Crisis de vivienda en Cuba: menos construcciones y más obstáculos para mujeres víctimas de violencia

Cuba terminó apenas 5.493 viviendas en 2025, un 73 % menos que en 2022. Madres denuncian expulsiones y víctimas de violencia machista carecen de una red pública de acogida.

La construcción de viviendas en Cuba cayó un 72,8 % entre 2022 y 2025, al pasar de 20.232 inmuebles terminados a solo 5.493, según el Anuario Estadístico de Cuba 2025, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en su edición de 2026. El desplome agrava las dificultades de acceso a la vivienda en un país donde el propio Gobierno reconoce un déficit superior a 800.000 inmuebles y madres con hijos menores han denunciado desalojos policiales durante 2026.

La caída fue todavía mayor en el sector estatal, cuya construcción de viviendas disminuyó un 77,9 % durante ese período, de 8.103 unidades terminadas en 2022 a 1.791 en 2025. Solo en el último año, la producción nacional se redujo otro 26 %, pese a la persistencia del déficit habitacional reconocido por las autoridades.

En julio de 2025, Delilah Díaz Fernández, directora general de Vivienda del Ministerio de la Construcción, informó ante una comisión parlamentaria que Cuba acumulaba un déficit de 805.583 viviendas al cierre de marzo. De ellas, 407.219 necesitaban construirse y otras 398.364 requerían rehabilitación.

La funcionaria reconoció que los planes constructivos estaban por debajo de las necesidades nacionales. Sin embargo, el programa estatal no consiguió revertir la caída de la construcción en 2025, mientras numerosas familias seguían sin disponer de una vivienda adecuada.

De la falta de vivienda a los desalojos de madres con hijos

Mientras el régimen cubano reconoce la falta de viviendas, familias que ocupan locales públicos ante la ausencia de alternativas habitacionales denuncian desalojos ejecutados por la Policía. Entre los casos difundidos durante 2026 figuran madres con hijos pequeños y menores con discapacidad.

Mientras el régimen cubano reconoce la falta de viviendas, familias que ocupan locales públicos ante la ausencia de alternativas habitacionales denuncian desalojos ejecutados por la Policía.

El 27 de agosto de 2026, la Policía desalojó a tres madres y sus hijos de unas oficinas de la Delegación Municipal de la Agricultura, situadas en la calle Máximo Gómez, cerca del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila. Según documentó Árbol Invertido, agentes uniformadas sacaron por la fuerza a una de las mujeres. Vecinos señalaron que entre los menores afectados había una niña con síndrome de Down.

En febrero, un grupo de madres denunció un intento de desalojo y demolición de las viviendas precarias donde aseguraban haber residido durante 15 años. Las mujeres se enfrentaron a agentes policiales para impedir que las expulsaran del terreno.

“Hace 15 años vivimos aquí... Ahora la quieren porque está limpia”, expresaron las afectadas en una grabación difundida en redes sociales. Según explicaron, habían acondicionado el terreno con sus propios recursos, pero las autoridades pretendían demoler las construcciones.

Entre las familias afectadas había mujeres embarazadas y niños pequeños, algunos de los cuales, según las denunciantes, tenían dificultades para asistir regularmente a la escuela debido a la incertidumbre sobre su vivienda. Las madres también aseguraron que anteriormente habían recibido multas por la ocupación del terreno.

Diecisiete madres y 73 niños reclaman una solución en Santa Clara

A finales de octubre, 17 madres y 73 niños permanecían en una antigua academia de boxeo de Caracatey, en Santa Clara, después de ocupar el inmueble para reclamar una solución habitacional.

Una de las afectadas explicó a ADN Cuba, el 29 de octubre, que las familias llevaban aproximadamente dos semanas en el lugar y denunció presiones para que abandonaran el inmueble. “Ya estamos agotadas y los niños con hambre y desesperados, ya que no podemos salir de aquí. Los vecinos que apoyan nuestra causa nos han dado alimentos y agua, pero nos mantenemos firmes por nuestros hijos”, expresó la mujer, cuya identidad se mantuvo anónima por temor a represalias.

Las madres también denunciaron la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior y amenazas de posibles sanciones. Su principal preocupación era verse obligadas a abandonar el local sin disponer de otro lugar donde vivir con sus hijos.

La nueva Ley de la Vivienda promete proteger a las familias vulnerables

Los desalojos denunciados contrastan con los compromisos de protección social anunciados por las autoridades cubanas. El 30 de julio de 2026, durante la aprobación de la nueva Ley de la Vivienda, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, defendió una legislación que incorpora la atención a personas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas expuestas a violencia familiar o con responsabilidades de cuidado.

La Ley 187 de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el 14 de octubre y vigente desde el día 21, reconoce la protección frente a la violencia de género y familiar. Además, su artículo 62.4 establece que la asignación de viviendas debe considerar criterios de género y dar prioridad a las víctimas que requieran una solución habitacional inmediata.

Estas garantías legales plantean una cuestión sobre su aplicación: cómo asegurar protección habitacional cuando la construcción estatal continúa disminuyendo y existen denuncias de madres amenazadas con perder el lugar donde viven.

La falta de viviendas dificulta escapar de la violencia machista

La crisis habitacional también representa un obstáculo para las mujeres que necesitan abandonar una vivienda compartida con su agresor. La falta de alternativas residenciales y de recursos económicos puede limitar sus posibilidades de separarse y reconstruir una vida independiente, especialmente cuando tienen hijos a su cargo.

La crisis habitacional también representa un obstáculo para las mujeres que necesitan abandonar una vivienda compartida con su agresor.

El informe del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), publicado en septiembre, documentó 49 feminicidios entre enero y agosto de 2026, de los cuales 32 (65,3 %) ocurrieron en viviendas. Además, 26 víctimas tenían menores de edad a cargo, con al menos 40 niñas, niños y adolescentes dependientes identificados.

El Observatorio advierte que la precariedad habitacional puede reducir la autonomía de las víctimas de violencia, al dificultar la búsqueda de un lugar seguro donde vivir. También señala que Cuba carece de una red pública de refugios para mujeres y niñas en situación de riesgo, una ausencia que limita las alternativas de protección frente a sus agresores.

El deterioro de las viviendas agrava la crisis habitacional

La escasez de nuevas construcciones se suma al deterioro de las viviendas existentes. Según el IX Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en agosto de 2026, el 47 % de las personas encuestadas declaró que su vivienda necesitaba reparaciones; el 25 %, que requería arreglos urgentes, y el 7 %, que se encontraba en peligro de derrumbe.

La investigación, basada en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios, también encontró que el 4 % de los participantes vivía en albergues o campamentos provisionales y el 2 % declaró vivir en la calle. Solo el 18 % calificó su vivienda como en buen estado.

Para una mujer que convive con su agresor, la falta de una vivienda alternativa puede significar la imposibilidad de abandonar el entorno donde sufre violencia. En Cuba, la escasez habitacional y la ausencia de refugios públicos reducen las opciones de protección, mientras las garantías reconocidas por la legislación siguen sin estar acompañadas de información que permita evaluar su aplicación.