La protección que no llega: una solicitud de auxilio frente a la violencia machista en Cuba
Estudios científicos, testimonios y registros de feminicidios documentan las carencias de los mecanismos institucionales y la ausencia de refugios para mujeres en peligro.
El régimen cubano mantiene Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, líneas telefónicas de asistencia y protocolos contra la violencia machista, pero investigaciones académicas, testimonios de víctimas y declaraciones de las propias autoridades documentan deficiencias en su funcionamiento. A estas limitaciones se suma la ausencia de una red nacional de refugios que permita a las mujeres abandonar situaciones de peligro.
Hasta el 10 de noviembre de 2026, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) había verificado 63 feminicidios y 38 intentos de feminicidio en Cuba. Los asesinatos registrados en poco más de diez meses superan los 50 documentados durante todo 2025, según la actualización del observatorio independiente realizada el pasado 5 de noviembre.
Las deficiencias de los mecanismos institucionales también aparecen documentadas en investigaciones realizadas por académicas cubanas y en declaraciones de representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Estos antecedentes identifican problemas de coordinación, especialización y continuidad de la atención a las víctimas, mientras las organizaciones feministas independientes reclaman medidas que garanticen su protección efectiva.
Los feminicidios y las limitaciones de los registros oficiales
El Informe Anual 2025 del OGAT, elaborado inicialmente sobre 48 feminicidios verificados, identificó a la pareja o expareja como agresor en 40 casos (83,3 %). Asimismo, documentó que 30 de esos asesinatos (62,5 %) ocurrieron en el ámbito doméstico. El registro anual fue actualizado posteriormente a 50 feminicidios, tras incorporar nuevos casos.
La violencia en las relaciones de pareja también aparece en las estadísticas divulgadas por el régimen cubano. El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) informó que los tribunales juzgaron durante 2025 casos correspondientes a 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género.
Según esos registros, el 89,7 % de los crímenes ocurrió en el hogar, el 75,5 % de las víctimas carecía de vínculo laboral y 32 de las mujeres asesinadas tenían hijos e hijas menores, lo que dejó a 54 niños y niñas sin el cuidado de sus madres.
Sin embargo, las cifras oficiales y las del OGAT no son directamente comparables. Mientras el observatorio independiente registra los feminicidios según el año en que ocurrieron, las estadísticas estatales contabilizan los casos conocidos en procesos judiciales juzgados durante el período informado.
La profesora de Derecho de la Universidad de La Habana Arlín Pérez ha reconocido que las demoras judiciales impiden interpretar la disminución de casos juzgados como una reducción de los asesinatos. Según explicó a IPS Cuba, algunos procesos resueltos en 2025 correspondían a crímenes cometidos en años anteriores, debido a retrasos que pueden prolongarse durante dos o tres años.
Los registros oficiales tampoco permiten conocer de forma sistemática cuántas víctimas habían solicitado protección, qué medidas fueron adoptadas y si existió seguimiento institucional. Esa falta de información dificulta evaluar la respuesta estatal ante situaciones de violencia que posteriormente terminaron en feminicidios.
La falta de transparencia es relevante porque OGAT ha documentado asesinatos de mujeres que habían presentado denuncias contra sus agresores.
La falta de transparencia es relevante porque OGAT ha documentado asesinatos de mujeres que habían presentado denuncias contra sus agresores. En su informe correspondiente al período de enero a agosto de 2026, el observatorio identificó 12 casos con antecedentes de denuncias previas, mientras que en otros 28 no pudo establecer si las víctimas habían acudido anteriormente a las autoridades.
Casas de Orientación: los testimonios que revelan las limitaciones institucionales
Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF), creadas por la FMC a partir de 1990, constituyen uno de los principales mecanismos establecidos por el Estado cubano para ofrecer asesoramiento psicológico, familiar y jurídico. Sin embargo, investigaciones realizadas dentro del propio país han cuestionado su capacidad para responder a las necesidades de las víctimas.
Uno de los estudios más reveladores fue desarrollado por la investigadora Yuliuva Hernández García en Moa, provincia de Holguín, a partir de historias de vida de mujeres víctimas de violencia y entrevistas a representantes de las instituciones locales. Sus resultados, publicados en investigaciones académicas sobre violencia de género y exclusión social, identificaron desconfianza hacia la FMC, desconocimiento de los servicios disponibles y falta de coordinación institucional.
En una de las entrevistas, una mujer explicó que la FMC desconocía la situación de violencia que sufría y que ella tampoco sabía si podía acudir a esa organización para recibir ayuda. Su testimonio refleja la falta de información sobre los mecanismos de atención y la percepción de que estos no podían resolver su problema:
“La FMC no conoció de mi situación, pero yo tampoco sabía si podía contar con esa institución, porque aquí nunca nos han dado charlas sobre violencia, tampoco divulgan que uno puede acudir allí cuando pasan estas cosas. Yo conozco que en esa Casa de Orientación se trabaja con diferentes problemáticas, pero pensé que allí no había solución para mi problema, fui saliendo poco a poco sola, aunque ya me ves, salgo del trabajo y me encierro aquí en mi casa”.
La investigación también demostró una distancia entre la orientación que podían ofrecer las instituciones y las necesidades inmediatas de las víctimas. Según el estudio, las mujeres necesitaban un lugar seguro donde vivir con sus hijos, una respuesta que la organización no podía proporcionar.
La investigación también demostró una distancia entre la orientación que podían ofrecer las instituciones y las necesidades inmediatas de las víctimas.
La investigación concluyó que varias mujeres habían recibido indicaciones sobre cómo actuar ante situaciones de violencia, pero seguían sin disponer de una alternativa habitacional. También constató la falta de articulación entre la FMC y la Policía, así como el desconocimiento de las dimensiones del problema por parte de responsables institucionales del municipio.
Otro trabajo desarrollado por las especialistas Marisol Iglesias y Lien Más examinó 122 libros de registro de las COMF correspondientes a 2011 y 2012. La investigación, difundida por IPS Cuba, identificó dificultades relacionadas con la inestabilidad del personal, la escasez de plazas permanentes y la dependencia del voluntariado, factores que pueden comprometer la continuidad de la atención.
Las dificultades no han sido señaladas únicamente por las organizaciones feministas independientes. Durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista, celebrado en diciembre de 2023, la secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué, reconoció que los protocolos de actuación de diferentes ministerios “carecen de una adecuada implementación en sus diferentes niveles con énfasis en el ámbito local y comunitario”.
La dirigente también admitió que “se advierte actuaciones incorrectas en los casos analizados por las Consejerías de violencia, por el Sistema de Atención a la Población y en redes sociales”. Sus declaraciones constituyen un reconocimiento institucional de las deficiencias en los mecanismos de respuesta ante la violencia machista.
Las líneas de ayuda y las dificultades para garantizar protección
La ampliación de la línea telefónica 103, originalmente destinada a atender problemas relacionados con las adicciones, fue una de las medidas adoptadas por el Estado cubano para responder a la violencia de género. El servicio comenzó a ofrecer orientación en esta materia en diciembre de 2020.
Durante sus primeros tres meses de funcionamiento con esta nueva prestación, registró 280 llamadas relacionadas con manifestaciones de irritabilidad o violencia, según datos divulgados por SEMlac. De ellas, 132 correspondían a situaciones de violencia en el ámbito familiar, 71 a desigualdades de género, 28 a violencia psicológica y 11 a violencia física explícita.
Las limitaciones de los mecanismos de atención también fueron abordadas en el documento Mapeando espacios para atender situaciones de violencia, discriminación y desigualdad, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 2021. La investigación identificó necesidades de articulación institucional, formación especializada y evaluación de los servicios desde una perspectiva interseccional.
La investigadora Mareleén Díaz Tenorio, vinculada al Centro Oscar Arnulfo Romero, cuestionó la falta de estudios que permitieran determinar la eficacia de estos mecanismos: “No conozco ningún estudio, ninguna investigación que muestre cuáles han sido los servicios o mecanismos más funcionales y accesibles”. La especialista consideró además que la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de los servicios constituían una deuda pendiente.
La ausencia de información pública actualizada sobre las derivaciones, las evaluaciones de riesgo y las medidas de protección impide determinar con suficiente precisión qué sucede después de que una mujer solicita ayuda y si las instituciones intervienen oportunamente para evitar nuevas agresiones.
La ausencia de refugios: cuando las mujeres no tienen adónde ir
La falta de una red nacional de refugios públicos para mujeres víctimas de violencia machista constituye una de las principales carencias del sistema cubano de protección. Sin alojamientos seguros, las mujeres que necesitan abandonar sus hogares pueden enfrentar dificultades adicionales, especialmente si tienen hijos, carecen de independencia económica o no disponen de redes familiares de apoyo.
El propio Estado reconoció esta limitación en la documentación presentada ante Naciones Unidas durante el examen de sus políticas de igualdad de género. Las autoridades cubanas atribuyeron la inexistencia de albergues a la compleja situación habitacional del país y defendieron que la protección de las víctimas se garantizaba mediante actuaciones institucionales y medidas de control sobre los agresores.
Esta explicación contrasta con las demandas sostenidas por las organizaciones feministas independientes, que consideran insuficiente un sistema de asistencia sin espacios de acogida capaces de proporcionar protección inmediata a las mujeres amenazadas.
La directora del OGAT, Ileana Álvarez, ha señalado públicamente la ausencia de refugios y hogares de acogida para mujeres en situación de violencia. La coordinadora del observatorio, Yanelys Núñez Leyva, también ha reclamado la creación de una red nacional de alojamientos seguros y protocolos públicos que permitan actuar ante situaciones de riesgo.
La demanda coincide con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en octubre de 2024 instó al Estado cubano a establecer refugios suficientes en todo el territorio nacional, especialmente fuera de los centros urbanos, con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados.
La necesidad de estos servicios adquiere mayor relevancia ante las condiciones económicas y habitacionales que afectan a numerosas familias cubanas. En diciembre de 2023, las propias autoridades reconocieron que 16.116 mujeres y niñas convivían en 9.579 núcleos familiares identificados como afectados por situaciones de violencia.
Según la información presentada entonces por la FMC, el 60 % de las mujeres mayores de 15 años identificadas en situaciones de violencia eran negras o mulatas. Las autoridades también señalaron que el grupo estudiado se caracterizaba por la presencia de mujeres jóvenes, un promedio de escolaridad de noveno grado y casos de desvinculación laboral.
Estos registros evidencian la necesidad de examinar las desigualdades económicas, raciales y territoriales que pueden agravar la exposición a la violencia machista. Las mujeres con menores ingresos, residentes en zonas rurales o sin redes familiares de apoyo pueden enfrentar mayores obstáculos para encontrar alojamiento seguro y acceder a asistencia especializada.
En un país afectado por una profunda crisis económica y habitacional, la ausencia de refugios limita las alternativas disponibles para quienes necesitan abandonar una relación violenta.
En un país afectado por una profunda crisis económica y habitacional, la ausencia de refugios limita las alternativas disponibles para quienes necesitan abandonar una relación violenta. La orientación institucional resulta insuficiente cuando no está acompañada de recursos que permitan garantizar la seguridad inmediata de las víctimas.
Un marco legal sin una ley integral contra la violencia de género
Durante los últimos años, el régimen cubano ha aprobado disposiciones relacionadas con la prevención y sanción de la violencia machista. Entre ellas figuran el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, establecido en 2021, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar y el Código Penal de 2022.
El artículo 345.2 del Código Penal cubano contempla específicamente el asesinato de una mujer como consecuencia de la violencia de género, aunque el feminicidio no aparece tipificado como delito autónomo con esa denominación. La legislación permite sancionar estos asesinatos, pero las organizaciones feministas consideran insuficiente una respuesta centrada en el castigo posterior al crimen.

La demanda de una ley integral contra la violencia de género busca establecer obligaciones claras para las instituciones en materia de prevención, protección, asistencia y reparación, además de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Esta reivindicación tiene antecedentes concretos. El 21 de noviembre de 2019, un grupo de 40 mujeres cubanas presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud para aprobar una ley integral contra la violencia de género, conocida como la Carta de las 40.
La petición fue reiterada en diciembre de 2023 por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el OGAT, Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba. Las entidades reclamaron la participación de organizaciones independientes en la elaboración de la normativa y mecanismos que garantizaran la transparencia de su aplicación.
Sin embargo, la ley integral continúa sin aprobarse, pese a las demandas de las organizaciones feministas y las recomendaciones internacionales. En octubre de 2024, el Comité CEDAW expresó preocupación por las limitaciones del sistema cubano de atención y recomendó avanzar hacia una legislación integral contra la violencia de género.
El organismo también señaló dificultades de acceso a la justicia y restricciones que enfrentan las organizaciones independientes defensoras de los derechos de las mujeres. Estas observaciones resultan especialmente relevantes en Cuba, donde la FMC ocupa una posición predominante dentro de los mecanismos oficiales de atención, mientras los colectivos feministas independientes desarrollan labores de documentación y seguimiento fuera de las estructuras estatales.
Las restricciones al trabajo de estas organizaciones dificultan la supervisión externa de las políticas públicas y limitan las posibilidades de contrastar la información oficial. Por ello, la exigencia de protección efectiva también implica garantizar transparencia, participación independiente y rendición de cuentas.
Una protección efectiva exige recursos y responsabilidad institucional
La responsabilidad del Estado no termina con la recepción de una denuncia o la aprobación de un protocolo. También comprende garantizar alojamiento seguro, evaluar los riesgos, intervenir ante las amenazas y asegurar el seguimiento de las mujeres que solicitan ayuda.
Mientras Cuba continúe sin una red nacional de refugios, sin una ley integral contra la violencia de género y sin datos públicos suficientes para evaluar sus mecanismos de atención, seguirá sin respuesta una cuestión fundamental: qué ocurre después de que una mujer pide ayuda y qué garantías tiene de que las instituciones protegerán su vida.
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