Congreso de España rechaza una propuesta de condena al régimen cubano

La propuesta pedía al gobierno de España una postura clara ante la falta de libertades y la represión a mujeres activistas por los derechos humanos en Cuba.

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados de España rechazó el martes 24 de marzo una proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP), que buscaba exigir al gobierno pronunciamientos claros y acciones firmes frente a la falta de libertades en Cuba.

La propuesta solicitaba condenar a la dictadura de la isla y denunciar la represión del régimen contra su pueblo, especialmente la que se ejerce contra las mujeres defensoras de derechos humanos. El texto subraya la urgencia fortalecer de la sociedad civil en Cuba e implementar mecanismos que faciliten la presencia de observadores internacionales y relatorías de Naciones Unidas en el país.

En el documento, el PP destacaba también la necesidad de asegurar que la ayuda humanitaria y los instrumentos de cooperación internacional españoles incluyan de manera específica medidas de protección a activistas y periodistas.

Asimismo, criticaba el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado con Cuba en 2016, señalando que sus objetivos no se han cumplido y que la cooperación española no debería ayudar a perpetuar un régimen totalitario.

La proposición solo recibió el apoyo de Vox y fue rechazada con 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

El debate y la polarización en torno a Cuba

La diputada por el PP, Silvia Franco, encargada de defender la iniciativa, insistió en que Cuba no es ningún mito revolucionario, sino la dictadura más longeva de América Latina, un régimen que eliminó el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado a generaciones de cubanos a la pobreza estructural y la migración forzosa. Franco defendió que la iniciativa aspiraba a demostrar la capacidad del Congreso para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima.

También criticó directamente al gobierno de Pedro Sánchez, dudando de su coherencia ideológica: “No se puede hablar de feminismo en Madrid, no se puede desfilar cada 8 de marzo con pancartas moradas y mirar hacia otro lado cuando las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”, dijo.

El portavoz de Vox, Francisco José Alcaraz, apoyó la iniciativa y centró su intervención en la polémica visita del exvicepresidente Pablo Iglesias a Cuba. Alcaraz llamó la atención sobre el hecho de que Iglesias se hospedara en un hotel de lujo en La Habana, donde el precio de una noche equivale al sueldo de dos años de un cubano común, y denunció que los participantes en la flotilla “Nuestra América” no fueran a reunirse con los oprimidos sino con los opresores.

Frente a estos planteamientos, el diputado socialista David Serrada reaccionó también con dureza, asegurando que al PP le importa poco la situación de los derechos humanos en Cuba, y que lo que realmente busca es un posicionamiento político del Congreso. Serrada insistió en que el PSOE defiende los derechos humanos, pero sin utilizarlos como un instrumento de confrontación, al tiempo que calificó la propuesta como una iniciativa vacía que no contribuye a mejorar la situación de los cubanos.

Por su parte, el portavoz de Sumar, Francisco Sierra Caballero, acusó tanto al PP como a Vox de alinearse con Donald Trump, a quien llamó “el tirano de la Casa Blanca”. Sierra dijo que lo necesario era denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, pues el agravamiento de la crisis humanitaria en la isla es, según él, consecuencia del bloqueo estadounidense.

El debate parlamentario se produce en un momento de especial tensión en torno a Cuba, y el voto del Congreso confirma la polarización que existe sobre la realidad de la isla. Mientras el PP y Vox demandan una posición firme contra el régimen de La Habana, el PSOE y sus aliados prefieren denunciar al embargo estadounidense como única causa de la crisis, y se niegan a reconocer la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades civiles en la isla. Para ellos, cualquier crítica a la dictadura caribeña es una “instrumentalización política” de la cuestión cubana.