Santiago Peña renuncia en Paraguay tras una crisis bancaria que compromete 800 millones de dólares públicos

La intervención de Ueno Bank, con unos 2,9 millones de clientes, precipitó una crisis política que derivó en la aprobación de un juicio político contra el mandatario.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con la que mantuvo vínculos empresariales y que recibió millonarios depósitos públicos durante su Gobierno. Horas después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para iniciar un juicio político contra el mandatario.

La decisión se produjo en medio de una crisis política y financiera que debilitó el respaldo del gobernante dentro del Partido Colorado. El Senado deberá decidir sobre la aceptación de su renuncia y la continuidad del procedimiento parlamentario, mientras el vicepresidente Pedro Alliana se perfila como su sucesor.

Peña justifica su renuncia por la estabilidad institucional

En un video difundido en la red social X, Peña anunció su dimisión y aseguró que buscaba preservar la estabilidad institucional de Paraguay. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, declaró.

El mandatario explicó que actuaba pensando en “la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. También pidió disculpas a la población: “También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.

Peña sostuvo que su principal preocupación era garantizar la protección de los ahorros de los ciudadanos y los fondos públicos afectados por la crisis. Asimismo, pidió que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpliera su función para atender a los depositantes.

La intervención de Ueno Bank afecta a millones de clientes

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La decisión fue comunicada públicamente al día siguiente.

Según el organismo regulador, los problemas surgieron tras ajustes en los estados financieros de la entidad durante su proceso de regularización.

Según el organismo regulador, los problemas surgieron tras ajustes en los estados financieros de la entidad durante su proceso de regularización. La medida afectó a Ueno Bank, que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes, y provocó restricciones en el acceso a los depósitos.

La entidad administraba alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos relacionados con el sistema de pensiones y otras instituciones estatales. Peña había sido accionista de Ueno Holding, conglomerado vinculado al antiguo grupo propietario del banco, hasta marzo de 2025.

El BCP anunció este jueves el inicio de los pagos garantizados para un primer grupo de depositantes, con ahorros de hasta diez millones de guaraníes y que cumplieran determinadas condiciones. La cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza los 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad financiera.

El Congreso impulsa un juicio político contra Santiago Peña

La acusación aprobada por la Cámara de Diputados, conforme al artículo 225 de la Constitución paraguaya, cuestiona la actuación del mandatario durante la crisis bancaria y sus antiguos vínculos empresariales con el entorno de Ueno Bank.

Entre los señalamientos figuran posibles conflictos de intereses, el traslado de fondos públicos a la entidad y el nombramiento de Carlos Carvallo, antiguo directivo de Financiera Ueno, como presidente del Banco Central. Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre, a petición del propio Peña, tras conocerse los problemas de solvencia del banco.

La crisis también dio lugar a investigaciones penales sobre la gestión de Ueno Bank y actuaciones judiciales contra directivos vinculados a la entidad. Las responsabilidades señaladas por los legisladores y las autoridades investigadoras deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

La continuidad del juicio político tiene consecuencias para la situación judicial de Santiago Peña. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios, con los fueros correspondientes, siempre que no hayan sido destituidos mediante juicio político. Si el Senado acepta su renuncia sin continuar el procedimiento de destitución, Peña podría acceder a esa condición, lo que obligaría a tramitar su desafuero para determinados procedimientos penales. En cambio, una destitución impediría que adquiriera ese estatus. La oposición sostiene que aceptar la dimisión sin completar el juicio político favorecería la impunidad del mandatario.

Ante el procedimiento Peña respondió a través de un mensaje X:

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”.

La acusación fue remitida al Senado, encargado de juzgar al mandatario en el procedimiento político.

La acusación fue remitida al Senado, encargado de juzgar al mandatario en el procedimiento político. La Constitución exige el voto de dos tercios de sus miembros para declarar culpable al acusado, aunque la renuncia presentada por Peña introduce una decisión institucional previa sobre la continuidad del proceso.

Pedro Alliana se perfila como sucesor presidencial

La Cámara de Diputados rechazó, por 48 votos en contra y 30 a favor, una propuesta para iniciar un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana. La decisión elimina, por el momento, ese obstáculo parlamentario para su eventual llegada a la Presidencia.

Peña asumió el poder el 15 de agosto de 2023, después de ganar las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, respaldado por el Partido Colorado. Su mandato debía concluir en agosto de 2028.

La decisión del Senado será determinante no solo para la sucesión presidencial en Paraguay, sino también para el futuro judicial de Santiago Peña. La aceptación de su renuncia o una eventual destitución podrían establecer condiciones diferentes para las investigaciones relacionadas con Ueno Bank y los fondos públicos comprometidos.