Anteproyecto de Ley de Educación en Cuba: ¿quién protegerá a las niñas frente a la violencia escolar?

Tras años de investigaciones que documentan abusos en las escuelas cubanas, el régimen propone nuevos protocolos sin concretar cómo garantizará su aplicación y supervisión.

| Noticias | 18/11/2026
Niñas cubanas durante un descanso escolar. Foto: Gerardo Granda.

El régimen cubano pretende reforzar mediante una nueva Ley de Educación la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia escolar, pese a que investigaciones realizadas en el país llevan años documentando abusos, discriminación y deficiencias institucionales. El anteproyecto establece canales de denuncia, atención especializada y obligaciones para las autoridades educativas, pero deja cuestiones pendientes sobre los recursos, la supervisión y los mecanismos que permitirán comprobar su eficacia.

El documento, de 243 artículos, dedica su Título IV a la protección de la infancia y la adolescencia. Su alcance debe examinarse frente a una investigación de UNICEF Cuba, presentada en 2024, que sistematizó 209 estudios publicados entre 2000 y 2020, realizada por Clotilde Proveyer Cervantes, María Antonia Miranda y Succel Pardini.

Violencia escolar en Cuba: los abusos documentados por las investigaciones

La sistematización identificó violencia entre estudiantes, de docentes hacia alumnos y de estudiantes hacia profesores, además de acoso escolar, discriminación y violencia sexual. También constató deficiencias en el conocimiento, divulgación y aplicación de los derechos de la infancia por parte de instituciones encargadas de garantizarlos.

La encuesta MICS de 2019 reveló que el 41,6 % de niñas y niños de entre 1 y 14 años había experimentado métodos violentos de disciplina durante el mes anterior; el 29,1 %, agresión psicológica, y el 33,1 %, castigo físico. Estas cifras corresponden principalmente al ámbito de la crianza, no a la violencia escolar, pero muestran la necesidad de mecanismos capaces de detectar situaciones de riesgo.

Como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, Cuba está obligada a proteger a la infancia frente a toda forma de violencia. Sus artículos 12, 19, 28 y 34 reconocen garantías de participación, protección, disciplina compatible con la dignidad humana y prevención de abusos sexuales. Estas obligaciones existen independientemente de la aprobación del anteproyecto.

Adoctrinamiento político: la libertad de pensamiento también está en juego

El anteproyecto mantiene la formación ideológica como parte de la enseñanza cubana. Su artículo 6 establece que la educación debe sustentarse en el pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista, mientras el artículo 12 exige a los estudiantes “defender los principios de la Revolución”. El artículo 14 impone obligaciones similares al personal docente, pese a que el propio texto reconoce el derecho del alumnado a expresar libremente sus opiniones.

Esta orientación tiene antecedentes en prácticas escolares como la consigna “Pioneros por el comunismo, ¡seremos como el Che!”, reproducida durante décadas en ceremonias estudiantiles y examinada en investigaciones sobre la ideologización de la enseñanza cubana. Los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño protegen la libertad de expresión, pensamiento y conciencia. Desde esa perspectiva, la exigencia de adhesión a principios políticos plantea interrogantes sobre el respeto a la autonomía de niñas y adolescentes y su derecho a recibir una educación sin imposiciones ideológicas.

¿Quién responde cuando la violencia procede de la propia escuela?

El artículo 147 obliga al personal educativo a comunicar inmediatamente los indicios de violencia a la dirección escolar, que debe informar a las autoridades competentes. Cada institución deberá designar una persona responsable de protección.

El artículo 161 contempla comunicaciones a la Fiscalía, la Defensoría y otros organismos. Cuando la dirección o el responsable de protección estén implicados o no actúen, establece una vía hacia la autoridad educativa superior, sin trámite interno previo.

Aunque reconoce estos mecanismos, el anteproyecto no establece indicadores específicos para evaluar la eficacia de las denuncias ni exige publicar periódicamente sus resultados. El artículo 167 contempla responsabilidades por omisiones y demoras injustificadas, pero queda por determinar cómo se comprobará su aplicación cuando fallen las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.

Violencia sexual: denunciar sin sufrir nuevas agresiones

El artículo 159 permite a niñas y adolescentes solicitar protección directamente, sin acompañamiento adulto ni obligación de presentar pruebas para recibir atención. También exige confidencialidad, protección frente a represalias y evitar interrogatorios reiterados.

Los artículos 160 y 163 prevén actuaciones urgentes y acompañamiento psicológico especializado. Sin embargo, denunciar no equivale por sí solo a recibir protección: también deben garantizarse la evaluación del riesgo, la atención a las víctimas y el seguimiento de cada caso.

Los artículos 160 y 163 prevén actuaciones urgentes y acompañamiento psicológico especializado.

UNICEF identificó la adolescencia como una etapa de especial vulnerabilidad frente a determinadas violencias, particularmente la sexual, y documentó conexiones entre abuso sexual y violencia de género.

Durante la presentación del informe, Alejandra Trossero, entonces representante de UNICEF en Cuba, afirmó: “Cuando pensamos la violencia hacia las infancias, también lo hacemos con la violencia contra las mujeres, la violencia de género”.

La CEDAW, mediante su Recomendación General 35, exige medidas integrales de prevención, protección y acceso a la justicia frente a la violencia de género. Este marco permite evaluar las obligaciones estatales más allá del reconocimiento formal de derechos.

Embarazo adolescente en Cuba: la continuidad escolar frente a una crisis persistente

El artículo 149.3 establece adaptaciones de asistencia, evaluación y acompañamiento pedagógico para estudiantes embarazadas. La disposición llega a un país donde la maternidad temprana continúa afectando la autonomía y las oportunidades educativas de niñas y adolescentes.

Según el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, en 2025 se registraron 1,4 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años y 43,2 por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19. Granma, Holguín y Guantánamo superaron los 50 nacimientos por cada 1.000 adolescentes del segundo grupo.

La disposición llega a un país donde la maternidad temprana continúa afectando la autonomía y las oportunidades educativas de niñas y adolescentes.

Leidys, adolescente cubana de 14 años embarazada.
Leidys, adolescente cubana de 14 años embarazada.

Las desigualdades de poder agravan el problema. Una investigación del Observatorio de Alas Tensas, basada en estadísticas oficiales de 2024, encontró que el 65,25 % de los padres de hijos nacidos de madres de 15 a 19 años tenía 20 años o más. Estas diferencias no prueban por sí solas violencia sexual, pero requieren examinar posibles situaciones de coerción y abuso.

La investigadora Matilde Molina Cintra advirtió en una entrevista con SEMlac: “Seguimos viviendo en una sociedad cómplice de estas conductas disfuncionales”.

El anteproyecto deberá articularse a la Resolución 174/2025 del Ministerio de Salud Pública, publicada en mayo de 2026, que establece la notificación de embarazos detectados en menores de 18 años y servicios diferenciados de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, no concreta cómo se coordinarán ambas regulaciones ni qué recursos garantizarán su aplicación territorial.

Recursos y transparencia: las garantías que deberá demostrar el régimen

El artículo 165 obliga a incorporar recursos para la protección de la infancia en la planificación educativa, pero no establece cuantías presupuestarias ni estándares mínimos de cobertura. El régimen, en su distribución anual del presupuesto del Estado, ha ido disminuyendo paulatinamente la inversión en el sector educacional.

Los artículos 166 al 168 contemplan protocolos, inspecciones y recopilación de estadísticas, sin exigir expresamente la publicación periódica de datos desagregados sobre denuncias, violencia sexual y medidas de protección.

La activista Amelia Calzadilla cuestionó el riesgo de trasladar responsabilidades estatales a las familias. Según ClickCuba, afirmó: “De lo que estoy totalmente en contra es de que se utilice la iniciativa privada como un mecanismo para trasladar las responsabilidades del Estado a los ciudadanos”.

El régimen cubano incorpora nuevas garantías de protección en un sistema educativo marcado por denuncias de abusos, exigencias de adhesión ideológica y graves carencias materiales. Garantizar los derechos de niñas y adolescentes exige algo más que protocolos contra la violencia: requiere escuelas seguras, recursos suficientes, libertad de pensamiento y mecanismos independientes de supervisión. La responsabilidad del Estado no termina con aprobar una ley, sino que comprende asegurar que esos derechos puedan ejercerse sin discriminación, coerción ni desprotección institucional.

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