El embargo como coartada de la represión: el régimen cubano busca apoyos en la ONU
Ante la votación del 28 de octubre, organizaciones opositoras exigen priorizar los derechos humanos mientras La Habana pierde respaldo diplomático y sus funcionarios hostigan a disidentes.
La defensa de los derechos humanos en Cuba ha irrumpido en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense, cuya votación está prevista para el 28 de octubre de 2026. Organizaciones opositoras, antiguos presos políticos y activistas han pedido a los gobiernos democráticos que rechacen una resolución que el régimen cubano utiliza para justificar la represión y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
La iniciativa, impulsada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), reunió más de 1.000 adhesiones, incluidas más de 550 firmas digitales, según sus organizadores. José Daniel Ferrer y Orlando Gutiérrez-Boronat encabezan una campaña que pide a los Estados miembros votar contra la resolución presentada por La Habana o, al menos, abstenerse.
El 19 de octubre, diplomáticos cubanos increparon a opositores y antiguos presos políticos en la sede de Naciones Unidas, después de un encuentro organizado por Estados Unidos para denunciar la represión en la isla. El incidente involucró al embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán y al representante estadounidense Mike Waltz.
La oposición pide a los gobiernos democráticos rechazar la resolución
El llamamiento fue presentado el 14 de octubre en Miami y está dirigido principalmente a los gobiernos de la Unión Europea, así como a Canadá, Reino Unido, Japón, Australia y las democracias latinoamericanas.
José Daniel Ferrer explicó la petición dirigida a los gobiernos democráticos:
“Nuestra petición es clara y contundente: que voten en contra, o al menos se abstengan, ante la resolución que el régimen castrocomunista presentará los días 27 y 28 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra las sanciones estadounidenses”.
Los promotores de la campaña sostienen que el embargo estadounidense no explica por sí solo el empobrecimiento de Cuba. Reclaman que los gobiernos también examinen las restricciones económicas impuestas por las autoridades, la persecución de los opositores y las limitaciones a la libertad de expresión y manifestación.
Los promotores de la campaña sostienen que el embargo estadounidense no explica por sí solo el empobrecimiento de Cuba.
La iniciativa también solicita sanciones selectivas contra funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y propone establecer mecanismos de ayuda humanitaria que permitan asistir a la población sin depender del control del Gobierno cubano.
Diplomáticos cubanos gritan “terroristas” contra opositores en la ONU
El 19 de octubre de 2026, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, encabezó en Nueva York el foro “Cuba Libre: la opresión que La Habana oculta”, organizado para presentar testimonios sobre presos políticos, persecución de disidentes y otras violaciones de derechos humanos en Cuba.
Durante la actividad, opositores y antiguos presos políticos expusieron sus experiencias de detención y persecución, mientras la representación estadounidense cuestionó el uso de la resolución anual contra el embargo para desviar la atención de las denuncias sobre la represión interna.
Antes del encuentro, el embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán rechazó públicamente su celebración y cuestionó que Estados Unidos utilizara las instalaciones de Naciones Unidas para presentar denuncias contra el régimen de La Habana.
Al finalizar el foro, Ernesto Soberón Guzmán y otros funcionarios cubanos increparon a los participantes, entre ellos al embajador Mike Waltz, mientras abandonaban el encuentro. Los diplomáticos grabaron a los invitados y les dirigieron gritos y acusaciones, entre ellas la de “terroristas”.
Tras el incidente, José Daniel Ferrer denunció: “Nos acaban de hacer un acto de repudio en la ONU los comunistas cubanos”.
Los actos de repudio constituyen una práctica de hostigamiento político utilizada durante décadas en Cuba contra disidentes y críticos del Gobierno. Incluyen insultos, amenazas y concentraciones destinadas a intimidar públicamente a quienes expresan posiciones contrarias al régimen.
La Habana pierde 22 votos favorables en un año
Desde 1992, el régimen cubano ha convertido la condena internacional al embargo estadounidense en uno de los principales ejes de su política exterior. Las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General han sido presentadas por La Habana como victorias diplomáticas frente a Washington.
Desde 1992, el régimen cubano ha convertido la condena internacional al embargo estadounidense en uno de los principales ejes de su política exterior.
La resolución pasó de 187 votos favorables en 2024 a 165 en 2025, una pérdida de 22 apoyos. Durante ese período, los votos contrarios aumentaron de dos a siete y las abstenciones pasaron de una a doce, según los registros oficiales de Naciones Unidas.
Argentina, Hungría, Paraguay, Ucrania y Macedonia del Norte votaron contra la resolución en 2025, junto con Estados Unidos e Israel. Entre los doce países que se abstuvieron estuvieron Costa Rica, Ecuador, Polonia, República Checa, Estonia, Letonia y Lituania.
El régimen utiliza el embargo para justificar la represión
La votación se produce mientras la población cubana enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos y un creciente deterioro de los servicios públicos. Estas dificultades afectan especialmente a los hogares con menores ingresos, las personas mayores y quienes dependen de la asistencia estatal.
El régimen atribuye buena parte de la crisis a las sanciones estadounidenses, mientras mantiene restricciones a la actividad económica independiente y persigue las protestas ciudadanas. Las detenciones por reclamar servicios básicos muestran que el descontento social también recibe una respuesta represiva.
Human Rights Watch señala que el embargo estadounidense perjudica los derechos económicos de la población cubana, pero advierte que las autoridades de la isla también lo utilizan como pretexto para justificar violaciones de derechos humanos.
La existencia de sanciones externas no exime al Estado cubano de respetar la libertad de expresión, manifestación y asociación, ni justifica las condenas de prisión por ejercer esos derechos. Su protección constituye una obligación del Gobierno con independencia de la política estadounidense hacia la isla.
La votación del 28 de octubre permitirá comprobar si continúa la pérdida de apoyos diplomáticos de La Habana. Entretanto, las organizaciones opositoras mantienen su llamamiento para que los gobiernos democráticos examinen la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos antes de decidir su posición ante la resolución.
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