Las Tunas supera en un 81 % la tasa nacional de violencia sexual contra las mujeres

Pinar del Río y Camagüey presentan indicadores aún mayores dentro de un registro oficial que solo contabiliza los casos juzgados.

Las Tunas registró en 2025 a 15 mujeres víctimas de violencia sexual en procesos judiciales, con una tasa de 7,57 por cada 100.000 mujeres de 15 años o más. La cifra, alrededor de un 81 % superior al promedio nacional de 4,19, llevó al periódico oficial 26 a reconocer que la provincia “casi duplicó” la tasa cubana.

Pero Las Tunas no constituye una excepción. Pinar del Río y Camagüey presentan tasas todavía más altas, mientras La Habana concentra el mayor número absoluto de víctimas. Las propias estadísticas estatales dibujan así un mapa desigual de la violencia sexual que llega a ser judicializada en Cuba y que, como muestran los datos posteriores, representa solo una parte del problema.

Las Tunas no es una excepción en el mapa cubano

A escala nacional, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), adscrito a la ONEI, contabilizó 173 mujeres víctimas de violencia sexual de 15 años o más en casos juzgados durante 2025. De ellas, 90 fueron registradas como víctimas de delitos de agresión sexual y otras 83 bajo distintas modalidades de violencia sexual.

En números absolutos, La Habana encabezó los registros con 30 víctimas, apenas una más que Pinar del Río, con 29. Camagüey contabilizó 20, mientras Las Tunas y Holguín registraron 15 cada una. Solo esas cinco provincias concentraron 109 de las 173 mujeres incluidas en la estadística oficial, cerca del 63 % del total nacional.

Pero el orden cambia cuando se toma en cuenta la cantidad de mujeres que vive en cada territorio. Pinar del Río, Camagüey y Las Tunas encabezan las tasas provinciales, en ese orden. Las Tunas queda así en tercer lugar, pese a registrar menos víctimas que La Habana, Pinar del Río y Camagüey.

La comparación deja ver una realidad que los números absolutos pueden ocultar. Las Tunas y Holguín registraron 15 víctimas cada una, pero el peso proporcional fue mayor en territorio tunero. La Habana duplicó esa cifra, con 30, pero no se encuentra entre las tres provincias con las tasas más elevadas.

Tampoco existe en Las Tunas una trayectoria de aumento continuo. La tasa de violencia sexual judicializada pasó de 9,60 en 2023 a 10,85 en 2024 y descendió a 7,57 en 2025. La caída del último año no cambia, sin embargo, su posición: el registro tunero continúa muy por encima del promedio cubano de 4,19.

Pinar del Río y Camagüey superan la tasa tunera

La mirada nacional impide presentar a Las Tunas como un caso aislado. Pinar del Río registró 29 víctimas, apenas una menos que La Habana pese a contar con una población femenina mucho menor, mientras Camagüey contabilizó 20. Al calcular las tasas por cada 100.000 mujeres de 15 años o más, ambas provincias quedan por encima de Las Tunas.

La mirada nacional impide presentar a Las Tunas como un caso aislado.

La brecha también aparece entre el campo y las ciudades. Los tribunales contabilizaron 120 víctimas residentes en áreas urbanas y 53 en zonas rurales. Sin embargo, la tasa rural fue de 5,46, frente a 3,80 en las zonas urbanas, alrededor de un 44 % más alta. Aunque fueron menos en términos absolutos, las mujeres rurales aparecen proporcionalmente más expuestas dentro de los casos que consiguieron llegar a los tribunales.

Las estadísticas estatales permiten medir esas diferencias, pero no explican qué ocurre detrás de ellas. Los datos no permiten saber cómo inciden el acceso desigual a servicios especializados, las posibilidades reales de denunciar, la respuesta de las instituciones o los obstáculos que debe superar una víctima para que su denuncia termine convertida en un proceso judicial.

Adolescentes: la mayor tasa registrada por edad

Si las diferencias territoriales llaman la atención de la prensa estatal, la distribución por edades debería constituir otra preocupación. Las mujeres de 20 a 44 años concentraron el mayor número absoluto, con 73 víctimas, pero la tasa más alta corresponde a las adolescentes de 15 a 17 años.

En apenas tres edades —15, 16 y 17 años— fueron contabilizadas 49 adolescentes víctimas de violencia sexual, con una tasa de 31,52 por cada 100.000. Es 7,5 veces la tasa general de 4,19 y casi seis veces la registrada entre las mujeres de 20 a 44 años, que fue de 5,33.

Las adolescentes representan alrededor del 28 % de todas las víctimas reconocidas en estos procesos judiciales: casi tres de cada diez. Detrás del porcentaje hay 49 menores de edad que atravesaron no solo una agresión sexual, sino también un procedimiento judicial para que esos hechos quedaran incorporados a la estadística estatal.

La violencia que no llega a los tribunales

Incluso el periódico oficial 26 reconoce una limitación decisiva para interpretar estos datos: las cifras del OCIG proceden de procesos judiciales resueltos por el Tribunal Supremo Popular. No miden, por tanto, toda la violencia sexual que ocurre en Cuba, sino únicamente aquella parte que atravesó el sistema de denuncia y llegó a ser juzgada.

La propia definición del indicador confirma ese límite. El OCIG contabiliza a mujeres de 15 años o más víctimas de violencia sexual cuyos casos fueron “juzgados en procesos judiciales en el año”. Las 173 mujeres registradas, por tanto, no representan el total de víctimas de violencia sexual en Cuba durante 2025 y tampoco significa que las agresiones ocurrieran necesariamente ese año.

Las 173 mujeres registradas, por tanto, no representan el total de víctimas de violencia sexual en Cuba durante 2025.

El monitoreo independiente permite observar otra parte de esa realidad. El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han verificado 49 feminicidios ocurridos en Cuba durante 2025, mediante fuentes comunitarias, medios de prensa, activistas y procesos propios de verificación. Este registro no es comparable directamente con las cifras de violencia sexual del OCIG, pero muestra la importancia de documentar la violencia contra las mujeres más allá de los casos que culminan en los tribunales.

Falta de datos y expedientes judiciales

La dificultad para dimensionar la violencia sexual persiste incluso en los casos más extremos de violencia machista. En su Informe Anual de 2025, OGAT analizó los 48 feminicidios que integraban entonces su registro: confirmó violencia sexual asociada al crimen en tres casos, la descartó en 37 y en otros ocho no pudo determinar si había ocurrido. Entre los obstáculos señalados por el Observatorio están la falta de acceso a informes forenses, documentación médica y expedientes judiciales completos.

El vacío resulta todavía más inquietante cuando las estadísticas oficiales reconocen a 49 adolescentes de 15 a 17 años como víctimas de violencia sexual en procesos judiciales, mientras las niñas menores de 15 años quedan fuera de este indicador. Entre los casos que alcanzan los tribunales, los que pueden documentar los observatorios independientes y aquellos sobre los que no existe información pública permanece una parte de la violencia sexual contra mujeres y niñas que el Estado cubano todavía no permite dimensionar.