Nueva Ley de Ciencia en Cuba mantiene la investigación subordinada a las prioridades del régimen

La Ley 182/2025 reconoce la libertad académica, pero deja en manos del Gobierno la estrategia científica y la financiación preferente de proyectos vinculados a sus objetivos.

El régimen cubano condiciona el reconocimiento profesional de los científicos a criterios de conducta social y compromiso patriótico, pese a que su nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación proclama la libertad de investigación y la igualdad de derechos. El reglamento, publicado el 9 de noviembre de 2026, contempla la expulsión del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos por determinadas conductas contra el orden constitucional y permite retirar distinciones por comportamientos que afecten al prestigio público de sus beneficiarios.

La Ley 182/2025, aprobada en diciembre de 2025 y cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2027, amplía las posibilidades de financiación, incorpora al sector privado y promueve la colaboración con científicos emigrados. Sin embargo, mantiene la planificación, evaluación y asignación de recursos científicos bajo la dirección de las instituciones estatales, con objetivos expresamente vinculados a la “construcción del socialismo”.

La reforma se produce en un país donde la persecución política en las instituciones educativas ha sido documentada durante años. Hasta mayo de 2025, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) había registrado 134 casos acumulados de vulneraciones de derechos en el ámbito educativo, incluidos episodios de censura, hostigamiento y discriminación ideológica.

Una libertad científica subordinada a los objetivos del Estado

El artículo 5 reconoce el derecho de los investigadores a definir sus métodos, publicar resultados y “discutir e intercambiar ideas de manera libre e informada”. Sin embargo, el artículo 4 establece que la política científica cubana debe contribuir al perfeccionamiento de la dirección de la construcción del socialismo, así como a la defensa, la seguridad nacional y el orden interior.

Aunque la ley no prohíbe expresamente los estudios críticos con el Gobierno, los artículos 46 y 47 someten la planificación científica a una estrategia aprobada por el Consejo de Ministros, mientras el artículo 118 concede financiación preferente a proyectos alineados con sus prioridades.

De esta manera, el régimen conserva instrumentos para decidir qué investigaciones reciben respaldo institucional y recursos públicos.

De esta manera, el régimen conserva instrumentos para decidir qué investigaciones reciben respaldo institucional y recursos públicos. La normativa no establece garantías específicas que impidan utilizar esos mecanismos para discriminar proyectos por sus conclusiones políticas.

Conducta social y valores patrióticos como criterios de evaluación

El Decreto 154/2026 introduce condiciones que van más allá del rendimiento científico. Su artículo 150 contempla la baja del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos por faltas graves del orden social, ético y moral, incluidas sanciones privativas de libertad y otras conductas que atenten contra el orden constitucional.

La disposición no supone una expulsión automática del empleo, pero permite excluir a profesionales del sistema de reconocimiento científico por causas que no se limitan a su desempeño académico.

Además, el artículo 155 exige “compromiso con la defensa de los valores patrióticos” para obtener la condición de personalidad relevante. El artículo 157 permite retirar ese reconocimiento por conductas sociales que afecten al prestigio público de la persona distinguida.

Además, el artículo 155 exige “compromiso con la defensa de los valores patrióticos” para obtener la condición de personalidad relevante.

La amplitud de estos criterios abre interrogantes sobre su aplicación a investigadores que cuestionen públicamente las políticas del régimen. La ley no define con suficiente precisión qué manifestaciones de disenso podrían considerarse incompatibles con esas exigencias.

Mujeres académicas perseguidas por motivos políticos

Los antecedentes documentados muestran cómo las restricciones ideológicas han afectado las trayectorias profesionales de mujeres cubanas. En su informe número 48, el Observatorio de Libertad Académica examinó los casos de Marlene Azor Hernández e Isel Arango Rodríguez.

Según esa investigación, Marlene Azor Hernández, antigua profesora de la Universidad de La Habana, enfrentó obstáculos durante la evaluación de su trabajo doctoral sobre los socialismos de Estado. La académica no logró obtener el grado tras dos evaluaciones celebradas en la década de 1990.

El observatorio también documentó que Isel Arango Rodríguez, profesora de enseñanza artística en Camagüey, sufrió restricciones migratorias que le impidieron viajar a Chile en 2019 para participar en una actividad formativa. Posteriormente, su institución no renovó su contrato docente.

El control estatal sobre las investigaciones independientes

El artículo 9 obliga a guardar discreción sobre investigaciones sensibles por razones económicas, sociopolíticas o de seguridad nacional. Aunque la confidencialidad puede responder a necesidades legítimas, la inclusión de objetivos sociopolíticos plantea interrogantes sobre la publicación de resultados que comprometan la gestión gubernamental.

La legislación tampoco aclara suficientemente las condiciones de acceso a financiación para organizaciones científicas independientes que investiguen asuntos como feminicidios, pobreza, discriminación o violencia institucional, aunque reconoce la participación de asociaciones en el sistema científico.