ONU Mujeres reclama reformas legales en Cuba

Las recomendaciones incluyen igualdad salarial, cuidados y paternidad, mientras el régimen limita la organización independiente y la fiscalización de sus políticas.

La ampliación de una plataforma de ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) vuelve a poner bajo examen la legislación cubana sobre autonomía económica e igualdad. La herramienta, actualizada en septiembre, analiza 894 leyes de los 22 países iberoamericanos e identifica reformas pendientes en doce áreas. En el caso de Cuba, las recomendaciones abarcan igualdad salarial, cuidados, paternidad, seguridad social y protección frente a la violencia y el acoso laboral.

Pero el problema va más allá de aprobar o modificar normas. Las reformas legales no garantizan derechos cuando faltan mecanismos independientes capaces de supervisar su cumplimiento.

Igualdad mencionada en el papel

El régimen cubano ha presentado durante años su marco legislativo sobre igualdad como evidencia de los avances alcanzados por las mujeres. La Constitución reconoce la igualdad y la no discriminación, mientras el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), aprobado en 2021, constituye la principal agenda estatal destinada a promover sus derechos y oportunidades.

Mientras el Estado asegura disponer de mecanismos de seguimiento, Naciones Unidas advierte que no existe suficiente información pública para comprobar sus avances y efectos reales.

La contradicción aparece cuando esas obligaciones oficiales se contrastan con la evaluación internacional. En sus observaciones finales de 2024, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) señaló falta de información sobre la aplicación del nuevo marco normativo y sobre las evaluaciones periódicas destinadas a medir sus resultados. Mientras el Estado asegura disponer de mecanismos de seguimiento, Naciones Unidas advierte que no existe suficiente información pública para comprobar sus avances y efectos reales.

¿Quién puede fiscalizar al Estado?

Esa falta de información adquiere mayor relevancia cuando se examina quién puede ejercer una fiscalización independiente. El Comité CEDAW fue explícito: la Ley de Asociaciones cubana restringe la creación de organizaciones independientes de mujeres. Por ello, pidió al Estado modificar ese marco legal y garantizar condiciones para que estas organizaciones puedan desarrollar su labor sin represalias.

El organismo de Naciones Unidas también expresó preocupación por disposiciones del Código Penal cubano relacionadas con “desórdenes públicos”, “resistencia”, “desacato” y financiación extranjera. Estas normas pueden representar amenazas para organizaciones de derechos humanos y utilizarse para restringir indebidamente el trabajo legítimo de activistas independientes.

La contradicción es estructural. El régimen asegura desarrollar políticas con perspectiva de género, pero restringe el espacio en el que organizaciones autónomas pueden evaluar esas medidas, contrastar cifras oficiales, denunciar incumplimientos y reclamar responsabilidades. CEDAW sostiene, precisamente, que la participación de organizaciones independientes de mujeres es esencial para elaborar leyes y políticas públicas que respondan a sus necesidades.

Una Defensoría dentro del propio Estado

Cuba tampoco dispone de una institución nacional independiente de derechos humanos ajustada a los Principios de París. CEDAW reconoció la creación, en 2023, de una Dirección Nacional de Defensoría, pero señaló que esta forma parte del Ministerio de Justicia. Por ello, recomendó establecer una institución verdaderamente independiente, con mandato y recursos suficientes para proteger los derechos de las mujeres.

Pedir cuentas al poder requiere algo más que oficinas gubernamentales supervisando programas gubernamentales. Requiere organismos autónomos, acceso a información, asociaciones independientes, libertad para investigar y garantías para denunciar posibles incumplimientos sin enfrentar represalias.

CEDAW, sin embargo, documentó informes sobre amenazas, acoso, intimidación, criminalización y detenciones arbitrarias contra defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres que protestan por las condiciones económicas y activistas críticas con el Gobierno. El Comité pidió expresamente que puedan realizar su labor y ejercer libremente sus derechos de expresión, reunión y asociación.

Reformas laborales que siguen pendientes

La plataforma de ONU Mujeres y SEGIB también identifica reformas concretas pendientes. Para Cuba, propone incorporar plenamente el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, ampliar las licencias de cuidados, establecer una licencia de paternidad financiada por la Seguridad Social y avanzar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.

En materia salarial, las objeciones no proceden únicamente de organizaciones independientes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reiteró en 2026 que la formulación del Código del Trabajo cubano es más restrictiva que el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración. Su Comisión de Expertos volvió a pedir que Cuba incorpore expresamente el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor, una reforma reclamada desde hace años.

Derechos sin contrapesos independientes

La distancia entre legislación y realidad también aparece en la protección hacia las mujeres. Cuba cuenta desde 2021 con una estrategia que promete prevención, atención, acompañamiento, reparación, monitoreo y evaluación sistemática. Sin embargo, no hay refugios gubernamentales para mujeres víctimas de violencia.

La contradicción reaparece en este punto: Naciones Unidas reclama la participación de una sociedad civil independiente en las políticas públicas dirigidas a las mujeres, mientras advierte que la legislación cubana restringe la creación de asociaciones autónomas capaces de intervenir en ese proceso.

Las recomendaciones de ONU Mujeres y SEGIB revelan, por tanto, un problema que no puede resolverse únicamente aprobando nuevas leyes.

Las recomendaciones de ONU Mujeres y SEGIB revelan, por tanto, un problema que no puede resolverse únicamente aprobando nuevas leyes. Una norma que no puede ser fiscalizada de manera independiente queda bajo la supervisión de las mismas instituciones responsables de aplicarla, sin contrapesos externos capaces de evaluar su cumplimiento.

Mientras las autoridades cubanas mantengan restricciones sobre las organizaciones autónomas, la información pública y la exigencia de responsabilidades, la igualdad proclamada por el Estado es solo un discurso ideológico vacío.