La sociedad civil cubana lleva a España su exigencia de amnistía para los presos políticos

El Foro Acción por la Amnistía 2026 expone en la Universidad Rey Juan Carlos su reclamo por la liberación de los presos políticos en Cuba.

Dos meses después de su fundación en La Habana, el Foro Acción por la Amnistía 2026 continúa extendiendo su red de alianzas internacionales. Este martes, la plataforma de la sociedad civil cubana celebró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos un encuentro auspiciado por el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera Santos, uno de los juristas españoles más reconocidos en materia constitucional.

El acto fue coordinado por las activistas Elena Larrinaga, responsable de la mesa internacional del Foro; Ileana de la Guardia, hija del coronel Antonio de la Guardia, fusilado por el régimen cubano en 1989 tras el célebre proceso de la Causa Número 1; e Ivette García, coordinadora de la plataforma. La elección de un espacio académico universitario no es casual: el Foro busca anclar su causa en el ámbito del derecho internacional y los derechos humanos, y sumar a juristas y académicos europeos a su campaña.

Una plataforma nacida de la urgencia

El Foro Acción por la Amnistía 2026 nació el 25 de febrero de 2026 con un comunicado fundacional que lo definía como “una plataforma de articulación ciudadana” y con el “imperativo ético y cívico” de exigir al Estado cubano la aprobación de una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso. Integrado inicialmente por 34 organizaciones y familiares de presos políticos —cifra que pronto creció a más de 50 grupos—, el Foro reúne a colectivos como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Ciudadanía y Libertad, DFrente y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, así como a figuras de la disidencia como el politólogo Manuel Cuesta Morúa, el veterano opositor Félix Navarro y la académica Alina Bárbara López Hernández.

Desde su lanzamiento, el Foro ha articulado su trabajo en cinco mesas temáticas: una mesa cívica, una mesa constitucional y de derechos humanos, una de comunicaciones, una de movilización ciudadana y una mesa internacional, esta última encabezada precisamente por Elena Larrinaga. La plataforma trabaja en la redacción de un anteproyecto de ley de amnistía que planea presentar formalmente ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, para lo cual necesita reunir al menos diez mil firmas certificadas por el Consejo Electoral de La Habana, según establece la Constitución cubana.

Excarcelaciones parciales y represión creciente

El Foro nació en un momento de particular tensión política. En marzo de 2026, el régimen de Miguel Díaz-Canel anunció la excarcelación de 51 presos, y en abril presentó como “gesto humanitario y soberano” un indulto que beneficiaría a más de 2000 reclusos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos rechazaron la narrativa oficial. La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documentó que la gran mayoría de los liberados eran presos comunes, y que los condenados por “delitos contra la autoridad” —la fórmula que el régimen emplea para criminalizar la disidencia pacífica— quedaban excluidos del indulto. A finales de abril, la cifra de presos políticos en Cuba superaba los 1200, según sus registros.

Para la coordinadora Carolina Barrero, de Ciudadanía y Libertad, las excarcelaciones parciales no resuelven el problema de fondo: quienes salen de prisión carecen de rehabilitación política y civil, sus antecedentes penales permanecen intactos y el marco jurídico que criminalizó su conducta sigue vigente. El Foro exige no solo la liberación inmediata de todos los presos políticos, sino también que el ejercicio de la libertad de expresión, la manifestación, la asamblea y la participación política quede despenalizado de forma permanente. En palabras del propio comunicado fundacional: esa garantía “jamás podrá volver a ser constitutivo de delito”.

En paralelo, según el informe de marzo de 2026 de Prisoners Defenders, ese mes se registraron 44 nuevos presos políticos y la violencia estatal alcanzó a familiares de disidentes, periodistas independientes y menores de edad. El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch consigna además la detención arbitraria, el hostigamiento y la intimidación sistemáticos como prácticas habituales del aparato represivo cubano.

Cuba en el debate global

El Foro ha impulsado activamente la proyección internacional de su causa. En su conferencia de presentación pública, celebrada el 23 de marzo, el opositor Manuel Cuesta Morúa subrayó que la propuesta de amnistía debe surgir “de la sociedad cubana y no del gobierno”, y situó la iniciativa en el contexto de la presión de Estados Unidos sobre La Habana. La coordinadora Amelia Calzadilla advirtió, al mismo tiempo, sobre el riesgo de repetir el modelo venezolano, donde las decisiones siguen emanando del gobierno en lugar de la ciudadanía: “Nosotros queremos tener más vinculación y participación”.

La administración Trump tiene sobre la mesa la propuesta del Foro, según confirmó entonces Elena Larrinaga, y la iniciativa ha sido recibida favorablemente en numerosos países. El encuentro en la Universidad Rey Juan Carlos, convocado por el profesor Vera Santos —uno de los juristas españoles que con mayor rigor ha analizado el concepto de amnistía desde el Derecho Constitucional—, representa un paso más en esa estrategia de internacionalización: situar la causa de los presos políticos cubanos en el corazón del debate académico y jurídico europeo, en un momento en que la comunidad internacional observa con interés la evolución de la crisis en la isla.