GAESA y el hambre en Cuba: Food Monitor alerta sobre el control militar de los alimentos

Food Monitor Program advierte que la producción de alimentos se redujo un 67% en cinco años y vincula esa caída con el control estatal-militar del sistema alimentario.

El 96% de la población cubana habría perdido capacidad para adquirir alimentos, según Food Monitor Program, que denunció ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación el impacto de la concentración económica de GAESA en el sistema alimentario de la isla.

El informe fue presentado como contribución a una convocatoria sobre la concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales y sus implicaciones para la realización de ese derecho.

En el documento, la organización sostiene que “la concentración de poder del monopolio de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) afecta profundamente el derecho a la alimentación de los cubanos”, una formulación que sitúa la crisis alimentaria dentro del marco de los derechos humanos y no solo como un problema de abastecimiento.

El informe describe a GAESA como una estructura empresarial, comercial y financiera bajo mando militar, con incidencia en el acceso a divisas, las importaciones y las cadenas de distribución y comercialización de alimentos.

Crisis alimentaria en Cuba: divisas, importaciones y control militar

El informe presenta a GAESA como un actor clave dentro de un sistema en el que el acceso a productos básicos depende cada vez más de pagos en divisas y de circuitos económicos controlados por estructuras estatales y militares. Food Monitor Program afirma que la corporación “limita significativamente la autonomía y la soberanía popular de los actores socioeconómicos”, especialmente dentro del sistema alimentario.

La organización sostiene que GAESA “ha plataformizado” el acceso a los alimentos “como forma de extracción de divisas, usando a la diáspora cubana como mercado”.

La denuncia plantea que la dependencia de la diáspora para acceder a alimentos mediante plataformas digitales no resuelve el problema estructural de la alimentación, sino que convierte una necesidad básica en un mecanismo de captación de divisas.

En esa misma línea, el informe advierte que “la lógica rentista de la élite militar en Cuba frena el incremento de la producción nacional en favor de la importación de alimentos”, lo que desplaza el foco desde la escasez coyuntural hacia un modelo económico dependiente y centralizado.

Cuba importa el 80% de los alimentos, según Food Monitor Program

Food Monitor Program afirma que Cuba importa el 80% de los alimentos y que la producción nacional de alimentos ha caído un 67% en los últimos cinco años. Para el observatorio, esa situación no puede separarse del control que la élite política mantiene sobre la importación y circulación de mercancías.

El informe señala que “el monopolio sobre importaciones y distribución de alimentos limita el acceso de los ciudadanos a productos básicos, especialmente cuando estos se comercializan en divisas inaccesibles para muchos cubanos”. Esta afirmación conecta la crisis alimentaria con desigualdades económicas concretas: quienes no reciben remesas o no tienen acceso a divisas quedan en una posición de mayor vulnerabilidad.

Productores cubanos sin autonomía frente al aparato estatal

El informe también identifica a productores cubanos y pequeños emprendedores como actores afectados por el modelo centralizado. Food Monitor Program sostiene que están sometidos a un marco normativo que limita sus incentivos y libertades para operar en un entorno competitivo.

El documento menciona barreras como topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación, burocratización y falta de comunicación entre autoridades y productores de base. Uno de los testimonios recogidos por el observatorio resume esa falta de autonomía:

“No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos.”

El informe recoge además críticas al proceso de toma de decisiones dentro del sector agroalimentario:

“Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.

Participación controlada y ausencia de rendición de cuentas

Food Monitor Program afirma que en Cuba no existe separación entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el aparato legal funciona como respaldo de las políticas oficiales. En ese marco, leyes y medidas sobre soberanía alimentaria son presentadas por el Gobierno como garantía de voluntad política, pero sin mecanismos independientes de control ni participación efectiva de los actores afectados.

El observatorio afirma que “urge un mecanismo de verdadera representación que salvaguarde, con independencia de la autoridad estatal, los intereses de los actores dentro del sistema alimentario cubano”. También advierte sobre el papel de estructuras oficialistas que canalizan demandas sociales bajo una representación controlada por el Estado.

En el caso del campesinado, el informe menciona a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, fundada en 1961, como parte de un esquema de sociedad civil controlada que canaliza y limita la participación independiente.

Según Food Monitor Program, este tipo de organizaciones permite al Gobierno “simular apertura y consulta, mientras se sofoca la participación autónoma, se neutraliza la movilización popular genuina, y se legitiman políticas centralizadas”.

Criminalización de iniciativas campesinas autónomas

El informe también señala presiones contra iniciativas campesinas y agroecológicas independientes. Food Monitor Program menciona retiro de tierras, operativos, confiscación de animales y bienes, hostigamientos y detenciones contra actores independientes.

El documento señala que existen violaciones de derechos socioeconómicos de productores, incluidos actos de represión y amedrentamiento por criterios ideológicos. Sin embargo, añade que no existen demandas que avancen ante instancias jurídicas nacionales ni fallos contra las corporaciones mencionadas, debido al respaldo que estas reciben de la cúpula de poder.

El informe de Food Monitor Program sitúa la crisis alimentaria cubana en un marco más amplio de derechos humanos, donde el acceso a alimentos depende de factores económicos, políticos e institucionales que afectan de manera desigual a la ciudadanía.