Mujeres rurales en Cuba: solo el 23 % tiene derechos sobre tierras y la mitad carece de ingresos propios

El 36,1 % de las mujeres titulares dispone de parcelas inferiores a una hectárea. Los datos reflejan las dificultades económicas de las cubanas del campo.

Las mujeres representan apenas el 23 % de las personas titulares de derechos sobre tierras agrícolas en Cuba, frente al 77 % de los hombres, según datos oficiales correspondientes al Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG). La diferencia revela una desigualdad en un sector donde muchas cubanas trabajan, producen alimentos y sostienen a sus familias, pero no necesariamente tienen derechos sobre la tierra que cultivan.

Los datos del OCIG muestran que el 36,1 % de las mujeres titulares tiene derechos sobre parcelas inferiores a una hectárea, frente al 18,3 % de los hombres. Su participación en el conjunto de titulares pasó del 22,6 % en 2023 al 23 % en 2024, un incremento de apenas 0,4 puntos porcentuales.

La desigualdad también debe examinarse según la modalidad de tenencia. El 62 % de las mujeres titulares dispone de terrenos en usufructo y el 38 % en propiedad, mientras que entre los hombres las proporciones son del 67 % y el 33 %, respectivamente. El usufructo permite utilizar y explotar tierras sin adquirir su propiedad, bajo las condiciones establecidas por la legislación cubana.

Si se combinan estos porcentajes oficiales, las mujeres representarían aproximadamente el 25,6 % de las personas propietarias de tierras agrícolas, frente al 74,4 % de los hombres.

La mitad de las mujeres rurales carece de ingresos propios

La menor presencia femenina entre los titulares agrícolas coincide con otras desigualdades económicas en las comunidades rurales. Una publicación del Centro de Estudios de la Mujer, elaborada con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y difundida en 2025, señala que alrededor de cinco de cada diez mujeres rurales carecían de ingresos propios en 2024.

Una investigación publicada en 2021 por la Fundación Friedrich Ebert, elaborada por especialistas vinculados a FLACSO-Cuba y otras instituciones académicas, documentó la escasa participación femenina en las estructuras productivas del sector agropecuario. Según los datos de 2019 recogidos en el estudio, las mujeres representaban el 13 % de las personas asociadas a cooperativas agrícolas y el 33 % del personal de las empresas agropecuarias.

El trabajo, titulado Escenarios de políticas y desigualdades económicas en mujeres rurales en Cuba, también identificó obstáculos en el acceso a créditos, tecnologías, recursos productivos y oportunidades laborales. Sus autores advirtieron que las responsabilidades domésticas, las dificultades de transporte y la falta de servicios de cuidados contribuían a restringir las posibilidades económicas de las mujeres rurales.

El indicador considera ingresos procedentes del trabajo remunerado, las pensiones y la asistencia social. Según la investigación, la proporción de hombres con ingresos propios supera a la de mujeres en más de 20 puntos porcentuales en el conjunto del país, una diferencia que se acentúa en las zonas rurales.

La falta de ingresos propios puede limitar la independencia económica de las mujeres, especialmente cuando dependen de otros integrantes del hogar.

La falta de ingresos propios puede limitar la independencia económica de las mujeres, especialmente cuando dependen de otros integrantes del hogar. A esa situación se añade la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados, que reduce sus posibilidades de dedicar tiempo a actividades remuneradas.

Las diferencias en el acceso a la tierra forman parte de una situación documentada desde hace años. El informe nacional sobre desarrollo humano Cuba 2019. Ascenso a la raíz, citado por la periodista e investigadora Dixie Edith Trinquete Díaz, señalaba que las mujeres representaban el 46,3 % de la población rural cubana, pero apenas el 26,1 % de su población económicamente activa.

El trabajo de las campesinas que no aparece en los registros

La participación femenina en la producción agrícola no siempre se refleja en las estadísticas de propiedad y usufructo.Muchas mujeres tienen presencia en la cría de animales, el cuidado de cultivos menores y otras labores desarrolladas en fincas familiares sin figurar necesariamente como titulares de derechos sobre la tierra.

Esta situación plantea una diferencia entre trabajar en una explotación agrícola y disponer de derechos jurídicos sobre ella. Las estadísticas de titularidad no permiten establecer cuántas mujeres contribuyen a la producción en terrenos registrados a nombre de sus parejas u otros familiares, ni qué remuneración reciben por ese trabajo.

La falta de ingresos propios puede limitar su autonomía económica, especialmente cuando se combina con las responsabilidades domésticas y de cuidados, que continúan recayendo de manera desigual sobre las mujeres.

La investigación Reflexiones sobre el cuidado en zonas rurales, publicada en 2022 por Yenisei Bombino Companioni y Dayma Echevarría León con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, recoge resultados de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016. Según esos datos, el 98,39 % de las mujeres rurales participaba en labores domésticas, frente al 94,49 % de los hombres. La diferencia era mayor en las actividades de cuidado: el 55,96 % de las mujeres participaba en ellas, frente al 29,67 % de los hombres.

Las investigadoras señalan que la escasez de servicios de apoyo a los cuidados aumenta la carga de trabajo de las mujeres rurales y dificulta su incorporación al empleo formal. Aunque los indicadores corresponden a 2016, permiten documentar desigualdades estructurales en la distribución del trabajo no remunerado.

FLAMUR exige más autonomía para producir y comercializar alimentos

La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), organización independiente que cumplió treinta años el 15 de octubre de 2026, lleva años cuestionando las restricciones que afectan a los productores cubanos. Desde 2019 impulsa la campaña “Sin campo no hay país”, con propuestas para modificar las condiciones de producción y comercialización agrícola.

En declaraciones difundidas por Martí Noticias, su presidenta en Cuba, Katia Hernández Torres, reclamó que los campesinos puedan decidir qué producir, comercializar directamente sus cosechas, establecer precios e importar y exportar sin depender de intermediarios estatales obligatorios.

Katia Hernández Torres sostiene que estas reformas permitirían incrementar la producción, reducir los precios de los alimentos y mejorar el abastecimiento. Se trata de objetivos defendidos por la organización, cuya viabilidad y efectos económicos requerirían una evaluación independiente.

La nueva ley agraria mantiene restricciones a la propiedad

El régimen cubano aprobó el 29 de julio de 2026 la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, publicada en la Gaceta Oficial del 9 de septiembre y vigente desde ese mismo mes. La norma actualiza las disposiciones sobre propiedad, usufructo, transmisión y herencia de terrenos agrícolas, así como los procedimientos para su administración.

La organización independiente Food Monitor Program , aunque reconoció cambios en los derechos de tenencia y sucesión, advirtió que la normativa mantiene restricciones a la propiedad privada, el arrendamiento de tierras, la aparcería y la posibilidad de utilizarlas como garantía para obtener créditos.

Estas limitaciones tienen respaldo en el propio texto legal. El artículo 31 de la Ley 185 prohíbe el arrendamiento, la aparcería y el préstamo hipotecario de tierras de propiedad privada, mientras que el artículo 33 somete determinadas transmisiones de propiedad a autorización administrativa.

En un país donde alrededor de la mitad de las mujeres rurales carece de ingresos propios, el acceso a la propiedad, los recursos productivos y la comercialización de las cosechas constituye una cuestión central para su autonomía económica. Las cifras de la ONEI muestran la desigualdad existente, pero todavía queda por determinar si las reformas del régimen cubano contribuirán a reducirla.