Qué cambia y qué se mantiene en Cuba con las nuevas reformas económicas

En menos de una semana, Cuba aprobó reformas económicas que reducen el Estado, amplían el sector privado y abren el país a la inversión extranjera.

El viernes 12 de junio, el régimen cubano anunció un paquete de reformas económicas dictadas ante “las exigencias de los tiempos actuales”. Las medidas, aprobadas en sesión extraordinaria por el Partido Comunista y con la anuencia de Raúl Castro el miércoles 17, fueron ratificadas por unanimidad un día después por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). El proceso duró apenas seis días, una velocidad inusual para un sistema marcado por la burocracia y la resistencia al cambio, lo que deja entrever tanto la gravedad de la crisis como las contradicciones de un régimen enfocado en su propia supervivencia.

El paquete aprobado es, en términos formales, el más ambicioso desde las reformas de Raúl Castro tras el VI Congreso del PCC en 2011. Sus ejes principales son la reforma del aparato estatal, la eliminación de las importadoras estatales, la descentralización de la gestión y la apertura a “nuevos actores” económicos.

El primer ministro Manuel Marrero presentó las reformas ante la ANPP como “un ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo”, y recordó que Fidel Castro ya advertía en 1993, en pleno Período Especial, que “la vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca”.

Díaz-Canel, por su parte, dio en el pleno del Comité Central lo que algunos han sido visto como el discurso más autocrítico de su mandato, admitiendo el peso en la crisis actual del país que tienen los “obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, y señalando “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”.

Entre las medidas aprobadas se encuentran las siguientes:

Empresas estatales y Administración Central del Estado

• Transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones.
• Cambiar la relación del presupuesto del Estado con el sistema empresarial, lo que incluye la revisión de la carga financiera y la eliminación de los subsidios a las empresas.
• Eliminar la escala salarial en el sistema empresarial estatal y establecer un salario mínimo que tome en cuenta los niveles de inflación. Los niveles de salario, negociados con los trabajadores y con la participación del Sindicato, dependerán de la capacidad económica-financiera de las empresas.
• Descentralizar al sistema empresarial la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas.
• Permitir la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como naturales.
• Permitir a las empresas estatales el uso de plataformas extranjeras para ejecutar pagos para la compraventa de combustibles.
• Reestructuración de la Administración Central del Estado, que incluiría una reducción significativa del número de ministerios y organismos presupuestados.
• Aprobar que las instituciones puedan vender marcas y patentes en el mercado internacional, previa autorización.

Cooperativas agropecuarias

• Permitir que las cooperativas abran cuentas bancarias en el exterior y en bancos cubanos, tanto en pesos como en divisas.
• Otorgar las facultades a las cooperativas de realizar comercio exterior de forma directa, para las exportaciones de sus productos y las importaciones de insumos y tecnologías agropecuarias.
• Permitir a las cooperativas a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables, que sustituyan importaciones y para inversiones.

Sector privado

• Reducir la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.
• Reducir los requisitos, trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas de gestión no estatal.
• Permitir que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada.
• Permitir empresas privadas en la actividad agropecuaria.
• Incentivar la participación en empresas cubanas de cubanos residentes en el país y en el exterior; además de reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.
• Permitir la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.
• Eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal.
• Permitir que los negocios inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales.
• Permitir que las empresas privadas y cooperativas realicen directamente actividades de comercio exterior, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Banca

• Fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria. La banca privada operará bajo supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.
• Redimensionar el mercado cambiario oficial y de remesas, con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas.
• Crear instituciones financieras no bancarias estatales y privadas que se dediquen a la canalización de flujos financieros, incluyendo las remesas, a través de operaciones cambiarias.
• Permitir que los negocios con capital extranjero, en cualquier modalidad, puedan abrir cuentas bancarias en el exterior, sin necesidad de autorización.
• Permitir que la inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas, opere con flexibilidad en un entorno de dolarización parcial de la economía y permita su acceso al mercado cambiario.
• Ampliar el alcance de la dolarización parcial de la economía en las operaciones interempresariales y comerciales, acorde a la situación actual.

Turismo

• Permitir la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales.
• Permitir la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento para la negociación de las marinas turísticas.
• Actualizar la actividad de renta de autos (que hoy es exclusiva de dos empresas en el país) a otras empresas estatales, a la inversión extranjera y a las formas de gestión no estatal.
• Actualizar la constitución de agencias de viaje a empresas mixtas, 100 % extranjera, así como formas de gestión no estatal.
• Autorizar los guías de turismo y agentes de ventas privados, previa autorización por el alto nivel de especialización que requiere esta actividad.

Otras medidas aprobadas

• Autorizar a las personas naturales a realizar importaciones con carácter comercial, gravando los aranceles en divisas.
• Eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y personas naturales, así como los plazos establecidos, estimulando la movilidad eléctrica fotovoltaica.
• Autorizar la importación directa sin carácter comercial, por parte de las personas naturales de un auto 100% eléctrico. Siempre que se acompañe de su correspondiente estación de carga con fuente renovable de energía con cobertura total.
• Priorizar las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera en el comercio, la gastronomía y los servicios.
• Reordenar el comercio mayorista priorizando la creación de mercados de abasto con acceso directo de personas naturales y jurídicas. No poner límites a los actores que realicen esta actividad.
• Crear cadenas de tiendas, de restaurantes y red de gastronomía ligera de marcas reconocidas u otras, que se extiendan por todo el país.
• Transitar de la canasta familiar normada, a las ventas controladas sin subsidios en la red de comercio.
• Permitir al sector privado brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país, la fabricación de equipos, así como instalación de redes móviles y fijas, comercialización triple play, centros de datos, servicios de nube, telefonía IP y centros de contacto.
• Permitir gestión mixta de infraestructura postal y logística de última milla.

Tarde, insuficiente y sin garantías

La desconfianza es el denominador común de las reacciones tanto dentro como fuera de la isla. Los a independientes señalan tres problemas fundamentales.

El primero es la credibilidad. Muchas de las medidas ahora aprobadas son reclamos que economistas y empresarios llevaban años formulando y que el régimen rechazó sistemáticamente: la apertura al sector privado, la eliminación de intermediarios estatales, la autonomía empresarial. El hecho de que el régimen las adopte ahora, bajo presión externa y en modo de emergencia, genera dudas sobre si existe voluntad real de implementarlas o si se trata de un gesto para ganar tiempo.

El segundo es la transparencia. Las reformas se aprobaron en seis días, sin debate público real, y la ANPP las ratificó sin introducir ninguna modificación. El proceso, lejos de generar confianza, refuerza la imagen de un sistema que improvisa y simula debate sin practicarlo.

El tercero y más grave es la separación entre economía y política. Cualquier reforma económica que no vaya acompañada de apertura política es hoy insuficiente para garantizar estabilidad y no satisface las condiciones para una transición real hacia un Estado de Derecho. La administración Trump, por otra parte, ha dejado claro que sus exigencias incluyen la apertura económica, pero también la liberación de presos políticos, y hasta el momento no hay señales de que vaya a levantar las sanciones impuestas.

La historia reciente de Cuba alimenta el escepticismo. El régimen tiene un historial de abrir espacio al sector privado en momentos de crisis y cerrarlo cuando considera que la situación ha mejorado o que el control político se ve amenazado. Mientras la estructura de poder político-militar permanezca intacta, las reformas de junio de 2026 corren el riesgo de repetir el ciclo: apertura de urgencia, implementación parcial y retroceso cuando la crisis ya no amenace la supervivencia de las estructuras del poder.