Una mujer es asesinada frente a su hijo en Isla de la Juventud y Cuba suma 63 feminicidios

El niño, de entre seis y ocho años, presenció el crimen ocurrido en Nueva Gerona. OGAT confirmó la detención del hombre señalado como agresor.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verificó el feminicidio de Yasmina Ruano González, de 32 años, ocurrido el 9 de noviembre de 2026 en su vivienda de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud. La mujer murió presuntamente a manos de su pareja, en presencia de uno de sus hijos. Con este caso, el registro independiente asciende a 63 feminicidios en Cuba durante 2026.

El crimen ocurrió en el reparto 26 de Julio, conocido como Francoy. Según OGAT, el hijo de la víctima, de entre seis y ocho años, presenció los hechos y quedó en una situación de especial desprotección, dado que su padre reside fuera de Cuba.

De acuerdo con la información contrastada por OGAT con fuentes comunitarias, la policía detuvo al hombre señalado como presunto agresor el mismo día del feminicidio.

Yasmina Ruano González deja dos hijos: el niño que presenció el asesinato y una hija cuya edad se desconoce. OGAT señaló que el menor necesita atención psicológica especializada, oportuna y sostenida, además de un entorno seguro que garantice su cuidado y acompañamiento.

Al menos 40 menores dependían de víctimas de feminicidio en 2026

Según el informe de OGAT correspondiente a enero-agosto de 2026, 26 de las 49 mujeres víctimas de feminicidio durante ese período tenían menores a su cargo, lo que representa el 53,1 %. El Observatorio identificó al menos 40 niñas, niños y adolescentes que dependían de ellas.

De las 26 mujeres que tenían menores a su cargo, 23 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, el 88,5 %. Estos crímenes pueden dejar a los hijos sin su principal cuidadora y, en determinados casos, sin la presencia del padre cuando este es detenido o encarcelado.

Sin refugios ni una ley integral contra la violencia de género en Cuba

En Cuba, las mujeres expuestas a la violencia machista continúan sin disponer de una red nacional de refugios que les permita abandonar situaciones de riesgo junto a sus hijos. El régimen tampoco ha aprobado una ley integral contra la violencia de género ni ha incorporado el feminicidio como delito autónomo al Código Penal.

Según el informe de OGAT correspondiente a enero-agosto de 2026, 32 de los 49 feminicidios documentados ocurrieron en viviendas, lo que representa el 65,3 %.

Según el informe de OGAT correspondiente a enero-agosto de 2026, 32 de los 49 feminicidios documentados ocurrieron en viviendas, lo que representa el 65,3 %. En 12 casos existían denuncias previas contra el agresor, mientras que en otros 28 no fue posible establecer si las víctimas habían acudido anteriormente a las autoridades.

La ausencia de alternativas habitacionales seguras y las dificultades económicas para abandonar el hogar pueden aumentar la exposición de las víctimas a situaciones de violencia.

La prevención requiere mecanismos de evaluación temprana del riesgo, protección efectiva ante las denuncias y seguimiento de las mujeres amenazadas. También resulta necesaria una respuesta institucional que garantice asistencia psicológica, protección y acompañamiento a los hijos de las víctimas, más allá de la actuación policial posterior al crimen.

OGAT investiga otros posibles feminicidios en Cuba

Hasta el 10 de noviembre de 2026, el Observatorio registra también 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. A estos casos se suman otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos alertados durante 2026 que permanecen bajo investigación.

OGAT solicita además acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas, mientras mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.

Los registros del Observatorio representan un mínimo de casos verificados y no necesariamente la totalidad de los crímenes ocurridos en el país. Las limitaciones de acceso a información policial y judicial dificultan la documentación independiente y el seguimiento de las medidas de protección para las víctimas y sus familiares.