El régimen cubano condena a manifestantes pacíficos de Encrucijada, incluido el escritor José Gabriel Barrenechea

Entre los condenados se encuentra el escritor José Gabriel Barrenechea, que protestó pacíficamante junto a otra personas. Están sentenciados a penas entre tres y ocho años de prisión.

El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara condenó a seis ciudadanos cubanos a penas de entre tres y ocho años de prisión y otras sanciones penales por participar en una protesta pacífica ocurrida el 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, municipio del centro de Cuba, en la provincia de Villa Clara. Entre los sentenciados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, castigado con seis años de privación de libertad por el delito de “desórdenes públicos”, tras un cacerolazo contra los apagones prolongados que afectaban a la localidad.

La sentencia, fechada el 15 de enero de 2026, castiga una manifestación en la que decenas de personas salieron a la calle a golpear calderos y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, luego de más de 48 horas sin fluido, en medio del colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Pese al carácter pacífico de la protesta, el caso fue tratado por las autoridades como un asunto de seguridad del Estado.

Además de Barrenechea, el tribunal condenó a Yandri Torres Quintana a ocho años de prisión; a Rafael Javier Camacho Herrera, a siete años; a Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, a cinco años de prisión; a Marcos Daniel Díaz Rodríguez, a cinco años de limitación de libertad; y a Yuniesky Lorences Domínguez, a tres años de trabajo correccional sin internamiento. En todos los casos se ordenó el “abono del tiempo cumplido en prisión preventiva”.

La sentencia también impuso sanciones accesorias como la privación de derechos políticos, la prohibición de salida del país y la negativa a expedir pasaporte.

La sentencia también impuso sanciones accesorias como la privación de derechos políticos, la prohibición de salida del país y la negativa a expedir pasaporte, medidas frecuentes que el régimen utiliza como castigo a los ciudadanos que disienten.

Según el propio fallo judicial, unas 300 personas se congregaron frente a las sedes del Partido Comunista de Cuba y del gobierno municipal para reclamar “corriente”, sin que se acreditaran actos de violencia, daños materiales ni agresiones físicas.

José Gabriel Barrenechea fue detenido el 8 de noviembre de 2024 y permaneció más de un año en prisión preventiva, recluido en la cárcel conocida como La Pendiente, en Villa Clara, sin la posibilidad de esperar juicio en libertad. En la sentencia se afirma que el escritor “incitaba a las demás personas a que se unieran a la marcha, que no abandonaran el lugar y continuaran reclamando sus derechos”, formulación utilizada para sostener la acusación penal.

El documento judicial incorpora además valoraciones morales e ideológicas sobre Barrenechea, al señalar que “se relacionaba con personas de mala moralidad y conducta social” y que no tenía vínculo laboral reconocido, pese a que no le constan antecedentes penales.

El tribunal desacreditó el carácter pacífico de la manifestación al alegar la existencia de una “gran aglomeración de personas” y la “obstrucción de la vía pública”. Para sustentar esta versión se basó fundamentalmente en los testimonios de dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, mientras que los testigos propuestos por la defensa fueron desestimados.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó el proceso como una muestra de la “actuación sádica del régimen.”

En el fallo se afirma que los acusados, entre ellos Barrenechea, decidieron “aglomerarse frente a las sedes del Gobierno y el Partido” e “incitaron a otras personas a que se sumaran a la protesta”, lo que el tribunal consideró suficiente para configurar el delito de desórdenes públicos.

El caso de Barrenechea ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó el proceso como una muestra de la “actuación sádica del régimen” y recordó que las autoridades penitenciarias impidieron que el escritor pudiera despedirse de su madre, Zoila Chávez, cuando enferma de cáncer en fase terminal, pidió ver a su hijo.

Los condenados continúan cumpliendo sanciones por haber participado en una protesta pacífica motivada por la falta de un servicio básico.

“Ella suplicó a las autoridades cubanas que le permitieran ver a su hijo, pero recibió una negativa rotunda y burlesca. La señora Zoila falleció a inicios de mayo de 2025 sin poder despedirse de él”, señaló la organización en una publicación difundida con motivo del proceso judicial.

Otras entidades, como Cubalex y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, calificaron las condenas como desproporcionadas y denunciaron el uso del sistema judicial como un mecanismo de castigo ejemplarizante frente al descontento social en un país atravesado por una crisis económica, energética y humanitaria persistente.

La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, un recurso que, según juristas y activistas, se tramita dentro del mismo aparato judicial sin garantías de independencia. Mientras tanto, los condenados continúan cumpliendo sanciones por haber participado en una protesta pacífica motivada por la falta de un servicio básico.

Encuentra el documento íntegro de la sentencia a los manifestantes pacíficos de Encrucijada.