Cuba cierra julio con 1.327 presos políticos: 150 son mujeres

Prisoners Defenders incorporó 36 nuevos casos y documentó el encarcelamiento de un niño de 13 años. El informe recoge mujeres con graves problemas de salud, aislamiento y nuevas detenciones vinculadas a protestas.

Cuba cerró julio de 2026 con 1.327 prisioneros políticos y de conciencia, después de que Prisoners Defenders incorporara 36 nuevos casos a su registro mensual. La lista incluye a 150 mujeres y a 41 personas detenidas cuando eran menores de edad. Además, 459 presos políticos presentan patologías médicas graves.

El informe sitúa las nuevas detenciones dentro de una escalada represiva en torno al quinto aniversario del 11J. De los 36 casos incorporados, 15 están relacionados con protestas por participar en ellas, documentarlas, respaldarlas o quedar vinculados posteriormente con los hechos. Trece se concentran en el oriente y centro-oriente de Cuba, regiones afectadas por prolongados apagones, falta de agua y deterioro de los servicios básicos.

Mujeres presas: enfermedades, aislamiento y redes de apoyo bajo presión

El informe documenta la situación de Lizandra Góngora Espinosa, condenada a 14 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena. En 2023, las autoridades cubanas la trasladaron a la Isla de la Juventud, lejos de sus cinco hijos, entonces menores de edad, y del resto de su familia.

La presa política padece anemia de células falciformes y un fibroma uterino que le provoca dolores y hemorragias. Según las denuncias recogidas por Prisoners Defenders, las autoridades cubanas le niegan el tratamiento médico que requiere. En julio permanecía en una celda de castigo y enfrentaba dificultades para acceder a medicamentos y mantener el contacto con sus hijos.

A esta situación se suma la detención de Aniley Martínez Ramírez, quien llevaba alimentos y productos básicos a Lizandra Góngora Espinosa. Personas cercanas a Aniley Martínez Ramírez atribuyen su arresto a esa ayuda. Prisoners Defenders sostiene que su encarcelamiento apartó a una de las personas que sostenían materialmente a la presa política y profundizó su aislamiento.

A esta situación se suma la detención de Aniley Martínez Ramírez, quien llevaba alimentos y productos básicos a Lizandra Góngora Espinosa.

Las denuncias recogidas por Prisoners Defenders encuentran un antecedente reciente en un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 26 de junio, la CIDH condenó la persistencia de la tortura y otros malos tratos contra personas encarceladas por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reclamó su liberación inmediata e incondicional. En el caso cubano, señaló agresiones físicas, violencia sexual, aislamiento, tortura psicológica y amenazas, además de advertir que estas prácticas afectan de manera diferenciada a las mujeres.

Ana Ibis Tristá Padilla: 14 años de prisión después de ser absuelta

Ana Ibis Tristá Padilla, de 37 años, permanece recluida en la prisión de mujeres La Veguita, en Las Tunas. La presa política cumple una condena de 14 años por “Propaganda contra el orden constitucional” y “Otros actos contra la seguridad del Estado”, pese a que inicialmente fue absuelta por falta de pruebas.

Según Prisoners Defenders, la absolución fue anulada y el proceso se repitió. En el primer juicio, las pruebas materiales resultaron insuficientes para sostener la acusación. La organización cuestiona que el nuevo proceso terminara apoyándose en testimonios de oficiales de Contrainteligencia y del Ministerio del Interior.

Ana Ibis Tristá Padilla también presenta un deterioro de salud en prisión: problemas renales, debilidad extrema, desmayos y dolores en los huesos y las articulaciones. Su peso descendió de 69 a 58 kilogramos, según el informe. Desde prisión afirmó: “No estamos muertos, y menos callados”.

Alex Javier Hernández González, de 13 años, golpeado y encarcelado

Entre los nuevos casos documentados figura Alex Javier Hernández González, de 13 años, detenido el 22 de julio tras las protestas en Santiago de las Vegas, La Habana. Su madre denunció que cuatro policías uniformados lo golpearon en la cabeza, el cuello y la espalda. Durante la agresión, el niño suplicó: “No me den más, soy un niño”.

Prisoners Defenders señala que Alex Javier Hernández González permanece recluido en “El Combinadito”, un centro para menores administrado por el Ministerio del Interior. Hasta el cierre del informe, las autoridades del régimen cubano no habían informado públicamente qué cargos se formularon en su contra.

Durante la agresión, el niño suplicó: “No me den más, soy un niño”.

En abril de 2026, la CIDH volvió a intervenir ante la situación de otro adolescente cubano encarcelado tras manifestaciones. La Comisión concedió medidas cautelares a Jonathan Muir Burgos, de 16 años, y exigió medidas de protección acordes con su edad, atención médica y condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.

Represión contra protestas, activismo y prensa independiente

La represión documentada en julio alcanzó también a artistas, activistas, periodistas y creadores de contenido. Prisoners Defenders registra detenciones relacionadas con la documentación de protestas contra los apagones, las convocatorias a movilizaciones y la publicación de contenidos críticos. El informe señala además que el periodista Julio César Álvarez Marrero continuó bajo vigilancia después de ser liberado sin cargos.

En febrero de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre una “nueva ola de represión” en Cuba. El organismo documentó detenciones, citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y procesos penales contra personas por expresar opiniones críticas. También exigió al Estado cubano cesar el uso abusivo del derecho penal para criminalizar la expresión.

Al cierre de julio, Prisoners Defenders contabilizaba 217 manifestantes condenados por “sedición”, con una pena media de diez años. Del total de 1.327 personas registradas, la organización clasifica a 801 como convictos de conciencia, 489 como condenados de conciencia y 37 como otros presos políticos.