EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra GAESA y su red financiera

Marco Rubio señaló que GAESA es el principal canal del régimen cubano para apropiarse de los escasos recursos del país y financiar la represión.

El Departamento de Estado estadounidense anunció el martes 23 de junio una nueva serie de sanciones contra el régimen cubano, la quinta en menos de dos meses bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Las medidas, detalladas en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, apuntan directamente a la red de generación de ingresos del conglomerado empresarial militar GAESA y a personas vinculadas al entorno familiar del aparato de inteligencia cubano.

Las entidades sancionadas con esta nueva medida son Almacenes Universales, RAFIN y el Banco Financiero Internacional (BFI), tres subsidiarias de GAESA que se ocupan de la logística de importaciones, las finanzas corporativas y la banca internacional del régimen. A ellas se suman la empresa estatal Geominera y la siderúrgica Antillana de Acero.

La designación alcanza también a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada como miembro de la familia del antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubana Alejandro Castro Espín.

Al anunciar las medidas, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que GAESA ha operado de manera persistente como el principal canal mediante el cual las élites del régimen se apropian de los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión interna y las actividades subversivas y de espionaje contra los Estados Unidos, en lugar de destinarlos a reparar la deteriorada infraestructura eléctrica o atender las necesidades básicas de la población de la isla.

Una ofensiva escalonada desde mayo

Las sanciones del martes 23 se enmarcan en una campaña de presión sostenida de Washington contra el régimen de La Habana. El 7 de mayo, el Departamento de Estado sancionó directamente a GAESA y a su directora ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, así como a la empresa estatal Moa Nickel. El Departamento de Estado describió entonces a GAESA como “el corazón cleptocrático del sistema comunista cubano”, diseñado para enriquecer a las élites mientras la isla padece apagones, escasez de alimentos y desinversión crónica.

El 4 de junio se emitieron nuevas sanciones, centradas esta vez en la cúpula política y el aparato de inteligencia. Las designaciones incluyeron al dictador Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y su hijastro Manuel Anido Cuesta, y también contra Alejandro Castro Espín y su hijo, Raúl Alejandro Castro Calis. En esa ocasión fueron sancionados además los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), descritos como “el pilar fundamental del aparato represivo cubano”, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Uno de los efectos más visibles de esta campaña de sanciones ha sido la retirada de empresas extranjeras que operaban en la isla, como la minera canadiense Sherritt y las cadenas hoteleras Meliá, Iberostar y Blue Diamond Resorts. La orden ejecutiva de Trump contempla sanciones secundarias para cualquier empresa, banco o institución financiera extranjera que mantenga negocios con los designados.

Con las sanciones de este martes, la administración Trump dirige su atención hacia los mecanismos concretos (bancarios, logísticos y minero-siderúrgicos) que sostienen el flujo de divisas hacia GAESA y la élite que controla la isla.