Denunciada en redes tras protestas en Morón: teniente coronel Niurka Valdez

Activistas vinculan a la oficial con la fabricación de expedientes y la intimidación a jóvenes detenidos por las protestas en Morón, además de otras prácticas cuestionadas en el sistema penal. Mientras que su hija reside en Estados Unidos.

La teniente coronel Niurka Valdez Figueredo, jefa de Instrucción Policial en Ciego de Ávila, es señalada en denuncias públicas en redes sociales como responsable de los procesos penales contra jóvenes detenidos tras las manifestaciones del 13 de marzo de 2026 en Morón.

Los reportes también indican que, mientras participa en estos procesos, parte de su familia reside en Estados Unidos.

Las denuncias, difundidas inicialmente por el activista Henry Ponce y replicadas en redes sociales, atribuyen a Valdez Figueredo la presunta fabricación de expedientes penales y el hostigamiento a opositores dentro del sistema de detención provincial.

Acceso irregular a celdas de detenidos

Según los reportes y denuncias, su esposo, el teniente coronel Girber González Solenzer, vinculado a la Seguridad del Estado, habría accedido a las celdas donde permanecen los jóvenes detenidos con el objetivo de intimidarlos durante los interrogatorios.

Las mismas fuentes afirman que González Solenzer actuaría de forma intimidatoria y al margen de los protocolos de custodia, lo que podría constituir una violación de garantías mínimas del proceso penal.

La hija en Miami y el uso de vehículos oficiales

Las denuncias incorporan además información sobre la situación familiar de la represora. Su hija, Melisa Broughton Valdés, residiría en Tampa, Florida, y realizaría visitas periódicas a Cuba, según su actividad en redes.

Según los reportes difundidos, durante esas estancias en la isla, la joven habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio del Interior (MININT) asignados a su madre, lo que los denunciantes describen como un uso indebido de recursos del Estado.

Según los reportes difundidos, durante esas estancias en la isla, la joven habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

Las fuentes también señalan que el padre biológico de Melisa es Luis Broughton Madrigal, actual director general de Economía y Logística del INDER, lo que reforzaría la inserción de la familia en estructuras del poder estatal.

Mientras defiende públicamente a la dictadura cubana, Valdez Figueredo utilizaría un perfil en Facebook bajo el nombre de Dialina Valdés —con una imagen del Che Guevara— para comunicarse y compartir logros de su hija, Melisa Broughton Valdés, presuntamente empleada en una joyería local.

La contradicción denunciada: represión interna, familia en el exterior

Las publicaciones subrayan lo que describen como una contradicción entre el discurso oficial y la conducta privada de la funcionaria: mientras el aparato represivo persigue a ciudadanos por vínculos con Estados Unidos, un familiar directo residiría en ese país.

Las publicaciones subrayan lo que describen como una contradicción entre el discurso oficial y la conducta privada de la funcionaria.

La locutora Indira Solís ha promovido en redes acciones para incluir a Valdez Figueredo y González Solenzer en listados de “Represores de Blanco”, utilizados para solicitar restricciones de visado internacional.

Llamado a revisar la situación de los detenidos

En el marco de estas denuncias, activistas y organizaciones de la sociedad civil han llamado a revisar la situación legal de los jóvenes arrestados en Morón. Exigen, entre otras medidas, el cambio de la medida cautelar para quienes permanecen detenidos y el cese de prácticas que califican como intimidatorias.

De acuerdo con organizaciones independientes como Cubalex, las protestas registradas en Cuba durante marzo de 2026 dejaron al menos 47 personas detenidas en todo el país, incluyendo varios arrestos vinculados a los sucesos de Morón, en Ciego de Ávila. En ese municipio, considerado uno de los focos más visibles de la movilización, observatorios y medios independientes han confirmado al menos 14 detenciones tras las manifestaciones del 13 de marzo. No obstante, activistas advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de información oficial y a la dificultad para verificar todos los casos.

Las manifestaciones del 13 de marzo de 2026 se inscriben en una serie de protestas registradas en distintas provincias cubanas en los últimos años, en un contexto de deterioro económico y restricciones a la libertad de expresión, documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos.