Prisoners Defenders denuncia “esclavitud moderna” de médicos cubanos en Botsuana

El informe sostiene que Botsuana paga 4.094 dólares por especialista, pero el profesional recibe solo 1.000 y está sometido a restricciones de movimiento y vida privada.

Una investigación de Prisoners Defenders denuncia indicadores de trabajo forzoso y esclavitud moderna entre los médicos cubanos desplegados en Botsuana, donde el Gobierno paga unos 4.094 dólares mensuales por cada especialista, pero el profesional recibe solo 1.000, el 24,42 % de la tarifa. Los restantes 3.094 dólares, equivalentes al 75,58 %, se transfieren a la estructura estatal cubana, según el informe publicado este 25 de agosto sobre los médicos cubanos en Botsuana.

La investigación sostiene que las autoridades botsuanesas conocen cómo se distribuye el dinero porque el convenio bilateral de 2024 obliga a separar en las facturas mensuales el importe destinado al profesional y la cantidad transferida a Cuba. El Gobierno informó además al Parlamento, en abril de 2025, que paga 3.500 euros mensuales por especialista y 2.800 por profesional auxiliar.

El último contingente publicado estaba integrado por 90 profesionales. Aplicando las tarifas establecidas, Prisoners Defenders estima que la facturación anual asciende a unos 4,206 millones de dólares.

El convenio revela que Botsuana conoce el reparto de los pagos

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, sostiene que el Gobierno de Botsuana no puede alegar desconocimiento sobre el mecanismo de pagos. “Botswana conoce el desglose, paga la tarifa, aloja y despliega al profesional y puede solicitar su sustitución en cualquier momento. No es un espectador, es el financiador, el anfitrión y el sostén material de este sistema de explotación.”

Los especialistas cubanos reciben apenas entre el 20 % y el 23 % de la remuneración documentada para profesionales locales que realizan funciones equivalentes.

Los especialistas cubanos reciben apenas entre el 20 % y el 23 % de la remuneración documentada para profesionales locales que realizan funciones equivalentes. Según las escalas citadas en el informe, un especialista botsuanés puede cobrar entre 4.439 y 4.619 dólares mensuales con complementos, mientras determinadas plazas alcanzan entre 4.726 y 4.917 dólares. La brecha salarial amplía así la diferencia entre lo que Botsuana paga por el trabajo del médico cubano y lo que este recibe finalmente.

Restricciones de movimiento, visitas y vida privada

El informe reproduce una regulación de obligado cumplimiento, firmada el 3 de julio de 2026 por Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, jefe de la misión médica cubana en Botsuana. La orden limita las salidas de los profesionales fuera de sus distritos, prohíbe recibir visitas ajenas a la brigada en sus viviendas, pernoctar fuera de ellas, visitar a cubanos que no pertenezcan a la misión y adquirir o conducir vehículos sin autorización.

La resolución considera infracción grave la divulgación de determinada información relacionada con la brigada, contempla sanciones disciplinarias y ordena crear comisiones para realizar “controles sorpresivos”. Prisoners Defenders sostiene que estas disposiciones restringen derechos como la libertad de movimiento, asociación, expresión y privacidad.

Javier Larrondo cuestionó el sistema de vigilancia impuesto por la misión cubana: “Esto no es cooperación médica. Es un régimen de vigilancia, segregación y castigo impuesto por un país extranjero dentro del territorio de Botswana. Los testimonios recopilados por Prisoners Defenders en Botswana, además, confirman el patrón de servidumbre y abuso.”

Los testimonios recogidos en Botsuana describen retirada de pasaportes, falta de acceso a contratos, jornadas de entre 56 y 64 horas semanales, reuniones políticas obligatorias y vigilancia sobre las relaciones personales. Todos los entrevistados, según Prisoners Defenders, afirmaron que no participaron voluntariamente en la misión.

Los testimonios recogidos en Botsuana describen retirada de pasaportes, falta de acceso a contratos, jornadas de entre 56 y 64 horas semanales.

Los profesionales también dijeron haber sido advertidos de que abandonar la misión podía impedirles regresar a Cuba durante ocho años.

Denuncias anteriores sobre las misiones médicas cubanas

Las denuncias sobre las misiones médicas cubanas preceden al caso de Botsuana. En 2019, relatoras especiales de Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno de Cuba ante alegaciones sobre condiciones que podían encajar en indicadores de trabajo forzoso.

Las advertencias alcanzaron específicamente a Botsuana antes de la investigación actual. El Informe sobre Trata de Personas de Estados Unidos de 2025 señaló que aproximadamente 80 profesionales médicos vinculados al Gobierno cubano en ese país podían haber sido sometidos a trabajo forzoso. Human Rights Watch ya había documentado en 2020 restricciones de movimiento, privacidad, expresión y relaciones personales dentro de las misiones cubanas.

En abril de 2026, la CIDH y REDESCA advirtieron sobre posibles vulneraciones laborales en estas misiones y señalaron que la participación de los profesionales no siempre sería voluntaria, en contextos donde pueden existir coerción, amenazas o temor a represalias. La CIDH reconoció, al mismo tiempo, la contribución del personal cubano a sistemas sanitarios con déficit de profesionales.

El caso de Botsuana forma parte de una investigación global de Prisoners Defenders basada en 1.402 testimonios. La plataforma creada por la organización contabiliza 53 misiones activas y 25.724 profesionales cubanos desplegados en el exterior.

A partir de 1.185 testimonios protegidos, Prisoners Defenders calcula que los profesionales recibieron, como promedio, solo el 15 % de las cantidades pagadas por su trabajo. En Botsuana, el porcentaje documentado para los especialistas es superior —24,42 %—, aunque sigue dejando fuera del salario del médico más de tres cuartas partes de la tarifa contractual.

Prisoners Defenders exige investigar el sistema y pagar directamente a los médicos

Entre las medidas reclamadas, Prisoners Defenders pide que los médicos cubanos reciban directamente el pago íntegro correspondiente a su trabajo, que puedan conservar sus pasaportes y contratos y que dispongan de libertad de movimiento, comunicación y alojamiento. La organización reclama además entrevistas individuales y confidenciales sin presencia de los coordinadores cubanos y un mecanismo independiente de denuncia.

Javier Larrondo reclamó además suspender la normativa impuesta por la jefatura cubana y revisar el sistema de retención salarial. “La medicina no puede utilizarse como coartada para la esclavitud y la necesidad sanitaria de Botswana no concede a su gobierno el derecho a tener trabajadores sometidos a esclavitud. Exigimos la restauración de los derechos para los médicos cubanos en Botswana.”