publicarse de forma agregada, llega cuando el crimen ya pasó por otra cadena institucional.

Resulta difícil no ver la paradoja: organizaciones independientes, con menos recursos y sin acceso a expedientes policiales, forenses o judiciales, sostienen un registro nominal y continuo que el Estado, con toda esa información en sus manos, no ofrece públicamente. Y esto sin contar el hecho de que no se registran aquellos casos donde el agresor se suicidó, ni los feminicidios infantiles.

No son fallas aisladas

El Informe Anual de OGAT sobre 2025 documentó inicialmente 49 feminicidios y mostró que 40 fueron cometidos por parejas o exparejas. En 46 de los 49 casos, el agresor era una persona conocida por la víctima. El informe advierte que esas cifras constituyen un subregistro verificable en condiciones de opacidad estatal, acceso restringido a información policial, judicial y forense y criminalización del activismo independiente.

Cuando un país conoce desde hace años la magnitud de las uniones tempranas y la maternidad adolescente; cuando sus propias estadísticas muestran a hombres adultos como padres de hijos de niñas y adolescentes; cuando persisten brechas legales; cuando no existe un registro público nominal y actualizado; cuando una familia queda sola después de un feminicidio, ya no estamos ante una suma de descuidos. Estamos ante un sistema que falla antes, durante y después.

La niña que no llegará a ser adulta

Vuelvo con dolor a aquel recuerdo de Ceballos.

A Camila juguetona y alegre. A sus grandes ojos. A esa niña todavía por crecer, llena de vida. Sorprendida entre los naranjales y las aves del patio.

Le quedaba terminar el preuniversitario, descubrir qué quería hacer, cambiar de planes, ver crecer a su hermana. Le quedaba hacerse adulta. Nada de eso ocurrirá.

En Lawton quedaron una madre y una abuela enfermas y una niña de 12 años que tendrá que seguir creciendo sin la hermana que la acompañaba y protegía.

"No basta con contar a las víctimas después que sus casos finalmente pasan por los tribunales. No basta con inaugurar observatorios, aprobar programas o repetir consignas mientras las familias permanecen solas".

A Camila la mató un hombre violento y misógino. Pero su muerte también deja al descubierto una sociedad que ha normalizado vínculos profundamente desiguales entre adolescentes y adultos, y unas instituciones que no levantaron a tiempo las barreras necesarias para protegerla. Después del crimen, tampoco llegaron.

No basta con contar a las víctimas después que sus casos finalmente pasan por los tribunales. No basta con inaugurar observatorios, aprobar programas o repetir consignas mientras las familias permanecen solas.

Camila tenía solamente 17 años. El Estado cubano tenía leyes, policías, fiscales, escuelas, servicios de salud, organizaciones sociales y estructuras comunitarias. Tenía instituciones que debían protegerla y políticas que aseguraban hacerlo.

Para vigilar, castigar y reprimir a la disidencia, a los jóvenes que expresan su hartazgo ante la falta de futuro y a las madres que salen a las calles para reclamar agua, electricidad y alimentos para sus hijos, el poder todavía encuentra recursos.

Para proteger a niñas como Camila, no.