Condenan a cinco cubanos por una red que cobraba hasta 40.000 dólares para entrar a EE. UU.

La red involucró a miles de ciudadanos cubanos, presentó solicitudes fraudulentas de asilo y blanqueó más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de octubre de 2026 sobre las condenas de cinco cubanos y un estadounidense por participar en una red de tráfico ilícito de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero. Según las autoridades, la organización blanqueó más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025 y presentó más de 1.700 solicitudes fraudulentas de asilo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la red cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios y llegó a contratar vuelos privados para trasladar grupos de migrantes. Las autoridades sostienen que sus operaciones involucraron a miles de ciudadanos cubanos que intentaban ingresar a Estados Unidos.

Las penas de prisión impuestas a los seis condenados

Liannys Yaiselys Vega-Pérez recibió la pena más alta, de cuatro años de prisión. Era la principal administradora del negocio de trámites migratorios, coordinaba desplazamientos internacionales y presentó personalmente cientos de solicitudes fraudulentas de asilo.

Layra Libertad Treto Santos fue condenada a 30 meses de prisión. Como gerente de la empresa de asesoría migratoria, presentó solicitudes fraudulentas de asilo. También recurrió a los servicios de la organización para gestionar su traslado y el de sus familiares a Estados Unidos.

Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel y Emanuel Martínez González recibieron condenas de dos años de prisión cada uno por su participación en la conspiración.

Los seis condenados se habían declarado culpables. Además, los tribunales ordenaron el decomiso de 2,9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150.000 dólares a Martínez Vasconcelos y 95.000 dólares a Treto Santos.

Cómo funcionaba la red de tráfico de migrantes cubanos

La organización captaba ciudadanos cubanos a través de redes sociales, donde anunciaba servicios de traslado a Estados Unidos y asesoría para realizar trámites migratorios.

Uno de los mecanismos de fraude consistía en presentar solicitudes falsas de autorización electrónica de viaje (ESTA).

Uno de los mecanismos de fraude consistía en presentar solicitudes falsas de autorización electrónica de viaje (ESTA), un sistema que permite a ciudadanos de países participantes en el Programa de Exención de Visado solicitar autorización para viajar a Estados Unidos sin obtener previamente un visado.

La red utilizaba esta vía para facilitar el ingreso de cubanos con ciudadanía europea. Según el Departamento de Justicia, presentaba solicitudes ESTA con direcciones falsas y declaraciones que aseguraban que los interesados no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que residían en la isla cuando se realizaron los trámites.

La organización también coordinaba vuelos internacionales y desplazamientos hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024 gastó más de 600.000 dólares en billetes comerciales con una sola aerolínea, según los documentos judiciales.

Para ocultar el origen ilícito del dinero, los implicados crearon empresas pantalla a través de las cuales transferían las ganancias del tráfico de migrantes antes de distribuirlas entre los miembros de la organización.

Solicitudes de asilo fraudulentas sin consentimiento de los migrantes

El 4 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia anunció una acusación formal ampliada contra doce personas por su presunta participación en la organización. El procedimiento judicial permitió conocer otros mecanismos utilizados para cometer fraude migratorio.

La acusación identificó a Asesoría y Servicios Migratorios LLC, una empresa que ofrecía asistencia para tramitar solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia en Estados Unidos.

Según la acusación, los responsables de la empresa presentaban solicitudes fraudulentas de asilo sin el conocimiento o consentimiento de algunos clientes. En determinados casos, también les impedían acceder a sus cuentas electrónicas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La acusación también describía operaciones de traslado de menores no acompañados.

La acusación también describía operaciones de traslado de menores no acompañados. En uno de los casos, una adolescente habría recibido instrucciones para hacerse pasar por amiga de toda la vida de un adulto con quien no tenía parentesco durante el cruce de la frontera estadounidense.

Otros implicados condenados, pendientes de sentencia o prófugos

El 29 de julio de 2026, Erik Ventura-Castro fue condenado a 30 meses de prisión. En septiembre, un jurado federal declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez por su participación en una conspiración de tráfico de migrantes y lavado de dinero. Este último permanecía pendiente de sentencia.

Según las autoridades estadounidenses, Cabrera-Rodríguez utilizó una agencia de viajes para facilitar el traslado irregular de migrantes y presentar al menos 600 solicitudes ESTA con información falsa.

Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra también se declararon culpables y permanecían pendientes de sentencia. Por su parte, Marianny Lucía López-Torres y Frandy Aragón-Díaz continuaban prófugos, según el Departamento de Justicia, en su comunicado del 29 de octubre de 2026.

La investigación estuvo encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, con colaboración de las autoridades de las Islas Caimán. El caso contó además con el respaldo del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, especializado en combatir redes transnacionales de tráfico ilícito y trata de personas.