La ONU exige a Cuba revelar el paradero de diez detenidos en Contramaestre

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte sobre la gravedad de los arrestos en Contramaestre, que incluyen al menos cuatro menores de edad.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) activó de manera simultánea diez acciones urgentes a raíz de una solicitud presentada por la organización de derechos humanos Cubalex, luego de que diez personas fueran detenidas, incomunicadas y su paradero ocultado en el municipio Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba.

Según informó Cubalex, el organismo internacional registró las peticiones con base en el artículo 30 de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. A partir de esta resolución, la secretaría de la ONU envió una comunicación vinculante a la Misión de Cuba en Ginebra, exigiendo medidas inmediatas de búsqueda y localización de los afectados, con un plazo de respuesta que vence el 14 de julio de 2026.

Represión tras las protestas en Contramaestre

Las detenciones se remontan al 21 de junio, cuando se produjo un incendio en la Casa Memorial Orlando “Olo” Pantoja Tamayo, conocida popularmente como Museo de Maffo. Durante el incendio, en medio del malestar generalizado por los apagones, la escasez de alimentos y la crisis que golpea a la población, los vecinos se congregaron en el lugar para reclamar “corriente y libertad”. Tras el suceso, las fuerzas policiales y la Seguridad del Estado desplegaron un operativo en los barrios aledaños.

Cubalex documentó varios arrestos entre los días 22 y el 24, con la participación de efectivos de la policía, el Ministerio del Interior, el DTI y agentes vestidos de civil. El 22 de junio, los agentes irrumpieron en la vivienda del adolescente Dian Daniel Mora Acuña, de 15 años, y se lo llevaron a un lugar desconocido. Dos días más tarde, al menos diez efectivos de la PNR y el DTI asaltaron el domicilio de Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21 años, decomisando los teléfonos de toda su familia bajo la acusación informal de sabotaje.

Los allegados de los detenidos denunciaron que los agentes se negaron a entregar actas oficiales de arresto, limitándose a indicar que los jóvenes estaban bajo investigación. Según Cubalex, todo apunta a que los diez detenidos fueron conducidos al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, aunque las autoridades del penal se han negado a confirmar su presencia allí, impidiendo así que las familias verifiquen su estado.

Inicialmente se pudo confirmar la identidad de cuatro arrestados en esa operación policial: José Ángel Borrero Zorrilla, de 17 años; José Jorge Menéndez Vázquez, también de 17; Luis Alberto Leyva, de 20 años, y Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21. Tras la investigación de Cubalex, la lista se amplió para incluir a Ángel Luis Leyva y Ander Maddiel del Toro Suárez, ambos menores de 15 años, y otro joven identificado como José Julio.

Menores detenidos y procesados ilegalmente

El caso de los dos adolescentes de 15 años ha generado especial alarma. El Comité de la ONU subrayó que pueden encontrarse bajo prisión provisional por presunto sabotaje, pese a que debido a su edad la legislación penal cubana los define como inimputables. El organismo internacional calificó la negativa de las autoridades a reconocer los arrestos, junto a la ocultación deliberada de información sobre los detenidos, como “desaparición forzada de corta duración”, un procedimiento ilegítimo que deja a las víctimas sin amparo legal y vulnera su derecho al debido proceso.

En Cuba la responsabilidad penal comienza a los 16 años, lo que permite juzgar a adolescentes en tribunales ordinarios, someterlos a interrogatorios sin abogados ni familiares presentes y enviarlos a prisión preventiva, una práctica que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya ha cuestionado antes.

La represión aumenta en los días previos al aniversario del 11J

En su resolución, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU planteó a las autoridades cubanas cinco exigencias concretas: informar el lugar exacto de reclusión de los diez detenidos; especificar los cargos y el número de expediente de cada caso; revisar la legalidad del procesamiento de los dos menores de 15 años; garantizar comunicación telefónica y visitas familiares para todos; y, si el Estado niega tenerlos bajo custodia, abrir una investigación inmediata por presunta desaparición forzada.

Cubalex vincula esta escalada represiva con la proximidad del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. El líder opositor José Daniel Ferrer denunció en sus redes sociales otras detenciones en la zona, entre ellas la de Cristian Fernández Sarmientos, de 16 años, recluido en Versalles, además de Adrián Planché Hierrezuelo, Yodelkis Jay Ramírez y Alexander Castañeda Alarcón.

Las detenciones se produjeron tras varias noches de cacerolazos en distintos barrios de Santiago, donde los vecinos exigían el restablecimiento del servicio eléctrico luego de recibir, en algunos casos, apenas dos horas de corriente al día.

Cubalex sostiene que seguirá documentando el caso y remitiendo pruebas al Comité de la ONU hasta esclarecer la situación de los diez detenidos.