Cadena perpetua por asesinar a un policía en Cuba, mientras hay muertes de civiles a manos de agentes sin justicia

Un tribunal de Santiago de Cuba impuso prisión perpetua por el asesinato de un auxiliar policial. La CIDH alerta sobre la pena de muerte mientras persisten denuncias de impunidad por violencia policial.

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a Guillermo Sánchez Gutiérrez a cadena perpetua por asesinar a un auxiliar de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Palma Soriano. La sentencia, divulgada el 31 de octubre por el periódico oficialista Sierra Maestra, coincide con las recientes advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la legislación penal cubana y con los reclamos de justicia por muertes de civiles a manos de agentes policiales.

La publicación del fallo llegó tres días después de una audiencia en la que la CIDH pidió eliminar la pena de muerte del Código Penal cubano y cuestionó la ampliación de los delitos castigados con esa sanción. Aunque la privación perpetua de libertad y la pena capital son castigos diferentes, ambas forman parte del sistema de sanciones penales cuya aplicación exige garantías judiciales.

El asesinato de un auxiliar policial en Palma Soriano

El 19 de julio de 2025, Sánchez Gutiérrez atacó con un cuchillo al auxiliar de la PNR, que vestía de civil. Según la información judicial, la víctima intentó refugiarse en otra vivienda, pero el agresor la persiguió, derribó la puerta y le ocasionó otras siete heridas. El ataque provocó su muerte.

El tribunal impuso privación perpetua de libertad tras valorar la gravedad del asesinato y la actuación por venganza, según la información difundida por Sierra Maestra.

El tribunal impuso privación perpetua de libertad tras valorar la gravedad del asesinato y la actuación por venganza, según la información difundida por Sierra Maestra. También estableció responsabilidades civiles, entre ellas una pensión para los dos hijos menores de la víctima y el pago de los gastos funerarios.

Otros ataques contra agentes policiales también han recibido condenas de prisión perpetua. En febrero de 2026, un tribunal de Santiago de Cuba impuso esa sanción a tres acusados por el asesinato de un policía y el robo de su motocicleta. En marzo, otro hombre recibió la misma pena por un ataque con arma blanca contra una agente en Camagüey, que sobrevivió a la agresión.

La CIDH cuestiona la ampliación de la pena de muerte en Cuba

Durante una audiencia sobre la pena de muerte en Cuba, celebrada el 28 de octubre en Panamá, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, cuestionó la ampliación de los delitos castigados con esa sanción. Según las cifras expuestas durante la sesión, el Código Penal de 2022 elevó de 20 a 24 los supuestos penales que contemplan la pena capital, incluidos cuatro relacionados con la seguridad del Estado.

Durante la audiencia también se expresó preocupación por la formulación de delitos relacionados con la seguridad del Estado, debido al riesgo de que disposiciones amplias o imprecisas puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales. El régimen cubano, convocado a la sesión, no estuvo representado.

Cuba mantiene vigente la pena de muerte, aunque las últimas ejecuciones conocidas ocurrieron en abril de 2003. Entonces, tres hombres fueron fusilados tras ser condenados en un proceso judicial sumario por el secuestro de una embarcación con la que intentaban abandonar el país. Posteriormente, la CIDH determinó que el Estado cubano había vulnerado sus derechos a la vida y a las garantías judiciales.

La falta de justicia documentada en casos de violencia policial

Mientras la prensa estatal informa sobre condenas a cadena perpetua por ataques contra policías, organizaciones de derechos humanos han documentado muertes de civiles por actuaciones policiales sin que, en determinados casos, se hayan conocido procesos penales contra los agentes responsables.

El 12 de julio de 2021, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, murió durante las protestas en La Güinera, La Habana, tras recibir un disparo atribuido a un agente policial. En octubre de ese año, Human Rights Watch señaló que ningún agente había sido juzgado por su muerte.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) identificó a Yoennis Pelegrín Hernández como el agente que habría efectuado el disparo y señaló contradicciones entre su declaración y las pruebas forenses del caso.

Mientras el régimen cubano divulga condenas a cadena perpetua por asesinatos y ataques contra sus agentes policiales, las muertes de civiles a manos de policías siguen acumulando denuncias de impunidad.

En 2023, la organización Cubalex señaló que no se conocían investigaciones judiciales dirigidas a sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos durante las protestas de julio de 2021. En contraste, Human Rights Watch había documentado que, para julio de 2022, los tribunales cubanos habían ratificado condenas contra más de 380 manifestantes y transeúntes, incluidos menores de edad.

Mientras el régimen cubano divulga condenas a cadena perpetua por asesinatos y ataques contra sus agentes policiales, las muertes de civiles a manos de policías siguen acumulando denuncias de impunidad. Los casos documentados por organizaciones de derechos humanos evidencian la falta de transparencia de las autoridades sobre las investigaciones y las posibles sanciones contra agentes estatales, en un sistema judicial cuya independencia ha sido cuestionada por organismos internacionales.