EE. UU. exige explicaciones a España por la eutanasia de la joven Noelia Castillo

Un cable diplomático expresa su “seria preocupación” por fallas en derechos humanos en el caso de Noelia Castillo. La situación reabre el debate sobre la eutanasia, la salud mental y la protección estatal a las víctimas de violencia sexual.

El gobierno de EE. UU. solicitó explicaciones al Gobierno de España tras la muerte de Noelia Castillo, una mujer de 25 años que optó por la eutanasia después de lidiar con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno límite de la personalidad (TLP), secuelas físicas por intento de suicidio y haber denunciado repetidas agresiones sexuales.

Según un cable diplomático obtenido por The Post, el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid abrir una investigación sobre la actuación de las autoridades españolas. El documento expresa preocupación por “fallas sistémicas en derechos humanos” en la protección de la joven.

El cable señala: “Nos preocupan profundamente las acusaciones de que la Sra. Castillo fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones mientras estaba bajo la tutela del Estado y que nadie ha sido llevado ante la justicia.”

Dudas sobre la aplicación de la ley de eutanasia

Riley M. Barnes, Subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, escribió en X:

“Es imperativo que las autoridades investiguen este trágico caso. Toda vida es sagrada. Noelia fue defraudada en la vida. No podemos permitirnos fallarle una vez más.”

El documento plantea dudas sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España, especialmente en casos vinculados a trastornos psiquiátricos.

El mismo documento plantea dudas sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España.

“También sabemos de informes que indican que la Sra. Castillo expresó reticencia a someterse a la eutanasia en sus últimas horas, pero que estas señales fueron ignoradas”, señala el cable. “Este caso genera serias preocupaciones sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España, especialmente en casos que involucran trastornos psiquiátricos y sufrimiento no terminal.”

El Departamento de Estado solicitó que estas inquietudes fueran trasladadas al Ejecutivo español antes del 3 de abril. Hasta ahora, no se han divulgado más detalles sobre el progreso de esta gestión.

Respuesta del Gobierno español

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el marco legal vigente a través de X:

“España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales.”

Contexto del caso y marco legal

Noelia Castillo falleció el 26 de marzo después de más de dos años de proceso judicial. Su historia incluye un largo recorrido por el sistema de salud mental, con diagnósticos de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP), según declaró previamente en televisión.

Noelia Castillo falleció el 26 de marzo después de más de dos años de proceso judicial.

La ley de eutanasia en España, en vigor desde el 25 de junio de 2021, establece un procedimiento regulado que requiere evaluaciones médicas y garantías legales. Desde su implementación, las solicitudes han aumentado significativamente: 173 en 2021, 766 en 2023, con 334 procedimientos realizados. Las denegaciones también han crecido, alcanzando un 25% en 2023.

Debate sobre género, violencia y responsabilidad estatal

El caso ha reavivado el debate sobre la intersección entre violencia sexual, salud mental y el acceso a la muerte asistida, especialmente en mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Organismos y voces del ámbito de los derechos humanos han señalado la necesidad de esclarecer si existieron fallas en la protección institucional frente a las agresiones denunciadas, y en el proceso de acompañamiento así como en la asistencia y el acompañamiento durante el proceso de eutanasia.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre ninguna investigación judicial concluyente respecto a los presuntos agresores.

La solicitud de explicaciones por parte de Estados Unidos introduce una dimensión internacional a un caso que ya genera tensiones en el debate interno en España. El caso plantea interrogantes sobre los límites de la eutanasia, la atención a la salud mental y la responsabilidad del Estado en la protección de víctimas de violencia sexual. Sin embargo, aún no se dispone de información completa sobre todos los hechos denunciados.