Encuestas proyectan una mayoría de PP y Vox en España, mientras el CIS sitúa al PSOE en primer lugar
NC Report y 40dB atribuyen a PP y Vox más de los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta, frente a las previsiones del CIS. Cuba cuenta con más de 169.000 electores españoles en el censo inicial.
A diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, tres encuestas presentan pronósticos divergentes sobre la próxima mayoría parlamentaria en España, mientras una suspensión judicial impide votar a 113.326 ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática. Cuba, con 169.290 electores españoles en el censo inicial, figura entre los países con mayor número de votantes residentes en el extranjero.
Los estudios de NC Report, 40dB y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran diferencias importantes sobre el respaldo al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, los tres anticipan un crecimiento de Vox, al que sitúan entre el 17 % y el 19 % de los votos, frente al 12,4 % obtenido en las elecciones de 2023.
PP y Vox podrían alcanzar la mayoría absoluta, según dos encuestas
El sondeo de NC Report para La Razón, realizado entre el 6 y el 12 de noviembre, sitúa al PP en el 32,1 % de los votos, al PSOE en el 26,1 % y a Vox en el 19 %. La estimación atribuye entre 135 y 137 diputados al PP y entre 66 y 68 a Vox.
Según estas horquillas, PP y Vox sumarían entre 201 y 205 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE obtendría entre 102 y 104 diputados, frente a los 121 conseguidos en 2023.
El estudio de 40dB para El País y la Cadena SER, fechado el 18 de noviembre, reduce la diferencia entre los dos principales partidos. Estima un 32,2 % para el PP, un 30,7 % para el PSOE y un 17 % para Vox. Su proyección central asigna 131 diputados al PP, 122 al PSOE y 55 a Vox, por lo que PP y Vox alcanzarían conjuntamente 186 escaños.
Su proyección central asigna 131 diputados al PP, 122 al PSOE y 55 a Vox, por lo que PP y Vox alcanzarían conjuntamente 186 escaños.
En cambio, el CIS sitúa al PSOE como primera fuerza política. Su estudio preelectoral de octubre, basado en 45.074 entrevistas, le atribuye el 33,3 % de los votos, frente al 25,5 % del PP y el 18,4 % de Vox. Su estimación deja a PP y Vox por debajo de la mayoría absoluta.
Las diferencias entre los sondeos y el peso de Vox
La distancia entre las estimaciones del PSOE alcanza 7,2 puntos porcentuales, mientras que las del PP difieren hasta en 6,7 puntos.
Las tres encuestas coinciden en proyectar un aumento de la representación parlamentaria de Vox, que obtuvo 33 diputados en 2023. NC Report le atribuye entre 66 y 68 escaños; 40dB estima 55 en su proyección central y el CIS prevé entre 57 y 65.

El tracking de 40dB también refleja la redistribución del voto recibido por Sumar en 2023. Según el estudio, el 24 % de quienes apoyaron aquella candidatura votaría ahora por Frente Amplio, mientras otros se inclinan por el PSOE, Podemos y distintas opciones electorales.
Cuba, el quinto país con más electores españoles en el extranjero
Cuba cuenta con 169.290 electores españoles inscritos en el censo inicial de las elecciones generales, según el Instituto Nacional de Estadística. Es el quinto país con mayor número de residentes españoles con derecho al voto, después de Argentina, Francia, Estados Unidos y México.

Sin embargo, una suspensión cautelar del Tribunal Supremo afecta al sufragio de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática. La medida, adoptada el 10 de septiembre y ratificada el 12 de octubre, comprende a quienes adquirieron la nacionalidad por la denominada ley de nietos y no acreditaron su condición de descendientes de exiliados.
El 17 de noviembre, Europa Press informó de que el INE había identificado 113.326 electores afectados por la suspensión, según un escrito remitido al Tribunal Supremo.
Cuba: el Gobierno de Sánchez mantiene el diálogo con el régimen y descarta sanciones
La política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el régimen cubano también ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso. En junio de 2026, el Partido Popular promovió una iniciativa parlamentaria que reclamaba medidas para la liberación de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y una transición democrática en la isla. El grupo parlamentario criticó lo que consideró una actitud de indulgencia del Ejecutivo español hacia gobiernos autoritarios latinoamericanos.
Pese a la persistencia de la represión política en Cuba, el Gobierno español mantiene su apuesta por el diálogo diplomático y rechaza impulsar sanciones o restricciones de cooperación en el ámbito europeo. Así lo confirmó en una respuesta escrita al Senado el 27 de marzo de 2026, en la que defendió el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea. El Ejecutivo argumentó que esas medidas podrían agravar las condiciones de vida de la población cubana, pero su respuesta no presentó resultados concretos sobre liberaciones de presos políticos obtenidas mediante ese diálogo.
El Supremo mantiene la suspensión, pero rechaza ampliarla
El Tribunal Supremo rechazó el 9 de noviembre extender la medida a los hijos de los nacionalizados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fundamentó su decisión en la seguridad jurídica y la estabilidad electoral, al considerar que una revisión adicional del censo durante el proceso electoral podría perjudicar los intereses generales.
La resolución no estuvo exenta de discrepancias. La magistrada María Alicia Millán formuló un voto particular contra el mantenimiento de la suspensión cautelar y cuestionó que la necesidad de preservar la regularidad del censo permitiera restringir el derecho de sufragio de ciudadanos españoles incorporados mediante inscripciones legalmente eficaces.
La controversia también plantea interrogantes para los cubanos que adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, especialmente sobre el alcance de sus derechos políticos y las condiciones para ejercerlos. La suspensión judicial introduce una distinción entre ciudadanos nacionalizados que pueden participar en las elecciones y otros cuyo sufragio permanece cautelarmente suspendido.
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