America First Policy Institute pide mantener la presión sobre Cuba mientras el PCC conserve el monopolio político

El informe reclama elecciones supervisadas internacionalmente, liberación de presos políticos, independencia judicial y garantías de libertades.

El America First Policy Institute (AFPI) publicó el 19 de agosto el informe “La dictadura vecina: Cuba y la lucha por el hemisferio occidental”, en el que describe al régimen comunista cubano como un sistema autoritario de partido único basado en el control político, económico y social. El documento analiza además la falta de libertades, la represión contra la disidencia, la crisis económica y los vínculos de La Habana con Rusia, China e Irán.

El estudio, elaborado por Melissa Ford Maldonado, directora de la Iniciativa para el Hemisferio Occidental de AFPI, sostiene que la llegada de Miguel Díaz-Canel a la Presidencia no produjo una liberalización política. El informe caracteriza la etapa posterior a Fidel Castro y Raúl Castro como una sucesión administrada que preservó las estructuras fundamentales del gobierno del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La posición de AFPI sobre Cuba y la falta de libertades antecede al nuevo informe. Tras las protestas del 11J de 2021, el instituto expresó su respaldo a la demanda de libertades de la población cubana, y en marzo de 2024 condenó el corte de Internet aplicado durante nuevas protestas, al considerar que buscaba silenciar a los manifestantes. Desde 2023, sus análisis también han situado los vínculos de La Habana con China y otras potencias adversarias de Estados Unidos dentro de un problema más amplio de seguridad hemisférica.

“Cuba no es simplemente un régimen autoritario a 145 kilómetros de nuestras costas; es un desafío estratégico para Estados Unidos y una plataforma cada vez más importante para nuestros adversarios en el hemisferio occidental. Estados Unidos debería dejar de tratar a Cuba como un problema diplomático aislado y empezar a considerarla una prioridad de seguridad nacional”, declaró Melissa Ford Maldonado, quien añadió:

“Cualquier relación futura con La Habana debe basarse en un principio fundamental: el pueblo cubano merece la libertad, y no se debe permitir que los adversarios de Estados Unidos utilicen a Cuba como punto de apoyo contra Estados Unidos y nuestros aliados”.

Partido único y ausencia de competencia política

El informe sostiene que el PCC mantiene el monopolio político en Cuba y recuerda que la Constitución lo define como “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Ningún otro partido puede operar legalmente y las organizaciones opositoras no pueden competir por el poder.

Según el documento, las elecciones tampoco constituyen una competencia política efectiva. El sistema funciona principalmente como un mecanismo de ratificación, ya que los partidos opositores no pueden presentar candidaturas y la campaña electoral está restringida.

El estudio vincula también la concentración del poder político con el peso económico de las Fuerzas Armadas. Destaca a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares, que domina amplios segmentos del turismo, las finanzas, el transporte, la logística y el comercio exterior. Economistas y observadores citados por AFPI estiman que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía cubana.

Vigilancia, detenciones y presos políticos

Uno de los apartados centrales del informe, titulado “Control social y represión”, sostiene que las libertades de expresión, reunión y asociación están severamente restringidas y que el disenso político puede ser castigado. Periodistas independientes, activistas, dirigentes religiosos y personas opositoras reportan vigilancia, detenciones, hostigamiento y restricciones de movimiento, mientras continúan documentándose actos de repudio contra voces críticas.

AFPI señala además el papel de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) como parte de una estructura de vigilancia vecinal que trabaja junto con los órganos de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior. Según el informe, este sistema dificulta la organización política independiente y contribuye a generar un entorno de vigilancia permanente.

Organizaciones de derechos humanos han documentado su colaboración con los órganos de seguridad para vigilar y reportar actividades consideradas contrarias al régimen, así como su participación histórica en el hostigamiento de opositores y actos de repudio.

La función de los CDR forma parte de una estructura de control más amplia que, según el informe, ha permitido al Partido Comunista mantener el control político pese al aumento del descontento social.

La función de los CDR forma parte de una estructura de control más amplia que, según el informe, ha permitido al Partido Comunista mantener el control político pese al aumento del descontento social. Freedom House sostiene que estas organizaciones de barrio ayudan a los organismos de seguridad a “vigilar, informar y reprimir el disenso”. Human Rights Watch también ha documentado denuncias sobre vigilancia de personas consideradas “contrarrevolucionarias”, informes a Seguridad del Estado y hostigamiento de críticos.

Prisioneros políticos en Cuba

El documento recuerda que la respuesta de las autoridades a las protestas del 11 de julio de 2021 incluyó arrestos y procesos penales masivos. También señala que las detenciones y los cargos criminales han continuado frente a manifestaciones posteriores. Citando a Prisoners Defenders, recoge que en junio de 2026 había 1.281 presos políticos bajo custodia de las autoridades cubanas.

El informe señala además que el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.133 protestas durante abril de 2026. La cifra representa casi un 30 % más que en el mismo mes del año anterior.

Pobreza, alimentación y acceso a la salud

La situación descrita por AFPI trasciende los derechos civiles y políticos. Citando al Observatorio de Derechos Sociales Cuba, el informe señala que cerca del 89 % de las familias cubanas vivían en condiciones de pobreza extrema. Siete de cada diez personas también habían tenido que saltarse comidas por falta de alimentos o por no poder pagarlos.

Según la encuesta citada por el informe, solo el 3 % de las personas consultadas obtenía de forma constante los medicamentos que necesitaba.

El deterioro alcanza también al acceso a la salud. Según la encuesta citada por el informe, solo el 3 % de las personas consultadas obtenía de forma constante los medicamentos que necesitaba. El acceso se producía a través de las farmacias estatales. Los hospitales afrontan además escasez de antibióticos, jeringuillas y otros insumos, mientras la falta de combustible y recursos limita la respuesta de las ambulancias.

En ese contexto, el informe subraya el contraste entre las carencias de la población y la concentración de recursos en instituciones vinculadas al poder militar. Según las estimaciones que recoge, GAESA controlaría el 95 % de las transacciones en divisas. El conglomerado también dispondría de activos cercanos a los 18.000 millones de dólares.

AFPI condiciona la normalización a reformas democráticas

En sus recomendaciones, AFPI propone una política de “máxima presión” sobre el régimen cubano. Dichas acciones se enmarcan dentro de una estrategia destinada también a reducir la presencia de China, Rusia e Irán en la Isla. El documento plantea ampliar las sanciones contra estructuras vinculadas al Gobierno cubano y establecer una presencia militar estadounidense permanente en el Caribe.

El instituto sostiene que cualquier normalización debería condicionarse a elecciones libres y supervisadas internacionalmente. También reclama la legalización de partidos opositores, la liberación de todos los presos políticos y un poder judicial independiente. También reclama garantías para las libertades de expresión, religión y prensa, así como la separación de poderes.

AFPI propone además medidas de rendición de cuentas por la represión política. Algunas de ellas son la apertura de los archivos del PCC, el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia. El informe reclama también el cierre de centros utilizados para encarcelar a disidentes y el desmantelamiento de los CDR y otras estructuras de vigilancia vecinal.