El régimen cubano aprobó dos programas de inclusión económica que contemplan la devolución de ayudas monetarias y condicionan la entrega definitiva de equipos productivos. Las medidas afectan a una población marcada por la vulnerabilidad y las desigualdades de género, mientras persisten interrogantes sobre los recursos destinados a su aplicación.
Tres de cada diez mujeres cubanas se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración. Mientras el régimen reconoce unas 883.000 personas vulnerables, las responsabilidades familiares, la pobreza y la crisis económica limitan las oportunidades laborales y la autonomía económica de las mujeres.