Contar sentencias no basta: ¿Qué dejan fuera las cifras oficiales de feminicidios en Cuba?

El registro oficialista del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género puede mezclar casos de distintos años y dejar fuera feminicidios que nunca llegan a juicio.

Las estadísticas con las que el régimen cubano presenta los feminicidios tienen un problema fundamental: no indican cuántos ocurrieron realmente durante el año que dicen medir. Los casos se contabilizan cuando llegan a juicio, aunque el crimen haya ocurrido dos o tres años antes. Otros pueden quedar fuera del registro si nunca alcanzan esa fase judicial.

Arlín Pérez Duharte, subdirectora docente de la Escuela de Formación Judicial del Tribunal Supremo Popular, reconoció públicamente que las cifras difundidas por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) no reflejan las muertes ocurridas en 2025.

“Esa estadística no me da triunfos de disminución real del problema, sino un reflejo de la demora de los procesos judiciales. No son las muertes de 2025”, declaró Arlín Pérez Duharte a la agencia IPS.

La afirmación confirma uno de los principales cuestionamientos que el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) ha formulado sobre el sistema oficial: contar procesos judiciales concluidos no equivale a registrar feminicidios en tiempo real.

“Cuando hablamos de los datos oficiales sobre violencia feminicida en Cuba hay que hacer una distinción muy importante. El Observatorio de Alas Tensas, y el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, no estamos registrando exactamente lo mismo ni con la misma metodología”, aclara Ileana Álvarez, directora de OGAT.

Una cifra oficial que corresponde a crímenes de años anteriores

El OCIG informó de 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género cuyos casos fueron conocidos en procesos judiciales juzgados durante 2025. La cifra aparece junto a los 76 casos reportados en 2024 y los 60 de 2023, una secuencia que puede interpretarse como una reducción del fenómeno.

Arlín Pérez Duharte explicó a IPS que muchos de los procesos terminados en 2025 corresponden en realidad a hechos ocurridos en 2023 y 2024. Según reconoció, las carencias del aparato institucional cubano han generado retrasos judiciales de varios años.

“Por todas las carencias en Cuba, que incluyen la falta de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales, además de los recortes eléctricos o que se trabaja cuatro días a la semana (…), un proceso penal como la muerte de una mujer, que pudiera estar técnicamente en seis meses según la Ley del Proceso Penal, está demorando dos o tres años”, explicó.

Ese desfase impide interpretar las estadísticas como un registro anual de los feminicidios ocurridos en Cuba. “Es tan irreal la cifra que, si de repente en 2027 mejoraran las condiciones del aparato jurídico y se cubrieran los atrasos de años atrás, ese año mostraría un récord en feminicidios”, agregó.

No hay que esperar a 2027 para advertir el problema

El escenario planteado por la jurista es hipotético, pero la distorsión que describe ya puede observarse al comparar los registros oficiales con los de la sociedad civil independiente.

OGAT contabiliza los feminicidios según el año en que ocurrió el crimen, no según el momento en que el sistema judicial logra procesarlo. Su registro incluye hechos de violencia feminicida ocurridos en Cuba y casos de cubanas asesinadas en el exterior que pueden ser documentados y verificados mediante fuentes ciudadanas, familiares, comunitarias y periodísticas.

Hasta septiembre de 2026, OGAT había documentado 51 feminicidios ocurridos durante el año, una cifra que ya supera los 49 registrados durante todo 2025.

Casos que pueden quedar fuera de la estadística estatal

La dependencia de los procesos judiciales introduce otra limitación: un feminicidio puede quedar fuera del registro oficial, aunque el asesinato haya ocurrido.

En una entrevista con SEMLAC, Arlín Pérez Duharte reconoció esta posibilidad:

“Los casos juzgados ofrecen un porcentaje importante de confiabilidad, pues pueden haber sucedido hechos donde no haya suficiente material probatorio para incriminar, o donde se archive el proceso por la muerte del victimario, lo que implica una causa de extinción de la responsabilidad penal”, detalló.

La declaración expone una consecuencia importante. Si el agresor muere —incluidos los casos en que se suicida después de asesinar a la mujer— el proceso penal puede extinguirse y el feminicidio no aparecerá dentro de una estadística construida a partir de sentencias.

El indicador divulgado por el OCIG tampoco abarca a todas las víctimas: se refiere a mujeres de 15 años o más. Esto impide utilizarlo como un registro completo de los feminicidios de niñas y adolescentes ocurridos en el país.

OGAT registra víctimas; el OCIG publica agregados

La diferencia entre ambos sistemas también está en el nivel de información disponible. OGAT mantiene un registro nominal y continuo que permite conocer las víctimas, las fechas, los lugares y las circunstancias disponibles sobre cada crimen.

Su metodología clasifica además los casos en diferentes categorías: feminicidio de pareja o expareja, familiar, sexual, social, vicario, ginecobstétrico y suicidio feminicida, entre otras formas de violencia extrema contra mujeres y niñas.

El OCIG, en cambio, publica cifras agregadas derivadas de procesos judiciales, sin ofrecer públicamente un listado nominal de víctimas que permita comprobar qué feminicidios integran cada estadística, cuándo ocurrieron o cuál fue la trayectoria institucional de cada expediente.

La paradoja es difícil de ignorar: organizaciones independientes sin acceso directo a archivos policiales, expedientes de fiscalía, informes forenses o bases de datos judiciales mantienen un registro actualizado de los casos, mientras el Estado cubano, que controla todas esas fuentes de información, no ofrece públicamente una base nominal equivalente.

Además, la sociedad civil independiente trabaja en Cuba bajo fuertes restricciones y sin reconocimiento institucional, lo que obliga a los observatorios feministas a reconstruir los casos mediante denuncias familiares, publicaciones ciudadanas, medios de comunicación y otras fuentes abiertas.

Una sentencia no determina por sí sola si existió un feminicidio

El criterio utilizado por el registro estatal también difiere del enfoque más amplio recomendado por organismos internacionales. Otra diferencia comienza en la forma de nombrar estos crímenes. El OCIG emplea el indicador “personas del sexo femenino de 15 años y más víctimas de asesinato por razones de género”, mientras el observatorio independiente utiliza el término feminicidio. La directora de OGAT señala:

El criterio utilizado por el registro estatal también difiere del enfoque más amplio recomendado por organismos internacionales.

“Para mí, nombrar el feminicidio es importante. Y no es una cuestión de palabras. Hablamos de feminicidio porque estamos ante la expresión extrema de una violencia estructural contra las mujeres y las niñas. Eso obliga a mirar al agresor, pero también obliga a mirar al Estado: qué hizo para prevenir esa violencia, qué mecanismos de protección existían, qué ocurrió si hubo denuncias anteriores, qué posibilidades reales tenía esa mujer de salir de una relación violenta y qué estructuras sociales e institucionales continúan reproduciendo la desigualdad y el machismo”.

El Modelo de Protocolo Latinoamericano para investigar las muertes violentas de mujeres por razones de género, elaborado por ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece que deben analizarse las circunstancias del crimen y los antecedentes de violencia, así como la relación entre víctima y agresor y otros elementos relacionados con razones de género.

La identificación del feminicidio, por tanto, no depende exclusivamente de que exista una sentencia judicial. En ese sentido, Ileana Álvarez argumenta: “El Estado tiene una responsabilidad en la prevención. No porque sea el autor material de cada crimen, sino porque tiene el deber de proteger, prevenir, investigar y crear condiciones para que esas violencias no se reproduzcan”.

Un registro oficial que no mide los feminicidios en tiempo real

El contraste resulta además significativo porque el OCIG nació con asistencia técnica de la CEPAL y apoyo del PNUD y UNFPA con el propósito declarado de ofrecer información de género confiable, desagregada y útil para las políticas públicas.

El contraste resulta además significativo porque el OCIG nació con asistencia técnica de la CEPAL y apoyo del PNUD y UNFPA .

Sin embargo, su indicador sobre los feminicidios continúa condicionado por el funcionamiento de un sistema judicial que acumula retrasos de varios años.

Eso significa que una reducción en los expedientes juzgados durante un período no permite afirmar que disminuyeron los feminicidios ocurridos durante ese mismo año. Una acumulación de sentencias tampoco demostraría necesariamente un aumento repentino de los crímenes.

Registrar los feminicidios cuando ocurren permite identificar territorios, vínculos entre víctimas y agresores, antecedentes de violencia, denuncias previas y otros patrones necesarios para diseñar políticas de prevención y protección.

“OGAT no nació solamente para contar muertes. Nació para datar lo que no había sido datado, nombrar lo que permanecía oculto, producir evidencia y contribuir a la prevención. Un observatorio tiene que ayudarnos a entender qué estaba ocurriendo antes de que esa mujer sea asesinada. Ahí está la verdadera función de los datos: no solamente explicar el feminicidio que ya ocurrió, sino actuar para evitar el próximo”, puntualiza la directora del observatorio.