Cuba marca un nuevo récord represivo: 1.306 presos políticos antes del aniversario del 11J

Prisoners Defenders suma 32 nuevos presos políticos verificados en junio, mantiene otros 21 casos bajo investigación y alerta sobre una ofensiva represiva del régimen cubano antes del 11 de julio.

A pocos días del quinto aniversario del 11J, Prisoners Defenders documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio de 2026, tras incorporar 32 nuevos casos verificados durante el mes. La organización mantiene además otros 21 casos en proceso de investigación, en un informe que vincula el aumento con un patrón de represión preventiva antes del 11 de julio.

Represión preventiva antes del aniversario del 11J

La cercanía del 11 de julio ocupa un lugar central en el análisis de Prisoners Defenders. La organización interpreta las nuevas incorporaciones como parte de una estrategia de represión preventiva ante una fecha vinculada a las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en las últimas décadas.

“Los casos incorporados este mes apuntalan la significativa evolución del patrón represivo del régimen cubano en vísperas del 5º aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J)”, señala el documento.

El informe relaciona el aumento de los casos con el intento de elevar el costo social y penal de la protesta:

“La coincidencia temporal de esta escalada represiva con la proximidad del aniversario del 11J permite apreciar un patrón de represión preventiva orientado a incrementar el coste potencial percibido por la población ante cualquier expresión de protesta o participación en actividades públicas”.

Récord de menores detenidos por motivos políticos

El número de prisioneros políticos detenidos siendo menores de edad también alcanzó una cifra récord, según Prisoners Defenders. El informe registra 40 casos: 38 chicos y 2 chicas. De ellos, 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.

El informe también detalla las condenas por sedición contra manifestantes del 11J. “16 de los menores del 11J han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad”, indica el documento. La lista actual incluye además 217 manifestantes condenados por sedición, con un promedio de 10 años de privación de libertad.

Periodistas, creadores y líderes sociales entre los nuevos casos

Según Prisoners Defenders, la selección de las víctimas no se limita a personas que participaron en protestas o desarrollan activismo de derechos humanos. La organización sostiene que las autoridades también actúan contra ciudadanos con capacidad de influencia en distintos sectores sociales.

“La selección de las víctimas no responde ya únicamente a la participación en protestas, o el activismo pro derechos humanos sino, especialmente en estas últimas semanas, a su potencial capacidad de influencia sobre diversos sectores de la sociedad”, señala el informe.

Entre los nuevos casos figuran periodistas, creadores de contenido digital, un rapero, un pastor evangélico, dirigentes opositores, un médico, ex presos políticos del 11J y varios menores. Para Prisoners Defenders, estos perfiles muestran un intento de neutralizar a referentes sociales y comunitarios con capacidad de informar, movilizar o canalizar el malestar ciudadano.

Creadores de contenido procesados por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado

El informe menciona el caso de Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón, vinculados al canal de YouTube Despingovery Channel. “Los presos políticos Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón fueron detenidos en La Habana por su trabajo en el canal de YouTube Despingovery Channel, desde el que documentaban y satirizaban el deterioro de infraestructuras e instalaciones abandonadas en Cuba”, señala Prisoners Defenders.

Según la organización, ambos enfrentan acusaciones vinculadas a la Seguridad del Estado. “A pesar de la inocencia del hecho y la irrelevancia para la seguridad del país, las autoridades los procesan, no obstante, por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, bajo acusaciones de ‘Espionaje’ o ‘Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado’”, indica el informe.

Periodistas, religiosos y jóvenes entre los nuevos casos

Según Prisoners Defenders, la represión contra periodistas independientes y otros actores críticos continuó durante junio mediante detenciones arbitrarias, interrogatorios, restricciones de circulación y medidas cautelares que mantienen abiertos procesos penales con motivación política.

Entre los casos incorporados figura Alexis Padrón Lorenzo, pastor evangélico de 58 años detenido el 11 de junio de 2026 en Regla, La Habana. Según Prisoners Defenders, fue arrestado “tras increpar pacíficamente a unos funcionarios que intentaban dispersar una manifestación vecinal pacífica en protesta por los prolongados apagones y la escasez de agua”.

El informe documentó además 10 nuevos presos políticos jóvenes durante junio: 6 menores de entre 15 y 17 años y 4 jóvenes de entre 19 y 21 años. Estos casos se suman al registro general de prisioneros políticos que fueron detenidos antes de cumplir la mayoría de edad.

Presos políticos enfermos y denuncias de falta de atención médica

Al cierre de junio de 2026, 458 presos políticos padecían patologías médicas graves y/o crónicas, según Prisoners Defenders. La organización registró además 53 casos de personas con graves trastornos de salud mental preexistentes a la detención.

“La denegación de atención médica, la insuficiente alimentación, la falta de medicamentos, las condiciones insalubres de reclusión y la negativa a proporcionar tratamiento especializado constituyen prácticas recurrentes que agravan deliberadamente el estado de salud de los presos políticos”, advierte el documento.

A esta situación se suma el alejamiento territorial de presos políticos, documentado recientemente por Cubalex. Su monitoreo identificó al menos 55 personas encarceladas lejos de su lugar habitual de residencia o con particularidades relacionadas con la distancia entre la prisión y sus familias. De ese total, 49 son hombres y seis mujeres.

Alejamiento territorial como castigo añadido

Según Cubalex, La Habana aparece como el principal punto de origen de los traslados analizados: 20 de los presos políticos incluidos en el monitoreo residen habitualmente en la capital, pero cumplen condena en centros penitenciarios ubicados en otras provincias.

El monitoreo también registra traslados entre regiones opuestas del país. Presos de provincias orientales, como Santiago de Cuba, Granma o Guantánamo, han sido enviados a cárceles en Matanzas o La Habana, mientras que reclusos del occidente cumplen condena en establecimientos del centro y el oriente de la isla.

La distancia tiene efectos directos sobre las familias, en medio de la crisis económica, el deterioro del transporte y los problemas energéticos que atraviesa Cuba. Para muchas familias, visitar a un preso político implica recorrer cientos de kilómetros. A esa distancia se suma la dificultad de entregar alimentos, medicinas, ropa y artículos de higiene, una carga difícil de sostener en la actual crisis cubana.

Cubalex señala que casi la mitad de los presos políticos monitoreados se encuentra recluida a más de 100 kilómetros de su residencia habitual. Además, cerca del 15 % permanece en prisiones situadas a más de 500 kilómetros de sus hogares.

Esta práctica agrava las condiciones de reclusión porque limita el apoyo material y emocional de las familias. Organismos de derechos humanos han descrito el alejamiento territorial como una forma de castigo adicional, en la medida en que sus consecuencias alcanzan no solo a la persona encarcelada, sino también a su entorno familiar.