Informe semestral de OGAT: 49 feminicidios documentados en Cuba entre enero y agosto de 2026

El informe semestral de OGAT analiza 49 feminicidios documentados en Cuba y sus impactos familiares, territoriales y de cuidados.

Resumen 

Entre enero y agosto de 2026, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) documentó 49 feminicidios ocurridos en Cuba. A esta violencia letal se añaden, según el corte público del 29 de agosto, 21 intentos de feminicidio verificados y dos hombres asesinados en contextos de violencia feminicida. El análisis confirma la centralidad de la violencia íntima, pero también revela impactos familiares, territoriales, generacionales, raciales y de cuidados que obligan a mirar más allá del número total.

49 feminicidios	38 íntimos · 77,6 %	37 pareja/expareja · 75,5 %	32 en viviendas · 65,3 %
26 víctimas con menores a cargo	40menores dependientes registrados	21 intentos de feminicidio	2 hombres asesinados en contexto feminicida

Con la actualización retrospectiva del registro verificable nominal de 2025 a 49 casos, la serie de OGAT suma 316 feminicidios verificados entre 2019 y 2025. Al añadir los 49 casos de este registro, el acumulado documentado hasta el corte analítico de agosto de 2026 asciende a 365 feminicidios. Esta suma conserva el mismo carácter de registro verificable nominal y está sujeta a futuras actualizaciones.

• El feminicidio íntimo concentra 38 de 49 casos (77,6 %). En 25 casos el agresor era una expareja y en 12 una pareja o vínculo afectivo actual. En total, tres de cada cuatro víctimas fueron asesinadas por una pareja o expareja.

• La ruptura aparece como una zona crítica de riesgo. Entre los 13 casos cometidos por exparejas con información definida sobre denuncias previas, 9 registran denuncias: 69,2 %. La proporción muestra la urgencia de activar evaluación de riesgo, protección y seguimiento reforzado antes, durante y después de la separación.

• El hogar continúa siendo un escenario central: 32 hechos (65,3 %) ocurrieron en algún tipo de vivienda. No obstante, 10 ocurrieron en espacios públicos y 9 de ellos fueron clasificados como feminicidios íntimos, lo que muestra que la violencia de pareja puede perseguir a la víctima fuera del espacio doméstico.

• La violencia alcanza todo el ciclo vital. Entre las 47 víctimas con edad numérica disponible, el rango va de 7 a 81 años. Cinco eran menores de 18 años y tres tenían 60 años o más.

• Veintiséis víctimas tenían menores de edad a cargo; el registro consigna al menos 40 niñas, niños o adolescentes dependientes. En 23 de esos 26 casos (88,5 %), el agresor era pareja o expareja de la víctima.

• Dieciséis víctimas aparecen en trabajo doméstico o de cuidados no remunerado; las 16 corresponden a feminicidios íntimos. Este dato no demuestra dependencia económica individual, pero conecta violencia íntima y una posición laboral caracterizada por la falta de remuneración propia.

• El registro verificable nominal codifica a 23 víctimas como afrodescendientes/negras; representan la mitad de los 46 casos con esta variable definida. La estructura de la variable y la ausencia de denominadores poblacionales comparables impiden convertir esta proporción en una tasa de riesgo, pero justifican mantener una lectura interseccional.

• La falta de información es un hallazgo en sí mismo: en 28 casos se desconoce si hubo denuncias previas y en 37 no existe una edad numérica utilizable del agresor. Estas brechas dificultan evaluar señales de riesgo, respuesta institucional y perfiles de los victimarios.

Gráfico 1. Cruces seleccionados. Los porcentajes tienen denominadores diferentes y se presentan como patrones dentro de cada subgrupo, no como variables directamente comparables.

1. Introducción

Los feminicidios constituyen la manifestación más extrema de un continuo de violencias contra las mujeres y las niñas. Su registro no describe episodios aislados: en numerosos casos aparecen antecedentes de control, amenazas, violencia física o sexual, separación conflictiva, denuncias previas, dependencia material, responsabilidades de cuidado y fallas o vacíos de protección. Documentar cada muerte es un ejercicio de memoria y de reconocimiento de las víctimas, pero también una herramienta para identificar patrones que pueden orientar la prevención.

OGAT aborda la violencia contra las mujeres y las niñas como una cuestión de derechos humanos. El propósito de este informe no es producir una suma de casos, sino contribuir a comprender las condiciones que dificultan la prevención, la salida de relaciones violentas, la búsqueda de ayuda, la protección de sobrevivientes y la reparación de familias y personas dependientes. Todo en busca de identificar factores de riesgo, que sirvan también a la sensibilización que se facilita desde el activismo. Esta mirada permite al Observatorio: contextualizar, verificar, analizar y formular recomendaciones concretas.

La lectura de contexto debe realizarse con una precaución fundamental. La pobreza, los apagones, el hambre, la migración, la precariedad habitacional o el deterioro de los servicios públicos no “causan” por sí mismos un feminicidio y nunca excusan al agresor. Sí pueden, en cambio, reducir la autonomía material de una mujer, debilitar redes de apoyo, dificultar el transporte y la comunicación, sobrecargar los cuidados, limitar el acceso a servicios o volver más costosa la separación. El contexto es un multiplicador de vulnerabilidades, no una explicación que desplace la responsabilidad del agresor.

Este informe además de conservar la arquitectura de los informes anuales y semestrales de OGAT —contexto, metodología, análisis de datos, patrones, conclusiones y recomendaciones— incorpora líneas que durante 2026 adquirieron una relevancia especial: revictimización, infancia y adolescencia, embarazadas y puérperas (o con bebés muy pequeños) mujeres mayores, crisis de cuidados, intentos de feminicidio, personas asesinadas en el mismo contexto y observación exploratoria de posibles suicidios feminicidas.

2. Contexto de situación de las mujeres y las niñas en Cuba

2.1. Colapso de funciones estatales, hambre y sobrecarga cotidiana

Cuba atraviesa un colapso de funciones esenciales del Estado: la provisión de electricidad, agua, alimentos, medicamentos, transporte, salud y asistencia social se ha deteriorado hasta comprometer la vida cotidiana de amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, el aparato de control político y coerción conserva capacidad para vigilar, detener y sancionar, mientras que la policía pierde capacidad ante el crimen general. Para las mujeres que enfrentan violencia, esta combinación es especialmente grave: un Estado que no garantiza servicios básicos, movilidad, refugio, respuesta policial eficaz ni protección social reduce de manera directa las posibilidades materiales de escapar, pedir ayuda y sostener una vida separada del agresor.

El Informe Cuba 2025, elaborado por la Red de Observatorios Independientes de Cuba con participación de OGAT, describe una crisis estructural que atraviesa las condiciones materiales de vida, la protección de derechos y el funcionamiento institucional. Mientras el Estado mantiene y profundiza mecanismos de control sobre la vida política y económica, se debilitan de forma sistemática las garantías materiales y jurídicas que corresponden a la ciudadanía. En materia de violencia contra mujeres y niñas, ese deterioro convierte la prevención en una tarea todavía más difícil y urgente.

El periodo enero–agosto de 2026 transcurrió bajo una crisis material prolongada. Para las mujeres, estas condiciones se superponen a una distribución desigual de los trabajos domésticos y de cuidados. Conseguir alimentos, cocinar con combustibles alternativos, cuidar a personas enfermas o mayores y sostener a niñas y niños durante interrupciones de servicios consume tiempo, energía y recursos que podrían destinarse a empleo remunerado, formación, descanso o búsqueda de ayuda.

El IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), presentado en agosto de 2026, estimó a partir de su encuesta que el 94 % de las personas consultadas vivía en pobreza extrema y que el 68 % pertenecía a hogares con ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos cubanos. Ocho de cada diez personas dijeron omitir alguna comida por falta de dinero o alimentos.

El informe “En Cuba hay hambre 2025”, de Food Monitor Program y Cuido60, basado en 2.513 respuestas válidas recogidas en todas las provincias, informó que el 33,9 % de los hogares había experimentado hambre reciente, el 94,9 % había perdido acceso a la compra de alimentos durante el año y el 97,6 % reportaba problemas estructurales de desabastecimiento. La inseguridad alimentaria constituye un problema de derechos y de cuidados: restringe autonomía, obliga a priorizar la supervivencia cotidiana y puede aumentar la dependencia de redes familiares, remesas o convivencias no deseadas.

En el análisis de violencia, estas condiciones importan porque una ruta de salida exige recursos concretos: un lugar seguro donde dormir, transporte, conexión telefónica, dinero, alimentos, apoyo para hijas e hijos, atención sanitaria y capacidad para ausentarse del trabajo. Cuando esos recursos escasean, la capacidad real de ejecutar una decisión de separación puede reducirse.

2.2. Contracción demográfica, migración y feminización del envejecimiento

Cuba cerró 2025 con 9.434.593 habitantes, 313.414 menos que al finalizar 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) divulgados en julio de 2026. La reducción anual fue de aproximadamente 3,22 %. Durante el año se registraron 68.064 nacimientos y 136.214 defunciones, mientras el saldo migratorio externo fue negativo en 245.264 personas. Más allá de la reducción demográfica, esta tendencia incide en la estructura de los hogares, la disponibilidad de personas cuidadoras y la composición de las redes familiares.

Una de cada cuatro personas residentes en Cuba tiene 60 años o más. En esa población envejecida predominan las mujeres, cuya edad mediana alcanzó 46,5 años. La emigración de personas jóvenes y en edad laboral puede dejar hogares sostenidos por mujeres mayores o por mujeres que cuidan simultáneamente a menores, personas enfermas y adultos mayores. La crisis demográfica es, por tanto, también una crisis de cuidados.

Para OGAT, esta dimensión adquiere especial importancia por dos vías. Las mujeres mayores pueden ser víctimas directas de violencia y pueden tener mayores barreras físicas, económicas o tecnológicas para pedir ayuda. A la vez, madres y abuelas se convierten frecuentemente en víctimas indirectas cuando un feminicidio deja niñas y niños sin su madre, personas heridas o hogares que necesitan reorganizar cuidados y sustento. La audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de agosto de 2026 permitió llevar esta intersección entre edad, género, pobreza, salud y cuidados a un espacio regional de derechos humanos.

2.3. Salud materna e infantil y deterioro de servicios esenciales

El deterioro de indicadores materno-infantiles amplía el marco de vulnerabilidad. Datos oficiales divulgados en 2026 mostraron un aumento de la mortalidad infantil y un empeoramiento de la mortalidad materna respecto del año anterior. A ello se suman problemas de acceso a medicamentos, transporte sanitario, diagnósticos y servicios hospitalarios en un sistema afectado por cortes eléctricos, escasez y pérdida de personal.

La violencia contra mujeres y niñas ocurre dentro de un sistema social donde embarazo, maternidad, enfermedad y cuidados pueden aumentar necesidades de protección y dependencia. Dos de las víctimas registradas estaban embarazadas; varias eran madres de bebés muy pequeños o de menores de edad. La prevención de la violencia no puede diseñarse al margen de la salud sexual y reproductiva ni de la protección social de las personas dependientes, como tampoco del interés superior de las infancias.

2.4. Embarazo adolescente, asimetrías de poder y protección reforzada de niñas

La fecundidad adolescente continúa siendo un problema de salud pública y de derechos. Los datos del Observatorio oficial de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) para 2025 registraron 1,4 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años y 43,2 por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Entre 2021 y 2025 no se observa una disminución sostenida en el grupo de 10 a 14 años, el que requiere una protección reforzada por razón de edad.

Las diferencias territoriales son relevantes: Granma, Holguín y Guantánamo presentaron tasas superiores a 50 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Estos datos obligan a examinar, además de educación sexual y acceso a anticoncepción, las asimetrías de edad y poder en las relaciones, la violencia sexual, el consentimiento y la capacidad de los servicios para detectar situaciones de coerción o abuso.

En mayo de 2026 se publicó la Resolución 174/2025 del Ministerio de Salud Pública, que establece la notificación obligatoria de los embarazos detectados en menores de 18 años y prevé servicios diferenciados de salud sexual y reproductiva. El establecimiento de un mecanismo de notificación constituye una medida relevante, pero su eficacia depende de cómo se active la protección: la notificación debe derivar en evaluación de riesgos, confidencialidad, atención sanitaria, apoyo psicosocial y análisis de posibles relaciones de poder o violencia, no en una respuesta meramente administrativa o estigmatizante.

A más de un año de esta resolución, se desconoce el impacto logrado por parte de la cartera sanitaria con el mencionado sistema de notificación obligatoria.

El registro verificable de 2026 refuerza la necesidad de este enfoque: cinco de las víctimas de feminicidio tenían menos de 18 años. Sus casos no son homogéneos —incluyen feminicidios familiares, no íntimos, vinculados/vicarios e íntimos— y muestran que la infancia y la adolescencia requieren rutas de prevención específicas.

2.5. Violencia sexual: cifras judiciales y límites de la información pública

La violencia sexual constituye otra dimensión relevante del contexto. El OCIG contabilizó 173 mujeres de 15 años o más como víctimas de violencia sexual en procesos judiciales juzgados durante 2025. La Habana concentró el mayor número absoluto, mientras Pinar del Río, Camagüey y Las Tunas presentaron indicadores elevados. En Las Tunas, la tasa informada fue de 7,57 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más, alrededor de un 81 % superior al promedio nacional publicado.

El valor de estas cifras oficiales reside en que reconocen un problema que durante años careció de series públicas. Su limitación es semejante a la de los datos oficiales de “asesinatos por razones de género”: se organizan por procesos judiciales juzgados y no constituyen un sistema de vigilancia en tiempo real de los hechos ocurridos en el año. Tampoco representan la violencia sexual que no se denuncia, no llega a investigación o no termina en sentencia.

En el registro de OGAT la violencia sexual está confirmada en cuatro feminicidios, descartada según la información disponible en 37 y permanece indeterminada en 8. La incertidumbre obliga a evitar inferencias: “no confirmado” no equivale a “no ocurrió”, particularmente en un contexto de acceso prácticamente inexistente a peritajes e información forense, para organizaciones independientes.

2.6. Cierre del espacio cívico, presas políticas y violencia estatal contra las mujeres

La violencia contra mujeres y niñas en Cuba no puede analizarse completamente sin considerar el cierre del espacio cívico. Durante 2026, las protestas por apagones, alimentos, agua y deterioro de servicios han mostrado una participación visible de mujeres y madres. Alas Tensas documentó, entre otras, en Marianao, La Habana, el caso de una madre detenida después de exigir alimentos para su hijo durante una protesta pacífica, posteriormente multada y amenazada con ser separada del niño. Este tipo de represalia introduce una forma adicional de coerción: el rol materno y la custodia de los hijos se convierten en instrumentos de presión.

La prisión política forma parte de este contexto de violencia institucional. Prisoners Defenders reportó al cierre de julio de 2026 un total de 1.327 prisioneros políticos y de conciencia, entre ellos 150 mujeres y 41 personas detenidas cuando eran menores de edad; también documentó 459 personas presas con patologías médicas graves. Las mujeres encarceladas por motivos políticos enfrentan, además de la privación de libertad, impactos diferenciados vinculados con salud, maternidad, cuidados, separación de hijos y familiares, hostigamiento y violencia psicológica. Cubalex registró, además, en julio de 2026, 168 hechos de violencia e inseguridad ciudadana y 37 homicidios, el máximo mensual de su serie desde 2023. El deterioro de la seguridad ciudadana y la expansión de la represión forman parte del mismo escenario de desprotección.

Para un observatorio de violencia contra las mujeres, el cierre cívico tiene una consecuencia metodológica directa: inhibe denuncias, aumenta el miedo de familiares y fuentes, dificulta el acceso a información y expone a activistas, periodistas y observadoras que documentan casos. La opacidad no es solo una limitación técnica; afecta el derecho a conocer, prevenir y exigir rendición de cuentas.

2.7. Respuesta estatal y papel de la FMC: acciones fragmentarias frente a una crisis de protección

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) —quien continúa siendo presentada oficialmente como actor central de las políticas en favor de la mujer— junto a agencias internacionales han impulsado tímidas acciones de sensibilización, consejería, capacitación y algunos servicios especializados. En junio de 2026, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó la reapertura de la Consejería Nacional de la FMC en La Habana para atención de sobrevivientes y familiares. Estas iniciativas son pálidos pasos, pues siguen siendo fragmentarias y claramente insuficientes frente a la magnitud, territorialidad y gravedad de la violencia documentada, además de la resistencia prolongada del régimen a crear los mecanismos estándares de protección.

La brecha principal está entre esas acciones y una política nacional capaz de prevenir y proteger de manera verificable. Cuba continúa sin una ley integral específica contra la violencia hacia las mujeres y las niñas; el feminicidio no está tipificado como delito autónomo; no existe una red nacional de refugios; y no se publican datos que permitan saber cuántas mujeres solicitaron protección, qué medidas recibieron, cuántas se incumplieron, cuánto demoró la respuesta ni qué ocurrió después de cada denuncia. La existencia de consejerías puntuales o campañas no sustituye una arquitectura efectiva de protección.

En agosto de 2026, la FMC celebró 66 años subrayando la participación femenina en estudio, empleo, ciencia, producción y dirección. Esos supuestos logros históricos y de representación no deben confundirse con indicadores de protección efectiva frente a la violencia. La pregunta relevante para un enfoque de derechos es si una mujer en riesgo puede encontrar, en cualquier provincia y sin discriminación, una ruta accesible y verificable de protección, alojamiento seguro, atención psicosocial, asistencia jurídica y seguimiento.

También es necesario evitar que la “resiliencia” o la capacidad de las mujeres para sostener hogares en crisis se convierta en sustituto de las obligaciones estatales. Las campañas que valoran el esfuerzo doméstico y comunitario pueden ser positivas, pero no deben naturalizar que las mujeres absorban el costo del hambre, los apagones, el envejecimiento y el deterioro de servicios mediante más trabajo no remunerado.

2.8. El OCIG y el límite de contar sentencias: los datos deben servir para prevenir

En agosto de 2026, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), vinculado a la ONEI y la FMC, informó que 49 mujeres de 15 años o más figuraron como víctimas de asesinatos por razones de género en procesos judiciales juzgados durante 2025, con una tasa de 1,19 por cada 100.000 mujeres. También informó que 32 de esas mujeres tenían hijas o hijos menores y que 54 menores quedaron sin el amparo materno. Son datos útiles, pero no constituyen un registro de los feminicidios ocurridos durante 2025.

El indicador no equivale a “49 feminicidios ocurridos en 2025”. El propio enunciado oficial se refiere a casos conocidos en procesos judiciales juzgados durante ese año. Un crimen ocurrido en 2023 o 2024 puede aparecer en la estadística de 2025 si el proceso judicial culminó entonces; del mismo modo, un crimen de 2025 puede quedar fuera si todavía no fue juzgado. La propia jurista Arlín Pérez Duharte, vinculada al Tribunal Supremo Popular, reconoció públicamente que esas estadísticas reflejan la demora de los procesos y no las muertes ocurridas en el año.

La diferencia entre ambos sistemas es sustantiva. OGAT mantiene un registro verificable nominal por fecha del hecho, actualizable cuando una investigación posterior permite confirmar un caso. El OCIG publica agregados por año de proceso judicial, sin mostrar la metodología que usa para ello. Además, no ofrece un listado nominal trazable ni información suficiente para reconstruir denuncias previas, medidas de protección, intentos de feminicidio, agresores que se suicidan, niñas menores de 15 años, personas dependientes, respuesta policial o casos que nunca llegan a juicio. Contar sentencias no basta para conocer el fenómeno ni para prevenirlo.

Un observatorio público debe producir datos para intervenir antes de la muerte. Registrar cuándo ocurre el crimen, qué señales lo precedieron, si existieron denuncias, qué respuesta se activó y dónde fallaron las instituciones es indispensable para diseñar prevención. El Estado dispone de policía, fiscalía, tribunales, medicina legal y expedientes administrativos; esa capacidad de información debe traducirse en transparencia, análisis de riesgo, rendición de cuentas y políticas de protección. La función de un observatorio no puede agotarse en contabilizar procesos judiciales concluidos.

2.9. Sociedad civil independiente: continuidad del registro en un ecosistema más frágil

La documentación independiente ha sido decisiva para visibilizar la violencia feminicida en Cuba. Durante años, OGAT y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) verificaron casos de forma coordinada, construyeron una serie histórica y produjeron alertas, informes y metodologías capaces de operar en condiciones de escasa información pública.

En abril de 2026, YSTCC cerró su ciclo de registro y verificación sistemática de feminicidios. La organización mantuvo otras líneas de apoyo, pero explicó que el desgaste humano, la represión, la censura y las dificultades de verificación habían vuelto insostenible el observatorio. El cierre redujo la capacidad independiente disponible y obligó a OGAT a reforzar su sistema propio de expedientes, registro nominal, red de observadoras y verificación territorial.

La relevancia del registro de sociedad civil puede observarse en su utilización por terceros. Informes de Amnistía Internacional y de la CIDH, documentación presentada ante órganos de tratados de Naciones Unidas, organizaciones como The Advocates for Human Rights y Race and Equality, y medios cubanos e internacionales han citado datos, informes o comunicaciones de OGAT. Esa circulación confirma que la documentación del Observatorio funciona como evidencia pública y como insumo para incidencia, protección y exigencia de rendición de cuentas frente a la falta de un sistema estatal oportuno, nominal y transparente.

2.10. Incidencia internacional de OGAT: de documentar a exigir prevención y protección

El registro de feminicidios y otras violencias no tiene como finalidad producir una cifra cerrada. OGAT utiliza la evidencia reunida para abrir espacios de incidencia, cuestionar políticas, exigir información pública y colocar las obligaciones del Estado cubano ante mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Durante el primer semestre de 2026, esa labor tuvo varios hitos que muestran el tránsito de la documentación a la exigibilidad.

Entre el 26 y el 29 de enero, OGAT desarrolló una agenda de incidencia en Ciudad de México con organizaciones de derechos humanos, espacios académicos, activistas y actores regionales. La visita permitió presentar hallazgos sobre violencia feminicida en Cuba, ampliar alianzas y discutir rutas de prevención, protección y acompañamiento en un contexto de represión política y crisis estructural.

El 4 de agosto, OGAT intervino ante la CIDH, durante la audiencia “Cuba: Situación de la población adulta mayor”, dentro del 196.º Período de Sesiones. La intervención expuso el impacto del hambre, la falta de medicamentos, la crisis de cuidados, las desapariciones y los feminicidios sobre las mujeres mayores, tanto como víctimas directas como por las cargas que asumen cuando una hija es asesinada y las abuelas quedan al cuidado de nietas y nietos.

La participación de OGAT en el Informe Cuba 2025, elaborado por la Red de Observatorios Independientes de Cuba, amplió esta lectura hacia una dimensión nacional. El documento reúne nueve capítulos sobre inseguridad alimentaria, hídrica y energética, deterioro de las condiciones de vida, feminicidios y desapariciones, represión de protestas, participación ciudadana, economía y gestión estatal. OGAT aportó registros y análisis sobre violencias contra mujeres y niñas. Aunque la presentación pública del informe ocurrió en septiembre de 2026, después del corte cuantitativo de este reporte, sus hallazgos ayudan a interpretar el mismo periodo y sostienen una conclusión central: la crisis cubana no es solo económica, sino también una crisis de protección de derechos.

Estas acciones de incidencia responden a una idea transversal: contar no basta. Cada dato debe servir para detectar riesgo, exigir cambios, evaluar instituciones y evitar nuevas muertes. 

Fuentes: OGAT en Ciudad de México · Informe al CERD · OGAT ante la CIDH · Informe Cuba 2025 · Presentación del Informe Cuba 2025

3. Análisis de los 49 feminicidios verificados: patrones de género y derechos humanos

3.1. Evolución temporal

Entre enero y agosto de 2026, OGAT verificó 49 feminicidios en Cuba: 6 en enero, 1 en febrero, 6 en marzo, 7 en abril, 8 en mayo, 11 en junio, 8 en julio y 2 en agosto. En promedio, el registro equivale a un feminicidio cada cinco días. El segundo trimestre concentró 26 casos, exactamente el doble de los 13 del primer trimestre, y junio fue el mes más crítico, con 11 víctimas. Más que una fluctuación estadística, esta concentración obliga a reforzar la prevención en momentos de aumento sostenido y a responder antes de que la violencia llegue a su desenlace letal.

Gráfico 2. Feminicidios verificados por mes, enero-agosto de 2026.

3.2. Comparación con 2025: en ocho meses se alcanza el total anual actualizado del año anterior

La comparación interanual agrava la alerta. Entre enero y agosto de 2025 OGAT había documentado 34 feminicidios; en el mismo periodo de 2026 se verificaron 49, es decir, 15 casos más y un aumento del 44,1 %. En solo ocho meses, 2026 alcanzó la cifra total actualmente verificada para todo 2025. El dato confirma un ritmo de violencia feminicida considerablemente más alto y exige tratar la prevención como una emergencia de derechos humanos, no como una tarea secundaria de política social.

La actualización retrospectiva de casos forma parte del carácter nominal y vivo del registro de OGAT: cuando aparecen evidencias suficientes, el caso se incorpora al año y mes en que ocurrió. Esa práctica no debilita la lectura del aumento; al contrario, permite comparar series depuradas y evitar que los retrasos de información borren víctimas del registro histórico.

Gráfico 3. Comparación enero–agosto 2025 y 2026. El dato de 2025 utiliza el listado actualizado de OGAT publicado en agosto de 2026.

Fuentes: registro actualizado de 2025 · Informe Anual OGAT 2025

3.3. Distribución territorial y zona geográfica

Los 49 feminicidios se distribuyen en 14 provincias. La Habana concentra 10 casos (20,4 %), seguida de Mayabeque con 8 (16,3 %) y Granma con 5 (10,2 %). Camagüey, Las Tunas y Pinar del Río registran 4 cada una; Sancti Spíritus y Cienfuegos, 3; Holguín y Santiago de Cuba, 2; y Guantánamo, Villa Clara, Matanzas e Isla de la Juventud, 1. La violencia feminicida atraviesa así prácticamente todo el país y no puede ser tratada como un fenómeno localizado.

La concentración en La Habana y Mayabeque reúne 18 de los 49 casos (36,7 %), pero el número absoluto no agota la lectura territorial. La prevención debe considerar la densidad poblacional, acceso desigual a servicios y capacidad de respuesta. La experiencia de OGAT en años anteriores muestra que la geografía de la violencia se superpone con la geografía de la desprotección: provincias y municipios con menos recursos, conectividad y visibilidad pública pueden ofrecer menos oportunidades para denunciar, escapar o recibir protección oportuna.

Gráfico 4. Número absoluto de feminicidios verificados por provincia o territorio. No representa tasas poblacionales.

Treinta y dos feminicidios (65,3 %) ocurrieron en zonas urbanas y 17 (34,7 %) en zonas rurales: más de uno de cada tres. La ruralidad puede añadir barreras concretas de acceso a justicia, transporte, conectividad, salud y servicios especializados. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha advertido específicamente sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres rurales cubanas para acceder a tribunales, empleo formal, salud y recursos económicos, y sobre la elevada carga de trabajo no remunerado que asumen. En un contexto de violencia, esas desigualdades reducen las posibilidades materiales de pedir ayuda, trasladarse o sostener una separación.

Gráfico 5. Feminicidios verificados según zona urbana o rural.

3.4. Tipo de feminicidio

El feminicidio íntimo es la forma dominante de violencia letal: 38 de los 49 casos (77,6 %). Los feminicidios no íntimos y familiares suman 4 casos cada uno (8,2 %); los vinculados o vicarios, 2 (4,1 %); y otros feminicidios, 1 (2,0 %). El predominio de la violencia íntima confirma una continuidad ya observada por OGAT en informes anteriores: el principal peligro para las mujeres no proviene de un agresor desconocido, sino de relaciones afectivas atravesadas por control, coerción, desigualdad y violencia previa.

Gráfico 6. Tipología de los 49 feminicidios según la clasificación del registro.

3.5. Vínculo entre víctima y agresor: predominio de exparejas

Veinticinco víctimas fueron asesinadas por exparejas o exconvivientes (51,0 %) y 12 por parejas, convivientes o vínculos afectivos actuales (24,5 %). En conjunto, 37 de 49 mujeres —tres de cada cuatro— fueron asesinadas por una pareja o expareja. Si se añaden familiares y personas conocidas, la proximidad relacional aparece como el rasgo dominante del registro. La violencia feminicida se construye, en la mayoría de los casos, dentro de vínculos preexistentes en los que el agresor conoce rutinas, redes, lugares de residencia y condiciones de vulnerabilidad de la víctima.

El peso de las exparejas es especialmente significativo: representan 25 de los 37 feminicidios cometidos por pareja o expareja (67,6 %). La ruptura, por tanto, no marca necesariamente el fin del peligro. Cuando existen amenazas, acoso, control coercitivo o denuncias previas, la separación puede convertirse en una etapa crítica que requiere medidas de protección sostenidas, vigilancia del agresor y apoyo material para que la mujer pueda reorganizar vivienda, cuidados y sustento sin quedar expuesta.

Gráfico 7. Vínculo registrado entre víctima y agresor.

3.6. Lugar del hecho: el hogar como escenario de riesgo, pero no como frontera

Treinta y dos de los 49 feminicidios (65,3 %) ocurrieron en viviendas: 14 en la vivienda de la víctima, 9 en la vivienda compartida, 6 en otra vivienda y 3 en la vivienda del agresor. Diez ocurrieron en espacios públicos, 3 en terrenos baldíos o basurales, 3 en otros lugares y 1 permanece indeterminado. El hogar continúa siendo el principal escenario de violencia letal, precisamente allí donde debería existir mayor seguridad.

La concentración doméstica debe leerse junto con la crisis habitacional y la inexistencia de una red de refugios. Para una mujer amenazada, abandonar el hogar implica conseguir vivienda, ingresos, transporte, alimentos y protección para hijas e hijos. Pero salir de la vivienda tampoco elimina automáticamente el riesgo: 9 de los 10 feminicidios ocurridos en espacios públicos fueron íntimos. El control y la persecución pueden continuar en la calle, el trabajo, los trayectos cotidianos o los espacios de encuentro.

Gráfico 8. Lugar del hecho registrado en el registro verificable.

3.7. Modalidad del crimen

El arma blanca fue la modalidad principal en 32 casos (65,3 %). Se registraron además 5 degollamientos o decapitaciones, 3 muertes por asfixia o estrangulamiento, 3 por golpes, y casos aislados por arma de fuego, ahorcamiento, objetos contundentes, desmembramiento y caída desde altura. El predominio de instrumentos de uso cotidiano y de formas que requieren contacto físico directo es coherente con el carácter íntimo y de proximidad de gran parte de los feminicidios.

Estas modalidades no son un detalle accesorio. Estrangulamientos, degollamientos, mutilaciones y ataques repetidos expresan control sobre el cuerpo de las víctimas, ensañamiento y castigo. La lectura desde derechos humanos exige mirar no solo el medio utilizado, sino la continuidad de violencias que lo antecede y el grado de dominación y crueldad ejercido antes, durante y después del crimen.

Gráfico 9. Modalidad principal del crimen.

3.8. Agravantes y otras modalidades empleadas

En 46 de los 49 casos existen otros agravantes o modalidades. Entre los agravantes específicamente identificados aparecen golpes, uso reiterado de arma blanca, degollamiento, abandono u ocultamiento del cuerpo en bolsas o sacos, objetos contundentes, desmembramiento y mutilaciones. Estas prácticas muestran que una parte de la violencia feminicida incorpora acciones de degradación, exposición u ocultamiento del cuerpo que prolongan simbólicamente la agresión más allá de la muerte.

Una agravante que se observa y califica dentro de “otros” es el ensañamiento, un tipo de crueldad que se manifiesta de diferentes formas y denota cosificación y odio del agresor contra la víctima, y probablemente contra las mujeres en general. 

La dificultad para reconstruir todos los agravantes no es solo un problema del registro. Está relacionada con la falta de acceso público a peritajes, expedientes policiales y judiciales e información forense. Esa opacidad impide conocer con precisión la secuencia de violencia, identificar patrones de ensañamiento y evaluar la actuación institucional en cada caso.

3.9. Violencia sexual asociada

La violencia sexual está confirmada en 4 feminicidios y permanece sin determinar en otros 8. Estas cifras no deben leerse como una baja presencia de violencia sexual, sino dentro de un contexto donde el acceso a peritajes y expedientes es excepcional y donde la violencia sexual continúa rodeada de silencios, estigma y escasa transparencia institucional. Cuando está presente, la agresión sexual añade una dimensión específica de dominación sobre el cuerpo de mujeres y niñas y exige investigación y respuesta diferenciadas.

3.10. Edad y ciclo vital

La edad está identificada numéricamente en 47 de las 49 víctimas y va de 7 a 81 años. Cinco eran menores de 18 años, 12 tenían entre 18 y 29, 16 entre 30 y 44, 11 entre 45 y 59 y 3 tenían 60 años o más. Veintiocho de las 47 víctimas con edad conocida —casi seis de cada diez— tenían entre 18 y 44 años, etapas en las que suelen concentrarse relaciones de pareja, maternidad, crianza, inserción laboral y responsabilidades económicas y de cuidados.

Gráfico 10. Distribución por grupos de edad. El denominador con edad numérica disponible es de 47 casos.

Las cinco víctimas menores de edad —Katherine Cruz Aguilera (14), Gabriela Herrera Rodríguez (7), Camila Aguilera Peña (12), Merlin Noay (17) y Camila González Arias (17)— muestran que la violencia feminicida contra niñas y adolescentes adopta formas diferentes: familiar, no íntima, vinculada o vicaria e íntima. La edad obliga a incorporar protección reforzada, detección de abuso y violencia sexual, análisis de relaciones asimétricas con adultos y protocolos que no naturalicen como “pareja” vínculos atravesados por desigualdades profundas de poder.

En el otro extremo del ciclo vital, tres víctimas tenían 60 años o más. La violencia contra mujeres mayores se inserta en un país envejecido y con una crisis de cuidados cada vez más profunda. Dependencia física, enfermedad, aislamiento, precariedad económica y pérdida de redes familiares pueden incrementar la desprotección. El caso de Lenia Valdés Amador, de 81 años y encamada, herida durante el ataque contra su hija y falleció días después, muestra además cómo un feminicidio puede extenderse a otras mujeres del núcleo familiar.

3.11. Ciudadanía, discapacidad y múltiples agresores

Las 49 víctimas figuran como mujeres nacionales cubanas. Este dato no reduce el campo de observación de OGAT, que contempla otras identidades y condiciones cuando aparecen casos verificables; describe el universo confirmado para este corte. Su homogeneidad en ciudadanía también confirma que el fenómeno analizado es esencialmente interno y debe ser asumido como una obligación directa de protección del Estado cubano.

Una víctima tenía una discapacidad registrada y una anciana que en el momento del asesinato se encontraba encamada. La discapacidad exige una lectura específica porque puede aumentar dependencia, barreras de comunicación y dificultades de acceso a justicia y protección. La CEDAW ha señalado que las mujeres y niñas con discapacidad en Cuba —especialmente cuando además son rurales o afrodescendientes— enfrentan discriminaciones interseccionales y medidas de protección frente a la violencia que no siempre son accesibles.

El registro identifica un solo caso con múltiples agresores, 47 con un agresor y 1 con dato incierto. Aunque numéricamente excepcional, esta primera variable sigue siendo necesaria para reconocer situaciones de participación colectiva, violencia organizada o intervención de terceros en el crimen.

3.12. Dimensión racial: mujeres afrodescendientes y mujeres blancas

La variable racial identifica 23 víctimas afrodescendientes o negras, 23 mujeres blancas y 3 casos en los que no fue posible establecer el dato. Por tanto, las mujeres afrodescendientes representan el 46,9 % de los 49 feminicidios verificados y exactamente el 50 % de los 46 casos con identificación racial. Esta proporción es especialmente relevante frente al 35,9 % de población afrodescendiente señalado por el Comité de la CEDAW para Cuba: el registro apunta a una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes entre las víctimas que no puede tratarse como un dato marginal.

La desigualdad racial aparece además entrecruzada con otros rasgos. De las 23 víctimas afrodescendientes, 20 fueron víctimas de feminicidio íntimo y 19 fueron asesinadas por pareja o expareja; 12 tenían menores de edad a cargo; 8 realizaban trabajo doméstico o de cuidados no remunerado; y 7 vivían en zonas rurales. Entre las 22 víctimas afrodescendientes con edad conocida, 11 tenían menos de 30 años, frente a 5 de las 22 mujeres blancas con edad conocida. El grupo afrodescendiente aparece así más concentrado en edades jóvenes y fuertemente expuesto a violencia íntima, cuidados y responsabilidades familiares. Este patrón coincide con las alertas formuladas por la CEDAW y por el informe presentado por OGAT ante el CERD sobre discriminación racial, pobreza, precariedad territorial y menor acceso a protección.

Gráfico 11. Distribución racial de las 49 víctimas: 23 afrodescendientes/negras, 23 blancas y 3 sin dato.

Fuentes: observaciones finales de la CEDAW · informe de OGAT al CERD · Informe Anual OGAT 2025

3.13. Ocupación, trabajo no remunerado y cuidados

La ocupación revela otra dimensión estructural de la violencia. Dieciséis víctimas realizaban trabajo doméstico o de cuidados no remunerado (32,7 %), 11 tenían empleo formal, 5 eran estudiantes, 4 trabajaban en la informalidad o en condiciones precarizadas, 2 eran jubiladas o pensionadas y 1 tenía otra ocupación; en 10 casos no se conoce el dato. Solo 11 de las 49 víctimas estaban registradas como trabajadoras formales, mientras 20 se encontraban en trabajo no remunerado o informal/precarizado. El peso de estas categorías obliga a incorporar autonomía económica y protección social al análisis de prevención.

El cruce es más contundente en la violencia íntima: las 16 mujeres dedicadas al trabajo doméstico o de cuidados no remunerado fueron víctimas de feminicidio íntimo; 10 fueron asesinadas por exparejas y 5 por parejas actuales. El trabajo de cuidados, cuando no genera ingresos propios ni derechos laborales suficientes, puede reforzar dependencia material, permanencia en viviendas compartidas y dificultades para sostener una ruptura. La CEDAW ha advertido además que las mujeres rurales cubanas dedican una proporción muy elevada de su tiempo laboral a trabajo no remunerado y enfrentan oportunidades limitadas de empleo formal. La prevención debe incluir ingresos, vivienda, transporte, servicios de cuidado y protección social, no solo respuestas policiales posteriores.

Gráfico 12. Ocupación registrada de las víctimas.

3.14. Menores a cargo y expansión del daño familiar

Veintiséis de las 49 víctimas (53,1 %) tenían menores de edad a cargo. En esos casos, el registro identifica al menos 40 niñas, niños o adolescentes dependientes. Más de la mitad de los feminicidios verificados, por tanto, dejaron un impacto directo sobre menores cuya vida cotidiana, cuidados y seguridad dependían de la víctima.

El daño intergeneracional es especialmente visible en la violencia íntima: en 23 de las 26 víctimas con menores a cargo (88,5 %), el agresor era pareja o expareja. Hijas e hijos pueden perder a su madre y, al mismo tiempo, quedar privados de su padre cuando este es detenido, encarcelado o muere; pueden presenciar el crimen, cambiar de hogar o escuela y pasar al cuidado de abuelas u otros familiares también empobrecidos. El feminicidio produce así una cadena de víctimas (in)directas que exige reparación económica, acompañamiento psicosocial y garantías educativas y de cuidado.

Gráfico 13. Registro de menores de edad a cargo de la víctima.

3.15. Embarazo

Dos víctimas estaban embarazadas y ambas fueron asesinadas por exparejas. El dato coloca el embarazo dentro de una combinación de especial vulnerabilidad: ruptura de pareja, necesidad de atención sanitaria, dependencia de redes de cuidado y riesgo de violencia previa. El asesinato de una mujer embarazada destruye dos proyectos de vida y agrava el impacto familiar; requiere que los servicios de salud sexual y reproductiva incorporen detección y derivación temprana de situaciones de violencia.

3.16. Denuncias previas: señales conocidas y gran volumen de información faltante

De los 49 casos analizados, en 12 (24,5 %) consta que el agresor había recibido denuncias previas, mientras que en 9 (18,4 %) consta que no las hubo. Sin embargo, el dato más significativo es que en 28 casos (57,1 %) no existe información suficiente para determinar este antecedente. Es decir, en casi seis de cada diez feminicidios analizados no fue posible conocer si existían denuncias previas contra el agresor.

Este vacío forma parte de una dificultad más amplia para obtener información sobre los agresores, especialmente acerca de antecedentes de violencia, denuncias previas, ocupación y otras características relevantes. La falta de estos datos limita la identificación de patrones y factores de riesgo que podrían contribuir a la prevención y a evaluar si existieron oportunidades de intervención antes del feminicidio.

Gráfico 14. Denuncias previas contra el agresor: 12 confirmadas, 9 sin denuncias conocidas y 28 casos sin información pública suficiente.

3.17. Edad del agresor y límites para perfilar victimarios

Solo 12 expedientes contienen una edad numérica utilizable del agresor; van de 17 a 66 años y la mediana es 38. Esta base es insuficiente para definir un perfil etario general. Sin embargo, la escasez misma del dato revela una asimetría: se conoce mucho más de la vida de las víctimas que de los antecedentes, edad, medidas cautelares y trayectoria de violencia de los agresores.

La ausencia de información sobre los victimarios limita la prevención. Edad, antecedentes, denuncias, incumplimientos de medidas de protección, acceso a armas, amenazas y conducta posterior son datos básicos para estudiar riesgo feminicida. Cuando los expedientes policiales y judiciales permanecen cerrados, la sociedad civil puede contar víctimas, pero tiene menos herramientas para reconstruir las fallas que precedieron a cada muerte.

4. Hallazgos integrados y patrones

El entrecruzamiento de variables permite pasar del conteo a la identificación de patrones útiles para la prevención. Los hallazgos que siguen reúnen dimensiones que se repiten en distintos casos y muestran cómo género, vínculos afectivos, cuidados, raza, edad, territorio y respuesta institucional se acumulan en la experiencia de las víctimas.

4.1. Separación, denuncias previas y continuidad del control

La expareja es el agresor más frecuente: 25 casos. En 9 de los 13 feminicidios cometidos por exparejas con información disponible existían denuncias previas. A la vez, 9 de los 10 crímenes ocurridos en espacios públicos fueron feminicidios íntimos. Juntos, estos datos muestran que separarse y abandonar la vivienda no garantizan seguridad cuando el agresor conserva capacidad de vigilancia, persecución o acceso a la víctima. La prevención debe concentrarse en el periodo posterior a la ruptura y no limitarse al momento de la denuncia.

4.2. Hogar, vivienda y ausencia de refugios

Dos de cada tres feminicidios ocurrieron en viviendas. En un país con crisis habitacional, escasez de ingresos y ausencia de una red pública suficiente de refugios, la vivienda se convierte en una dimensión central de la protección. Exigir a una mujer que “se vaya” sin ofrecer un lugar seguro, recursos y apoyo para sus hijos traslada sobre ella la responsabilidad de resolver el riesgo creado por el agresor y no constituye una política de prevención.

4.3. Cuidados, autonomía económica y daño intergeneracional

Las 16 víctimas dedicadas al trabajo doméstico o de cuidados no remunerado fueron víctimas de feminicidio íntimo. Al mismo tiempo, 26 mujeres tenían menores a cargo y al menos 40 menores dependían de ellas. El cuidado aparece así en dos niveles: como trabajo invisibilizado que puede restringir autonomía económica y como responsabilidad que multiplica el daño cuando la mujer es asesinada. Las políticas de protección deben garantizar ingresos, vivienda, servicios de cuidados y reparación para quienes quedan a cargo de niñas y niños.

4.4. Ciclo vital: niñas, adolescentes, embarazo y mujeres mayores

Las víctimas van de 7 a 81 años. Cinco eran menores, dos estaban embarazadas y tres tenían 60 años o más. La violencia feminicida atraviesa todo el ciclo vital, pero no afecta de la misma manera a cada grupo. Niñas y adolescentes requieren protección frente a abuso, violencia sexual y relaciones asimétricas; las embarazadas necesitan detección de violencia en los servicios de salud; y las mujeres mayores pueden enfrentar aislamiento, dependencia física y crisis de cuidados. Una política única e indiferenciada deja fuera esas necesidades concretas.

4.5. Dimensión racial: sobrerrepresentación y desigualdad interseccional

Las mujeres afrodescendientes/negras representan la mitad de los casos con identificación racial, frente al 35,9 % de población afrodescendiente señalado por la CEDAW. La sobrerrepresentación se combina con un fuerte peso de la violencia íntima: 20 de las 23 víctimas afrodescendientes fueron clasificadas en esa tipología y 19 fueron asesinadas por pareja o expareja. Además, 11 de las 22 víctimas afrodescendientes con edad conocida tenían menos de 30 años. La raza no es un adjetivo del caso: organiza desigualdades de empleo, pobreza, vivienda, trato institucional y acceso a recursos que pueden reducir las posibilidades de protección.

4.6. Ruralidad, trabajo no remunerado y barreras materiales de salida

De los 17 feminicidios rurales, la ocupación está definida en 12 casos y solo 4 correspondían a empleo formal. Cuatro víctimas rurales realizaban trabajo doméstico o de cuidados no remunerado y otra trabajaba en condiciones informales o precarizadas. El cruce confirma que para una parte de las mujeres rurales la violencia puede coexistir con baja autonomía económica, distancia de servicios y dificultades de transporte. Las recomendaciones de la CEDAW sobre empleo formal, justicia accesible y servicios básicos para mujeres rurales adquieren aquí una traducción directa en prevención de violencia.

4.7. Mujeres afrodescendientes, cuidados y territorio

Doce de las 23 víctimas afrodescendientes tenían menores a cargo, 8 realizaban trabajo doméstico o de cuidados no remunerado y 7 residían en zonas rurales. El patrón reproduce varios de los factores señalados por OGAT ante el CERD: racismo estructural, pobreza, precariedad laboral, sobrecarga de cuidados y barreras territoriales no operan por separado, sino que pueden acumularse y estrechar las opciones de salida frente a la violencia. La respuesta estatal necesita medidas específicas para mujeres afrodescendientes y no una política supuestamente universal que ignore desigualdades históricas.

4.8. Información conocida antes del crimen y obligación de prevenir

El dato de las denuncias previas convierte una parte del registro en una pregunta directa sobre responsabilidad institucional. Cuando existen alertas conocidas, la obligación del Estado no se cumple con recibir la denuncia: debe evaluar riesgo, impedir acercamientos, garantizar refugio y seguimiento, proteger a menores y reaccionar ante amenazas o incumplimientos. Los feminicidios posteriores a denuncias deben ser revisados como posibles fallas de prevención y no solo como expedientes penales una vez consumada la muerte.

La lógica del informe es, por tanto, preventiva. Los datos no se recogen para describir retrospectivamente la violencia, sino para identificar dónde una intervención pudo haber cambiado el desenlace. Cada patrón —ruptura, denuncia, vivienda compartida, dependencia económica, cuidados, ruralidad, racismo, edad o embarazo— debe traducirse en medidas concretas antes del siguiente caso.

Gráfico 15. Ocupación de las víctimas en zonas rurales. El gráfico muestra la baja presencia de empleo formal entre los casos rurales con ocupación conocida; no equipara estudio, jubilación o trabajo de cuidados con desempleo.

Fuentes: registro verificable nominal OGAT 2026 · CEDAW: mujeres rurales

4.9. Raza, violencia íntima y responsabilidades de cuidado

Entre las 23 víctimas afrodescendientes/negras, 20 fueron víctimas de feminicidio íntimo, 19 fueron asesinadas por pareja o expareja, 12 tenían menores a cargo, 8 realizaban trabajo doméstico o de cuidados no remunerado y 7 vivían en zonas rurales. Estos cruces muestran que la dimensión racial se entrelaza con vínculos de control, trabajo de cuidados y desigualdades territoriales. No se trata de añadir la raza como una etiqueta descriptiva, sino de reconocer cómo modifica las condiciones materiales desde las que una mujer enfrenta la violencia.

El informe presentado por OGAT ante el CERD ya había documentado en 2024 una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes entre las víctimas y reclamado políticas con enfoque racial y territorial. Los datos de enero-agosto de 2026 refuerzan esa alerta: la proporción afrodescendiente alcanza el 46,9 % del total y el 50 % de los casos con raza conocida. La persistencia del patrón exige datos oficiales desagregados, refugios y equipos móviles en territorios periféricos y rurales, protección económica y formación antirracista para policía, fiscalía y tribunales.

Gráfico 16. Cruces seleccionados entre las 23 víctimas afrodescendientes/negras. Las categorías se superponen y muestran la acumulación de violencia íntima, cuidados y desigualdades territoriales.

Fuentes: informe al CERD sobre mujeres afrodescendientes · observaciones finales de la CEDAW

5. Opacidad estatal y vacíos de información

5.1. Vacíos de información: lo que el registro no puede reconstruir sin acceso estatal

El registro no debe evaluarse solo por lo que contiene, sino también por lo que no puede contener. Las principales brechas se concentran en denuncias previas (28 casos sin dato definido), edad del agresor (37 sin edad numérica), ocupación de la víctima (10), violencia sexual (8) y origen étnico (3). En dos casos no existe una edad numérica de la víctima, en tres se desconoce si tenía menores a cargo y en uno no se conoce el lugar del hecho.

Estos vacíos no son equivalentes a errores de registro. En gran medida reflejan un entorno informativo restringido. Una política pública transparente permitiría documentar mejor las señales previas y evaluar qué ocurrió cuando hubo denuncias, si se dictaron medidas, cuánto demoró la respuesta y qué falló. La falta de trazabilidad dificulta aprender de cada muerte para prevenir la siguiente. El observatorio oficialista es opaco frente a estas variables, aun teniendo todas las posibilidades para registrarlas.

Gráfico 17. Casos sin información utilizable en variables seleccionadas.

6. Intentos de feminicidio: la parte sobreviviente de la violencia letal

Hasta el 29 de agosto de 2026, OGAT contabilizaba 21 intentos de feminicidio verificados. Un intento no es un episodio “menor” frente al feminicidio consumado: implica una agresión con potencial letal y puede dejar secuelas físicas, psicológicas, económicas, laborales y familiares de larga duración.

El seguimiento de los intentos cumple una función preventiva decisiva. Permite identificar agresores, modalidades, antecedentes, lugares y respuestas institucionales antes de que una nueva agresión sea mortal. También coloca en el centro a las sobrevivientes, que necesitan medidas de protección sostenidas y no solo atención de emergencia.

El mismo corte público señalaba que OGAT investigaba otros 18 intentos alertados durante 2026. Estos casos se mantienen separados de los 21 verificados hasta cumplir los criterios de confirmación. La distinción entre alerta, investigación y caso confirmado es esencial para preservar la calidad del registro.

7. Hombres asesinados en contextos de violencia feminicida

OGAT registra dos hombres asesinados durante 2026 en contextos de violencia feminicida. Esta categoría no transforma esos homicidios en feminicidios ni desplaza el foco de la violencia contra las mujeres. Permite documentar el alcance del ataque cuando el agresor mata también a una pareja actual, familiar, persona que interviene para auxiliar o tercero vinculado a la escena.

El registro de víctimas colaterales o vinculadas ayuda a comprender que un ataque feminicida puede convertirse en un episodio de violencia múltiple. También es relevante para reparaciones, acompañamiento de familias y medición del daño comunitario. En esta edición se conserva el total agregado de dos casos, porque no se dispone de un registro individual completo equivalente a la utilizada para los 49 feminicidios.

8. Revictimización y tratamiento público de las víctimas

Durante 2026, OGAT incorporó de forma más explícita la revictimización como problema de observancia, comunicación y prevención. La violencia puede continuar después del ataque cuando la víctima es culpada, humillada, expuesta o convertida en objeto de juicio moral por sus decisiones afectivas, su edad, su sexualidad, una separación, un regreso a la relación o la decisión de denunciar o no denunciar.

Los casos de Merlin Noay y Yolexis Virgen Arias Oroceno fueron utilizados por OGAT para explicar dos mecanismos frecuentes. En el primero, parte de la conversación pública desplazó la atención hacia lo que una adolescente hizo o dejó de hacer; en el segundo, la diferencia de edad entre la víctima y su presunta pareja se convirtió en una especie de coartada moral para juzgarla. En ambos casos, la vida de la víctima y prejuicios hacia ella ocuparon el lugar que correspondía a la conducta violenta del agresor y, de alguna manera, la opinión pública justificó la violencia feminicida

La idea de la “víctima perfecta” establece un estándar imposible: para merecer empatía, la mujer tendría que haberse ido a tiempo, no haber vuelto, haber denunciado, haber elegido “bien” a su pareja y haber actuado siempre de la manera que otros consideran correcta. Ese estándar es incompatible con un enfoque de derechos y con la evidencia científica corroborada del ciclo del maltrato en la pareja, y de cómo se comporta una mujer afectada por esta causa. Una mujer maltratada suele contradecirse, regresar con el agresor, decidir no denunciar y sostener una relación que otros no comprendan; nada de ello transfiere la responsabilidad de la violencia.

La revictimización no ocurre solo en redes sociales. Sucede cuando familiares y personas allegadas ocultan el feminicidio por considerar que la víctima provocó su muerte violenta. Puede producirse en medios, familias, hospitales, estaciones de policía, fiscalías y tribunales cuando las preguntas o procedimientos desplazan el foco hacia la conducta de la víctima, exponen datos íntimos innecesarios o reproducen estereotipos. En un sistema de documentación responsable, verificar no significa publicar todo lo que se conoce.

Cambiar la preguntaEn lugar de preguntar “¿por qué no se fue?” o “¿por qué volvió?”, la prevención debe preguntar: ¿quién ejerció la violencia?, ¿qué señales existían?, ¿qué protección tenía disponible?, ¿quién debía actuar?, ¿qué hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones y el entorno?

Fuentes: Alas Tensas · Las matan y todavía las culpan · OGAT · materiales de formación sobre revictimización

9. Suicidio feminicida y otras categorías bajo observación

El suicidio feminicida permite identificar muertes en las que la decisión de una mujer de quitarse la vida aparece vinculada de manera determinante con una trayectoria de violencia: agresiones físicas o sexuales, violencia psicológica, coerción, control, acoso, amenazas o maltrato continuado. La categoría obliga a mirar lo ocurrido antes de la muerte y evita que una historia de violencia desaparezca cuando el certificado final registra únicamente un suicidio.

Al cierre de agosto, OGAT observaba como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González. El caso no forma parte de los 49 feminicidios confirmados analizados en este informe. La utilidad de esta línea de seguimiento es evitar que consecuencias extremas de la violencia queden invisibilizadas por no adoptar la forma de un homicidio directo, sin sacrificar rigor ni convertir hipótesis en hechos.

No todo suicidio posterior a una relación violenta puede clasificarse como suicidio feminicida. El vínculo debe investigarse reconstruyendo antecedentes, duración e intensidad del maltrato, denuncias, medidas de protección, amenazas, testimonios de familiares y amistades, comunicaciones de la víctima y otros elementos disponibles. La causalidad no se presume: se documenta y se evalúa en conjunto.

La categoría tampoco tiene una única definición internacional. El MESECVI incorporó en su Ley Modelo Interamericana el “suicidio feminicida por inducción o ayuda”, de alcance jurídico más acotado. Los observatorios feministas pueden utilizar una categoría de observación más amplia para estudiar si la violencia sufrida fue un factor decisivo en la muerte, aun cuando no exista una orden explícita del agresor. OGAT comenzó a trabajar el concepto en 2023 y lo incorporó formalmente como tipología de observación en 2025.

En Cuba, la identificación de estos casos es especialmente compleja porque exige cruzar información sanitaria, policial, judicial y social que no está disponible de manera pública. Una muerte puede quedar registrada sanitariamente como suicidio sin que se investigue de forma visible la violencia previa. 

Reconocer esta categoría también es una medida de prevención. Si la violencia de pareja y la violencia sexual elevan el riesgo de depresión, estrés postraumático, ansiedad e intentos de suicidio, los sistemas de atención deben identificar esas trayectorias antes de que se produzca una muerte. Invisibilizar la violencia previa no hace más rigurosa la estadística: reduce la capacidad de comprender el riesgo y de intervenir.

Fuentes: Suicidio feminicida: el vínculo invisible entre maltrato y muerte

10. Casos bajo investigación y derecho de acceso a la información

El corte público del 29 de agosto señalaba que OGAT investigaba 14 posibles feminicidios y 18 intentos alertados durante 2026. Permanecían además bajo investigación 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025. Las alertas no se suman al total confirmado mientras no alcancen el nivel de certeza exigido por la metodología.

OGAT ha señalado la necesidad de acceder a los informes de investigación de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. La imposibilidad de consultar información policial, forense y judicial suficiente es uno de los principales obstáculos para cerrar casos, descartar hipótesis y evaluar actuación institucional.

El acceso a información no implica publicar datos sensibles. Un sistema compatible con derechos humanos puede proteger privacidad y, al mismo tiempo, informar fecha y lugar del hecho, relación víctima-agresor, denuncias previas, medidas de protección, actuaciones policiales, estado procesal y criterios estadísticos. Esa trazabilidad es necesaria para la prevención y rendición de cuentas.

11. Desapariciones: continuidad del monitoreo y actualización pendiente de 2026

Las desapariciones constituyen una línea de denuncia y observación de OGAT porque exponen otra dimensión de la desprotección estatal. En Cuba no existe un registro público que permita conocer cuántas personas están desaparecidas, cuándo comenzó su búsqueda, qué institución la dirige, qué diligencias se han realizado o cuál fue el desenlace. Tampoco existe un sistema nacional de alerta ciudadana similar a la Alerta Amber ni mecanismos estables de acompañamiento psicológico y jurídico para las familias. Ante estas carencias, muchas búsquedas comienzan por iniciativa de familiares y vecinos a través de las redes sociales y posteriormente son amplificadas por medios de prensa independientes, que desempeñan un papel fundamental en la denuncia de estos casos.

Frente a este vacío, la sociedad civil impulsó en 2023 dos iniciativas de visibilización: la #AlertaYeniset y la #AlertaMayde. OGAT ha continuado documentando y difundiendo desapariciones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y personas mayores cuando existen condiciones de vulnerabilidad, riesgo de violencia o falta de respuesta institucional. Esta observación no presupone que todas las desapariciones estén relacionadas con violencia hacia las mujeres, sino que permite identificar posibles vínculos con violencia sexual, feminicida o familiar, explotación, deterioro cognitivo, abandono o fallas de protección.

La experiencia de documentación de 2025 mostró que una desaparición puede cambiar de clasificación a medida que aparecen nuevos elementos. Personas inicialmente reportadas como desaparecidas fueron halladas sin vida y algunos casos requirieron determinar si existió feminicidio u otra forma de violencia. Por ello, OGAT mantiene un registro vivo, que documenta tanto la alerta como su desenlace y actualiza la clasificación cuando existe información suficiente.

Durante los meses de enero y agosto de 2026, OGAT dio seguimiento a 22 personas reportadas como desaparecidas. De ellas, 17 fueron localizadas con vida (77,3 %), una fue hallada muerta y cuatro permanecen desaparecidas. Estas cuatro alertas activas corresponden exclusivamente a desapariciones registradas en 2026; OGAT mantiene además alertas abiertas de años anteriores.

Los menores representan un grupo significativo: ocho de las 22 personas eran niñas, niños o adolescentes (36,4 %). Siete tenían entre 13 y 17 años y una era un bebé recién nacido. Las edades conocidas abarcan desde ese recién nacido hasta una mujer de 69 años, lo que muestra que las desapariciones monitoreadas afectan a diferentes grupos etarios.

OGAT pudo verificar directamente al menos 13 casos (59,1 %), principalmente mediante comunicación con familiares o personas cercanas. En los restantes, la información procedió de familiares, activistas, medios o redes sociales, sin que siempre fuera posible establecer contacto directo para completar la verificación.

Asimismo, cinco de las personas reportadas (22,7 %) presentaban problemas relacionados con la salud mental, entre ellos enfermedad psiquiátrica, demencia senil y otras condiciones descritas por las fuentes como problemas de salud mental o “problemas nerviosos”. Los datos muestran así dos factores relevantes de vulnerabilidad: más de un tercio de las personas reportadas eran menores de edad y casi una cuarta parte presentaba algún padecimiento relacionado con la salud mental.

El único caso con desenlace mortal fue el de Yarenia García Mariné, de 36 años, víctima de feminicidio. Había sido reportada en paradero desconocido desde el 15 de mayo y fue hallada sin vida el 18 de mayo en Palancón, Las Tunas. Según la verificación realizada por OGAT, el presunto agresor era un conocido de la víctima y fue apresado. 

12. Conclusiones

1. Los feminicidios verificados muestran una aceleración grave en 2026. El registro alcanza 49 casos en ocho meses, la misma cifra que reúne todo el registro anual actualizado de 2025. Frente a los 34 casos documentados entre enero y agosto de 2025, el aumento es del 44,1 %.

2. La violencia íntima es el núcleo del problema: 38 de 49 casos son feminicidios íntimos y 37 víctimas fueron asesinadas por pareja o expareja. Las exparejas, por sí solas, concentran más de la mitad del total.

3. La ruptura debe considerarse una fase prioritaria de prevención. Entre los casos cometidos por exparejas con información definida sobre denuncias, 9 de 13 registran denuncias previas. El patrón exige evaluación de riesgo y protección sostenida después de la separación.

4. El hogar concentra 32 de los 49 hechos, pero no delimita el riesgo. Nueve de los 10 feminicidios ocurridos en espacios públicos fueron íntimos, lo que evidencia persecución o continuidad de la violencia fuera de la vivienda.

5. El daño es intergeneracional. Veintiséis víctimas tenían menores a cargo y el registro consigna al menos 40 menores dependientes. Las políticas deben reconocer a hijas, hijos y cuidadores sustitutos como víctimas (in)directas con derechos a apoyo psicosocial, económico y educativo.

6. La violencia atraviesa todo el ciclo vital. Cinco víctimas eran menores de 18 años y tres mayores de 60. Infancia, adolescencia y vejez requieren respuestas diferenciadas y coordinación entre protección infantil, salud, cuidados, policía, justicia y servicios sociales.

8. La violencia feminicida presenta una dimensión racial que no puede seguir siendo secundaria. Veintitrés víctimas eran afrodescendientes/negras y 23 blancas; entre los casos con raza conocida, las afrodescendientes representan el 50 %, por encima del 35,9 % de población afrodescendiente señalado por la CEDAW. El patrón se concentra además en violencia íntima, edades jóvenes y responsabilidades de cuidado, y exige políticas específicas frente al racismo estructural y la desprotección.

9. Los 21 intentos verificados muestran que la violencia letal no puede medirse solo a través de muertes. Las sobrevivientes requieren protección continuada, y sus casos ofrecen información crítica para prevenir nuevas agresiones.

10. La opacidad del régimen cubano limita la prevención y la rendición de cuentas. Se desconoce la existencia de denuncias previas en 28 casos y la edad del agresor en 37. La falta de acceso a expedientes policiales, forenses y judiciales impide reconstruir señales de riesgo y evaluar qué hicieron —o dejaron de hacer— las instituciones antes de cada muerte.

11. Contar sentencias no basta. La organización de los datos del OCIG por año de proceso judicial impide leerlos como incidencia anual de feminicidios y puede excluir casos que nunca llegan a sentencia. Cuba necesita un sistema por fecha del hecho, nominal o trazable, actualizado y orientado a prevención.

12. Cuba atraviesa un colapso de funciones estatales esenciales que agrava la desprotección. La crisis económica, alimentaria, sanitaria, energética, demográfica y de cuidados reduce recursos de salida, movilidad, vivienda, salud y apoyo social. En este escenario, prevenir la violencia exige reconstruir capacidades públicas de protección y no descargar la supervivencia sobre las propias mujeres y sus familias.

14. La continuidad de la observancia independiente es una necesidad de derechos humanos. El cierre del observatorio de feminicidios de YSTCC muestra el costo humano y material de sostener registros bajo represión, censura y precariedad; mantener redes de documentación seguras es parte de la infraestructura de prevención.

13. Recomendaciones

13.1. Al Estado cubano

• Aprobar una ley integral específica contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, con prevención, atención, protección, reparación, coordinación interinstitucional y mecanismos de rendición de cuentas.

• Reconocer jurídicamente el feminicidio con criterios claros de investigación y producción estadística, sin excluir casos por suicidio posterior del agresor o por ausencia de sentencia.

• Crear y financiar una red nacional, accesible y territorialmente distribuida de refugios y alojamientos seguros, incluida protección para mujeres con niñas y niños, mujeres mayores y mujeres con discapacidad.

• Establecer protocolos de evaluación de riesgo especialmente intensivos ante separación, amenazas, acoso, incumplimiento de medidas y denuncias previas.

• Publicar datos por fecha de ocurrencia y por fecha de resolución judicial, con metodología, criterios de inclusión, desagregación territorial y series históricas revisables.

• Garantizar acceso a información suficiente sobre investigaciones, protegiendo datos sensibles, pero permitiendo a familiares y organizaciones de derechos humanos conocer el estado de los casos.

• Desarrollar rutas especializadas para niñas y adolescentes que integren salud sexual y reproductiva, protección frente a violencia sexual, detección de relaciones asimétricas y acompañamiento psicosocial.

• Reconocer a hijas, hijos, personas mayores dependientes y otras víctimas indirectas del feminicidio dentro de mecanismos de reparación, apoyo económico, salud mental y continuidad educativa.

• Incorporar un enfoque interseccional obligatorio en la prevención: publicar y cruzar datos por raza, edad, territorio, ocupación, cuidados, discapacidad y vínculo con el agresor; crear medidas específicas para mujeres afrodescendientes y rurales; y garantizar empleo, transporte, asistencia jurídica, refugios y equipos móviles fuera de las capitales provinciales.

• Garantizar que la documentación independiente, el periodismo y la defensa de derechos humanos puedan realizarse sin hostigamiento, detención arbitraria, vigilancia o represalias.

    • Crear un protocolo nacional público de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, con alertas tempranas, coordinación interprovincial, información a las familias y datos actualizados sobre personas localizadas, casos activos y desenlaces.

    • Incorporar la violencia dentro de las relaciones sexoafectivas a la evaluación del riesgo suicida y establecer mecanismos para investigar posibles suicidios feminicidas cuando existan antecedentes de maltrato, coerción, amenazas o violencia sexual.

• Transformar los datos de feminicidio en políticas de prevención: evaluar cada caso con denuncias previas, identificar fallas institucionales, publicar resultados y corregir protocolos. 

13.2. A la FMC, OCIG y servicios oficiales de atención

• Publicar cobertura territorial, capacidad, número y características de usuarias, tiempos de respuesta, tipos de violencias identificadas, derivaciones y resultados de consejerías y servicios, con mecanismos independientes de evaluación.

• Distinguir claramente entre indicadores de participación femenina y resultados de protección frente a la violencia. La representación social no sustituye refugios, rutas de riesgo ni medidas de seguridad.

• Incorporar a organizaciones independientes y especialistas de sociedad civil en espacios técnicos, consultas y revisión de protocolos sin exigir subordinación política.

• Evitar discursos que romanticen la resiliencia doméstica de las mujeres en la respuesta a la crisis.

13.3. A medios, plataformas digitales y comunidades

• Evitar titulares y narrativas que presenten celos, discusiones, edad, sexualidad, decisiones afectivas o conducta de la víctima como explicación del crimen.

• Mantener al agresor y sus decisiones violentas como sujeto de la acción; distinguir hechos, indicios, versiones y rumores.

• Proteger a menores, sobrevivientes y familiares; no publicar datos íntimos que no aporten a comprender riesgos o responsabilidades.

• Moderar comentarios que culpabilicen, amenacen, sexualicen a menores o difundan información sensible, conservando evidencia cuando sea necesaria para denuncia.

·  Corroborar los hechos con varias fuentes antes de su publicación, así como que las fotos identificadas en redes sociales correspondan con la imagen real de víctima y victimario.

13.4. A organismos internacionales y donantes

• Sostener apoyo técnico, financiero y de seguridad a observatorios y redes independientes que documentan violencia en contextos restrictivos.

• Incorporar sistemáticamente información de sociedad civil en el seguimiento de recomendaciones de CEDAW, CERD, EPU y sistema interamericano.

• Exigir datos oficiales comparables y evaluación de las políticas financiadas o acompañadas por agencias internacionales, incluyendo cobertura, resultados y participación independiente.

• Apoyar programas de protección para defensoras, periodistas, observadoras, fuentes comunitarias y sobrevivientes expuestas a represalias.

14. Fuentes y referencias principales

Fuentes internas y registros de OGAT

• Registro verificable nominal de casos OGAT 2026: documento interno de trabajo, corte al 31 de agosto de 2026.

• Documento metodológico del Observatorio de Alas Tensas: monitoreo, verificación, documentación y difusión de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba. Actualización junio de 2026.

• Documentación para audiencia ante la CIDH sobre personas mayores: Aportes de OGAT, agosto de 2026.

Principales fuentes públicas consultadas

• Informe Anual OGAT 2025
• Comunicado de actualización del registro 2025
• Listado nominal de feminicidios 2026
• OCIG: análisis crítico de datos judiciales 2025
• Cuba se vacía y envejece
• Cuba: las cifras del hambre
• IX Estudio sobre Derechos Sociales (OCDH), agosto de 2026
• Madres que siguen siendo niñas
• Resolución 174/2025 y embarazo adolescente
• Violencia sexual: datos oficiales y límites
• FMC, UNFPA y respuesta institucional en 2026
• FMC: 66 años y brechas persistentes
• OGAT ante la CIDH sobre personas mayores
• Amnistía Internacional: violencia estatal contra mujeres en Cuba
• Prisoners Defenders: reporte de julio 2026
• Cubalex: violencia e inseguridad, agosto 2026
• Periodismo de Barrio: cierre del Observatorio de YSTCC
• CIDH: Informe Anual 2024, capítulo Cuba 
• CEDAW: observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Cuba
• Informe Cuba 2025 — repositorio 4Métrica
• OGAT fortalece su incidencia regional en Ciudad de México
• Informe al CERD: mujeres afrodescendientes frente a la violencia feminicida
• Contar sentencias no basta
• Suicidio feminicida: el vínculo invisible entre maltrato y muerte
• Desapariciones, vulnerabilidad y represión: hallazgos 2025
• OGAT en 2025: documentación, incidencia y desafíos