Muertes, maltrato y madres sin respuestas: 97 víctimas documentadas en el Servicio Militar en Cuba

Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documenta fallecimientos y desapariciones de reclutas, condiciones degradantes y represalias contra las familias que exigen verdad.

Mientras el régimen cubano mantiene bajo una política de opacidad las muertes y desapariciones ocurridas durante el Servicio Militar Obligatorio, un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documenta 97 casos registrados entre agosto de 2001 y la primavera de 2026.

La investigación, sustentada en los registros de Archivo Cuba y en el trabajo de familiares de las víctimas, advierte que los 97 casos constituyen apenas un mínimo verificable. Las autoridades cubanas no publican estadísticas oficiales ni rinden cuentas sobre los reclutas muertos o desaparecidos durante el servicio militar.

Suicidios, negligencias y accidentes concentran la mayoría de los casos

El suicidio constituye la categoría más frecuente, con 33 casos, equivalentes al 34 % del registro. El dossier atribuye otros 25 fallecimientos a negligencia grave o criminal; 22, a accidentes; seis, a enfermedades no atendidas o a la denegación de asistencia médica; y seis, a asesinatos directos. El registro incluye además tres muertes de causa desconocida y dos desapariciones.

En cuatro de los casos clasificados oficialmente como suicidios, las familias sospechan que esa versión podría encubrir un homicidio. Un exrecluta describió el impacto psicológico del servicio: “El Servicio Militar es un mecanismo diseñado para rompernos. Creo que el suicidio es algo que pasó por la cabeza de muchos de nosotros en algún momento”.

El informe vincula estos casos con un entorno marcado por los castigos, las condiciones degradantes y la falta de atención psicológica para los reclutas.

La investigación logró determinar la edad de las víctimas en 63 de los 97 expedientes. Entre ellas, la edad media era de 18,7 años y la mediana, de 19. Un total de 47 jóvenes tenía 18 o 19 años, mientras otros siete eran menores de edad. A partir de estos datos, el dossier cuestiona la incorporación de adolescentes al sistema militar y recuerda las obligaciones de Cuba como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Casi ocho de cada diez casos fueron documentados desde 2021

El registro reúne 76 casos ocurridos entre 2021 y los primeros meses de 2026, equivalentes al 78,4 % del total documentado. El OCAC advierte que esta concentración no significa necesariamente que en años anteriores murieran menos reclutas. El aumento puede estar relacionado con el mayor acceso a internet, la articulación de redes de familiares y la capacidad de los medios independientes para identificar casos que antes no alcanzaban difusión pública.

Los años con mayor cantidad de casos documentados fueron 2022, con 20, y 2025, con 22. El informe vincula parte de este incremento con dos desastres ocurridos en instalaciones estatales: el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde murieron cuatro reclutas en agosto de 2022, y la explosión de un almacén de municiones en Melones, Holguín, que causó la muerte de nueve reclutas y cuatro oficiales en enero de 2025. Según el dossier, ambos episodios muestran la exposición de jóvenes sin preparación suficiente a operaciones de alto riesgo.

Madres y familiares reclaman verdad frente a la opacidad militar

Las madres y otros familiares de los reclutas aparecen en la investigación no solo como personas atravesadas por el duelo, sino también como protagonistas de la exigencia de verdad, información y medidas que impidan nuevas muertes. El dossier documenta obstáculos para acceder a los informes de autopsia, certificados de defunción con causas contradictorias, presiones para aceptar las versiones militares y represalias contra quienes hacen públicas sus reclamaciones.

Según el informe, Bárbara Ramos Vank, la madre de Dayron Carbonell Ramos, fue presionada para que desistiera de reclamar el informe de la autopsia. El joven murió en marzo de 2010, después de pasar varias semanas trabajando descalzo en una instalación subterránea infestada de murciélagos y ratas, de acuerdo con la reconstrucción del caso. Pese a las presiones, su madre denunció las condiciones en las que murió e intentó impedir que otros reclutas fueran sometidos a circunstancias semejantes.

Versiones contradictorias ofrecidas a las familias

La familia de Ariel Díaz Cardero recibió versiones sucesivas y contradictorias sobre su muerte, ocurrida en una unidad militar de Matanzas en julio de 2018. Primero le informaron que el joven había sufrido un infarto; después, el certificado de defunción consignó una causa desconocida y, tres meses más tarde, una investigación atribuyó la muerte a una miocarditis. Sus padres sostienen que aún desconocen qué ocurrió realmente.

Contradicciones similares rodean la muerte de Dayron Pupo Mastrapa, ocurrida en La Habana en agosto de 2022. Las autoridades comunicaron a sus padres que el joven había sufrido un infarto masivo. Sin embargo, su padre denunció que al cadáver le faltaban los dientes y que presentaba señales de traumatismo. El dossier considera el caso un ejemplo de la brecha entre las versiones institucionales y las evidencias advertidas por las familias.

El informe también documenta represalias penales contra familiares que insisten en exigir respuestas. El padre de Orlando Lago Vega, quien murió en una unidad militar de La Habana en 2020, fue condenado en 2023 a un año y seis meses de prisión después de reclamar una investigación sobre lo sucedido. Para el OCAC, el caso demuestra que la búsqueda de la verdad puede exponer a las familias a presiones, criminalización y represalias.

Tras la muerte de su hijo, Alfredo González impulsó una iniciativa pública contra la falta de transparencia en el Servicio Militar Obligatorio. Annier González se suicidó el 4 de julio de 2021, a los 18 años, apenas 13 días después de incorporarse al servicio. Su padre creó el grupo de Facebook “No más víctimas en el Servicio Militar en Cuba”, que superaba los 18.000 miembros al cierre del dossier. La red se convirtió en un espacio de denuncia, acompañamiento y recopilación de casos ante la ausencia de investigaciones independientes.

Reclutamiento, objeción de conciencia y trabajo bajo coerción

El Servicio Militar Obligatorio fue instaurado en Cuba en 1963. Los varones deben inscribirse en el registro militar durante el año en que cumplen 16 años y pueden ser incorporados al servicio activo desde los 17. El informe subraya que el Estado cubano no reconoce la objeción de conciencia ni ofrece una modalidad de servicio civil alternativo.

El Código Penal Militar de 2023 establece penas de hasta cinco años de prisión para quienes intenten evadir el reclutamiento. Las autolesiones, la simulación de enfermedades y la falsificación de documentos médicos también pueden ser castigadas. El dossier interpreta estas disposiciones como parte de un sistema que criminaliza la negativa a prestar el servicio militar y restringe el ejercicio de la libertad de conciencia.

La investigación denuncia además el empleo de reclutas en labores agrícolas, obras de construcción, vigilancia de prisiones y otras actividades ajenas a la defensa nacional. Además, Archivo Cuba recopiló testimonios sobre donaciones de sangre realizadas bajo presión, amenazas y condicionamiento de los permisos de salida. Un exrecluta describió las condiciones de alimentación en las que se desarrollaban esas campañas: “Después de una semana comiendo una miseria, no puedes pasarte un día en ayunas”.

El OCAC sostiene que las autoridades presentan cada muerte como un hecho aislado, mientras las madres, los padres y otros familiares reciben certificados contradictorios y explicaciones que no pueden verificar de manera independiente. “Cada tragedia se disuelve en el silencio administrativo o en explicaciones oficiales que rara vez son verificables”, concluye el dossier.

Ante la ausencia de estadísticas oficiales y de investigaciones independientes, los 97 expedientes constituyen un mínimo verificable, no un balance exhaustivo de las muertes y desapariciones ocurridas durante el Servicio Militar Obligatorio. La magnitud real permanece desconocida porque el Estado cubano no publica información completa ni rinde cuentas sobre estos hechos.