La violencia política de género se ha intensificado en Cuba tras el 11J

“Entre las agresiones más habituales a las mujeres que participan en política están los arrestos arbitrarios y recurrentes, la difamación en medios oficialistas, los actos de repudio, la interrupción de sus comunicaciones y el acoso constante de agentes de la seguridad del Estado.”

Ingresar en política al más alto nivel siempre ha sido un reto para las mujeres. Históricamente este campo ha estado reservado predominantemente a los hombres. Aunque en la actualidad hay igualdad de oportunidades formales para mujeres y hombres en la política, pocos parlamentos del mundo tienen una representación del 50% o más de mujeres. Según datos recogidos por ONU Mujeres, a 10 de enero de 2024, solo hay 28 mujeres que ejerzan como Jefas de Estado y/o de Gobierno, y se estima que aún se tardará 130 años más en alcanzar la igualdad de género en las esferas de toma de decisiones.

A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género y fomentar una mayor participación femenina, siguen existiendo barreras que impiden una representación equitativa de las mujeres en los espacios políticos y en los niveles superiores de toma de decisiones.

Uno de los principales obstáculos para las mujeres en política suele ser la falta de apoyo y tutoría. Las mujeres no suelen disponer de los mismos recursos y oportunidades que sus homólogos masculinos, como acceso a financiación, redes y formación. Además, las mujeres se enfrentan a estereotipos negativos y prejuicios de votantes, medios de comunicación y colegas, que pueden limitar sus posibilidades de éxito en la carrera política. La interseccionalidad del género con otros marcadores de identidad, como la raza, la etnia, la clase y la sexualidad, complica aún más los retos a los que se enfrentan las mujeres en política. Las mujeres de comunidades marginadas pueden experimentar barreras y discriminaciones adicionales, lo que limita aún más sus oportunidades.

Violencia política

De acuerdo con la definición en el documento de ONU Mujeres y PNUD (2017) “Prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones: una guía de programación”, la violencia política hacia las mujeres hace referencia a cualquier acto o amenaza de violencia física, sexual o psicológica que impide que las mujeres ejerzan y vean realizados sus derechos políticos, así como ciertos derechos humanos. Esto incluye ataques verbales, intimidación, acoso sexual, discriminación de género, difamación, amenazas y violencia física.

La violencia política contra las mujeres busca limitar su participación activa y efectiva en la esfera política y afecta su capacidad de ejercer sus derechos y contribuir al desarrollo de sociedades más igualitarias. Esta grave violación de los derechos humanos afecta a la diversidad de las mujeres en todo el mundo, por lo que es crucial que los gobiernos, las organizaciones políticas, los medios de comunicación y la sociedad civil la aborden.

Existen varias razones por las que las mujeres son objeto de violencia política, y las causas son polifacéticas y complejas. Una de las principales razones de la prevalencia de la violencia política contra las mujeres es la existencia de normas sociales y culturas patriarcales que consideran la participación política de las mujeres como una amenaza. En muchas sociedades, se espera que las mujeres ocupen un segundo plano en la política, y cuando desafían estas normas, se convierten en blanco de la violencia.

Otro factor que contribuye a la violencia política contra las mujeres es la impunidad de que gozan los autores. A menudo, quienes perpetran actos de violencia contra las mujeres en política no rinden cuentas de sus actos, lo que conduce a una cultura de impunidad. Esta cultura de impunidad perpetúa aún más el ciclo de la violencia, ya que los perpetradores siguen actuando con arbitrariedad, sabiendo que no tendrán que rendir cuentas de sus actos.

Los sistemas políticos y las leyes de muchos países no protegen adecuadamente los derechos de las mujeres. Las mujeres se enfrentan a numerosas barreras cuando participan en política, como el acoso, la discriminación y la violencia. Estas barreras se ven a menudo reforzadas por leyes que no proporcionan una protección adecuada a las mujeres, dejándolas vulnerables a la violencia política.

Según la Inter Parliamentary Union, en cinco regiones, el 82% de las parlamentarias declararon haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante su mandato. Esto incluía comentarios, gestos e imágenes de carácter sexista o de naturaleza sexual humillante, así como amenazas y acoso moral en el trabajo. Las mujeres mencionaron los medios sociales como el principal canal a través del cual se ejerce este tipo de violencia, y casi la mitad (44%) afirmó haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o sus familias. El 65% fue objeto de comentarios sexistas, procedentes principalmente de colegas masculinos en el parlamento. Este problema requiere soluciones multidimensionales, cambios legales y políticos, transformación cultural, y apoyo para las sobrevivientes.

Violencia política en Latinoamérica

En América Latina, el aumento de la participación de mujeres en la política, ya sea como concejalas, parlamentarias, candidatas u ocupando otros cargos públicos por elección o designación, vino acompañado por la visibilización de una serie de agresiones que enfrentaban aquellas que se atrevían a ingresar al ámbito político-electoral. Fueron los movimientos de mujeres y feministas quienes pusieron de manifiesto esta realidad.

La implementación de mecanismos para el avance de las mujeres en los espacios políticos, como las cuotas de género y, posteriormente, la paridad ―que gradualmente se ha incorporado en varios países latinoamericanos―, superó algunas barreras formales que dificultaban su participación. Sin embargo, las barreras informales aún persisten, y una de sus manifestaciones es precisamente la violencia que enfrentan aquellas que se atreven a intervenir en la política.

Es relevante destacar que, en estos casos, aunque la violencia puede dirigirse individualmente hacia una mujer, el mensaje es para todas las mujeres: “los espacios políticos no les pertenecen, y se considera que son los hombres quienes tienen la capacidad para gobernar”.

Al analizar este tipo de violencia, también es importante reconocer que no se limita a un hecho aislado, sino que se trata de una serie de acciones que, en muchas ocasiones, pueden escalar hasta llegar al feminicidio.

Lamentablemente, se han registrado asesinatos de mujeres líderes en distintos países de América Latina: Juana Quispe en Bolivia, Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil, y en México, donde se reportaron 23 mujeres políticas asesinadas en 2018. En 2021, durante el proceso electoral más grande en la historia del país, se registraron 21 asesinatos de mujeres políticas.

En el año 2007, durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito, los gobiernos de la región se comprometieron por primera vez a adoptar medidas, tanto legislativas como institucionales, para enfrentar el acoso político y administrativo contra las mujeres que accedían a los espacios políticos. Aunque en ese momento no se habló específicamente de violencia política, este compromiso marcó un hito importante.

En 2015, se firmó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres. En este instrumento se reconoció que lograr la paridad política en una democracia no se limita a la implementación de cuotas o paridad electoral. También es crucial asegurar que los espacios políticos estén libres de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden intervenir en ellos.

En 2016, se elaboró una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Esta ley recoge una definición amplia que vincula la violencia política con la afectación de los derechos políticos de las mujeres. Se considera violencia política cualquier acción, conducta u omisión, realizada directamente o a través de terceros, que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres con el objetivo o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

Esta amplitud conceptual se justifica debido a que no existe una definición uniforme a nivel regional sobre lo que constituye la violencia contra las mujeres en la política.

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia en el espacio político, y esto se constituye en un derecho humano que obliga a los Estados a respetarlo, garantizarlo y satisfacerlo. Aunque este es el deber ser, el abordaje en el ámbito legislativo de los países de la región ha seguido un recorrido desigual.

Bolivia fue un país pionero al aprobar en 2012 la Ley n° 243, conocida como Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Esta ley estableció claramente que se trata de una ley de protección integral que busca no solo sancionar a los agresores, sino también atender a las víctimas y establecer mecanismos de prevención. Fue la primera vez que en una ley se definió el acoso y la violencia contra las mujeres en la política. Estos avances son el resultado del trabajo desarrollado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y el movimiento de mujeres que concienciaron sobre este tipo de agresiones y colocaron el tema en la agenda nacional.

Hasta hace poco tiempo, Bolivia era el único país del continente con una ley específica sobre esta problemática. Sin embargo, el 4 de agosto de 2021, Brasil aprobó la Ley nº 14.192, que establece un conjunto de normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres en espacios y actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos y funciones públicas.

Algunos países como Ecuador, México y Paraguay han incorporado esta tipología dentro de las leyes generales sobre violencia contra las mujeres basada en género. Otros países han tenido proyectos e iniciativas legislativas, como Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú, que aún no se han concretado en leyes. En este último caso, las razones que explican la falta de aprobación de la ley incluyen el desconocimiento sobre este tipo de violencia y el temor de los hombres a ceder lo que tradicionalmente han considerado como su espacio propio.

Cuba y la violencia política hacia las mujeres

La participación política de las mujeres es fundamental para las naciones democráticas. Aunque pueda parecer que en Cuba se ha alcanzado este objetivo con la mitad del Parlamento ocupado por mujeres, la realidad es que, como sucede en otros países con regímenes dictatoriales, los medios utilizados para lograr esta participación y el poder real que pueden ejercer son motivo de cuestionamiento.

En un país que difunde la idea de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se espera que haya altos porcentajes de participación política femenina. Sin embargo, existe poca información sobre cómo la violencia de género y las restricciones pueden afectar esta percepción.

Cuba está lejos de tener un reconocimiento legal para la violencia política por motivos de género. No sólo no se incluye en el Código penal vigente desde diciembre de 2022, sino que tampoco está contemplado en políticas públicas. Es importante destacar que la ausencia de voluntad política para abordar esta cuestión demuestra la influencia permanente del pacto patriarcal, que no reconoce las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de participar en los espacios políticos.

Aunque la propaganda oficial afirma que la violencia de género no es un problema significativo y que la violencia política es prácticamente inexistente, la realidad contradice esta suposición.

En el ámbito nacional, la violencia política hacia las mujeres puede considerarse parte de un contexto represivo más amplio que afecta a todos los ciudadanos disidentes. Sin embargo, es posible reconocer sesgos de género en las diversas formas en que se manifiesta esta represión. El papel de ejecutor suele ser asumido por la Seguridad del Estado o la Policía Nacional Revolucionaria. La propia Federación de Mujeres Cubanas, única organización de su tipo reconocida por el gobierno, ha optado por desalentar el feminismo como solución político-social contra el patriarcado, y en cierto modo ha dado legitimidad a su criminalización. Esto no sólo vulnera los derechos humanos básicos de las mujeres, sino que también socava la democracia y el Estado de derecho.

La violencia política contra las mujeres en Cuba se alimenta de estereotipos de género y normas patriarcales tradicionales que perpetúan la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres y no deben ocupar puestos de poder. Esta mentalidad ha dado lugar a que las mujeres sean objeto de acoso, intimidación e incluso violencia física cuando intentan hacer valer sus derechos políticos.

Entre las agresiones más habituales se encuentran los arrestos arbitrarios y recurrentes, la difamación en medios oficialistas, los actos de repudio organizados por el régimen para hostigarlas en sus casas, la interrupción de sus comunicaciones y el acoso constante de agentes de la seguridad del Estado. En algunos casos extremos, activistas mujeres han sido golpeadas e incluso violentadas sexualmente mientras se encontraban detenidas.

Casos de violencia política en Cuba

Uno de los casos más conocidos de violencia política contra las mujeres en Cuba es el de las Damas de Blanco. Esta organización de disidencia pacífica se fundó en 2003 por mujeres familiares de los 75 disidentes encarcelados durante la “Primavera Negra”. Las integrantes de este grupo salen a las calles vestidas de blanco y en silencio para demandar la liberación de sus familiares presos. En respuesta, las Damas de Blanco enfrentan detenciones arbitrarias, agresiones físicas, acoso y difamación por parte de las autoridades. Una de sus líderes más prominentes, Berta Soler, ha sido detenida en múltiples ocasiones.

“Por más de 20 años he sido detenida en incontables ocasiones ―más de 48 horas―, solamente por querer ejercer mi derecho de movimiento, de libre expresión y mi libertad religiosa cada domingo”.

Según Berta Soler, las condiciones de los sitios de encarcelamiento son infrahumanas. “Me encarcelan junto a detenidos comunes, calabozos llenos de chinches, bien sucios, con una alimentación muy mala”.

Se sabe que el gobierno cubano utiliza tácticas de intimidación, como la vigilancia y el acoso, para silenciar e impedir que se manifiesten contra el régimen. Luego de las protestas del 11 de julio de 2021, la sede de Las Damas de Blanco, ubicada en la barriada de Lawton, municipio Diez de Octubre en La Habana, ha permanecido en vigilancia por los Órganos de la Seguridad del Estado. Berta afirma que, la vigilancia continua es a través de la instalación de 5 cámaras de seguridad, lo cual viola su derecho de privacidad, el de vecinos y visitantes.

Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en importantes aliadas para difundir casos, denunciar agresiones y convocar a manifestaciones. Raisa Velázquez, una madre cubana que se opone al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba y al sistema político del régimen cubano, administra el grupo de Facebook llamado “Madres Cubanas No Al Servicio Militar Obligatorio”. 

En julio de 2023, Velázquez dijo en redes sociales que no enviaría a su hijo a cumplir con el SMO y remitió a las palabras de la diplomática cubana Yisel González García, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba. González García mintió abiertamente al responder a los expertos del Comité de los Derechos del Niño (CRC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en Cuba “no se recluta ni se reclutará a niños”.

Poco después de expresar su posición, Raisa, quien se identifica como activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue citada por las autoridades cubanas para una entrevista en la estación policial de Alamar. Durante esa ocasión, reiteró su desacuerdo con el SMO y enumeró tres razones fundamentales para su oposición: su discrepancia con el sistema político del país, las muertes inexplicables de jóvenes cubanos mientras permanecen en unidades y centros militares, y la utilización de estos jóvenes en acciones represivas y violentas contra la población.

La violencia política por motivos de género no solo se detecta por ser perpetrada por el Estado o sus agentes. Adopta diversas formas desde ciberataques y censura de sus plataformas en línea, lo que limita su capacidad de comunicarse con el mundo exterior y movilizar apoyo para su causa, hasta el ciberacoso, que abarca el acecho, las amenazas y el hostigamiento en plataformas de medios sociales.

La violencia psicológica como violencia política

Otra de las formas de ejercer la violencia política es a través de la violencia psicológica, cuyo objetivo es afectar a la estabilidad emocional y generar miedo. Además, se manifiesta mediante campañas de difamación y descrédito. Según una encuesta realizada por la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI) en 2021, el 96,8% de las mujeres que participan en el activismo en Cuba creen que están expuestas a la violencia política por el mero hecho de ser mujeres activistas o que participan en la vida pública.

La encuesta, en la que participaron 100 mujeres de organizaciones políticas, defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil, reveló que ocho de cada diez encuestadas declararon haber sufrido algún tipo de violencia política.

Los resultados de la investigación de la ACI mostraron que entre los tipos de violencia que identificaron haber experimentado, el 93,8% mencionó la violencia psicológica, seguida del 43,8% que declaró haber experimentado violencia física. Además, el 25% indicó haber experimentado violencia económica y contra la propiedad, mientras que el 3,1% sufrió violencia sexual. Sin embargo, solo una de cada diez mujeres entrevistadas pudo identificar específicamente que el tipo de violencia que había sufrido era violencia política.

Sulmira Martínez, también conocida como “Salem Cuba Censura” en las redes sociales, es una influencer de 21 años de La Habana. La detuvieron el 10 de enero de 2023 únicamente por publicar anuncios de protesta contra el régimen en las redes sociales. Pasó dos meses en Villa Marista y luego la trasladaron a la prisión de El Guatao, el 17 de marzo. La madre de Sulmira, Norma Pérez, ha declarado que su hija quedó traumatizada por la experiencia. Tras varios meses recluida, Sulmira apareció en la televisión nacional en un reportaje, donde “admitió” haber creado el perfil a través del cual publicaba mensajes contra la dictadura “por dinero, porque necesitaba el dinero”.

Violencia política de género tras el 11J

Según datos de la plataforma Justicia 11J, tras el estallido social en Cuba en julio de 2021, 73 mujeres continúan detenidas por su participación política independiente. Estas mujeres enfrentaron arrestos arbitrarios, destierros y sanciones penales como resultado de su activismo.

Un ejemplo de esta represión política es el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, quienes fueron detenidas después de participar en las manifestaciones del 11J en Quivicán. El esposo de María Cristina, Michael Valladares, ha denunciado que enfrentan condenas de 7 y 3 años respectivamente. Ambas han sufrido violencia física, María Cristina estuvo 18 días en desaparición forzosa, ha sido golpeada y fue obligada a gritar “Viva Fidel” como método de tortura. Por su parte, Angélica, producto de acumulación de estrés, sufrió un accidente cerebrovascular que paralizó la mitad de su rostro.

Entre los casos más notorios y ampliamente difundidos se encuentra el de Brenda Díaz García, una mujer trans de 29 años que también fue detenida y encarcelada después de las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Durante su tiempo en prisión, Brenda, quien está cumpliendo condena en la cárcel de Güines Cuba-Panamá, ha sufrido maltrato y discriminación debido a su identidad de género. Además, se le ha negado atención médica a pesar de padecer varias enfermedades, lo que refleja un mecanismo de subordinación.

Desafíos y logros contra la violencia política en Cuba

Han surgido nuevos desafíos para aquellas mujeres que buscan mejorar sus derechos y combatir la violencia política en la isla. En general, carecen del respaldo de instituciones formales como partidos políticos u organizaciones gubernamentales. Esto limita sus recursos, reconocimiento y oportunidades de influencia. Necesitan buscar maneras alternativas y creativas de organizarse y obtener financiamiento.

En los últimos años, han aumentado las agresiones contra mujeres activistas en Cuba, debido a que el gobierno ve su activismo como una amenaza al control que ejercen. Al alzar sus voces y exigir cambios, ponen en evidencia las fallas del sistema y buscan transformaciones profundas. Esto molesta a las autoridades, por lo que utilizan la violencia para intentar acallarlas y amedrentarlas.

A pesar del progreso cultural, el machismo sigue profundamente arraigado en la sociedad cubana. Los movimientos feministas enfrentan resistencia tanto de hombres como de mujeres que sostienen visiones tradicionales sobre los roles de género. Desafortunadamente, no solo el activismo político es visto de forma negativa, el activismo feminista también es reprimido por las autoridades cubanas. Las activistas deben lidiar con el acoso, la intimidación y el encarcelamiento por buscar mejoras sociales. Esto desgasta emocionalmente y frena sus esfuerzos.

Es complicado visibilizar y denunciar estos abusos debido a que en Cuba no existe separación de poderes ni un sistema judicial independiente. No hay posibilidades reales de obtener justicia dentro del país, y a menudo sufren más represalias si se atreven a denunciar las agresiones.

A pesar de las dificultades, se han logrado avances significativos en la lucha contra la violencia política. Se han creado redes de apoyo para documentar y denunciar casos de represión, así como para brindar asistencia legal y ayuda práctica a las víctimas.

Quizás el mayor logro ha sido poner el tema de la violencia política contra las mujeres en la agenda pública y atraer más apoyo de la comunidad internacional. Cada vez más se reconoce que esta problemática vulnera los derechos humanos fundamentales. Aunque las autoridades nieguen la existencia de la violencia política de género en Cuba, hay muchas historias que muestran una realidad muy diferente.