La prisión política de Yasmany González golpea la red de cuidados de su hijo con autismo

Ilsa Ramos denuncia que el encarcelamiento de su esposo la dejó sin su principal apoyo para cuidar al menor, mientras enfrenta falta de terapias, medicamentos y servicios básicos en Cuba.

Ilsa Ramos, esposa del preso político Yasmany González Valdés, denunció que el encarcelamiento de su esposo ha agravado la situación de cuidados de su familia, especialmente la de uno de sus hijos, diagnosticado con autismo y que atraviesa frecuentes crisis.

Durante una transmisión en Facebook, Ilsa Ramos explicó que Yasmany González Valdés era su principal apoyo para atender al menor y quien mejor conseguía acompañarlo durante esos episodios. Desde su encarcelamiento, esa responsabilidad recae sobre ella y sobre su otro hijo.

Sin terapias y con una red familiar reducida

“Yo necesito a mi esposo aquí conmigo, porque es el único que lo puede controlar”, afirmó. También denunció la falta de terapias, medicamentos y atención especializada, además de los apagones y las dificultades con el suministro de agua.

El testimonio muestra cómo la prisión política en Cuba puede extender sus consecuencias más allá de la persona encarcelada. En familias con redes limitadas de apoyo, la ausencia de uno de sus integrantes incrementa la carga económica, emocional y de cuidados.

Yasmany González, enfermo en prisión

Yasmany González Valdés cumple una condena de cuatro años de prisión por motivos políticos, según denunció su esposa. Ilsa Ramos aseguró además que está enfermo en prisión y que, durante la última visita, lo vio con fiebre y sin una atención médica adecuada.

A las visitas penitenciarias, los gastos y la incertidumbre sobre su salud se suma la necesidad de sostener en solitario la atención de un menor que requiere apoyo permanente.

Las consecuencias llegan hasta las familias

Para Ilsa Ramos, el encarcelamiento de su esposo no significa únicamente la separación familiar. También supone perder una figura central dentro de la red de cuidados, en un contexto marcado por carencias de servicios y falta de apoyos suficientes para familias que necesitan atención especializada.

Su denuncia vuelve a poner el foco en los efectos familiares de la represión política en Cuba: consecuencias que no terminan en las prisiones y alcanzan directamente a hijos y parejas obligados a asumir las responsabilidades de quienes permanecen encarcelados.