Anna Bensi y su madre frente al régimen cubano: la violencia de un poder que exige obediencia

La Fiscalía pidió dos años de prisión para Anna Bensi y dos años de arresto domiciliario para su madre. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba denuncian el sesgo de género de la violencia política contra ambas.

Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, de 21 años, y su madre, Caridad Silvente Laffita, comparecieron este jueves, 1 de octubre de 2026, ante el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, acusadas tras grabar y difundir la visita de un agente del Ministerio del Interior (MININT) a su vivienda. La Fiscalía solicitó dos años de privación de libertad para Anna Bensi y dos años de arresto domiciliario para su madre. Tras el juicio, se dispuso modificar la medida cautelar de la joven a arresto domiciliario. Ambas podrán apelar la decisión judicial.

El abogado del policía que presentó la querella solicitaba para ambas mujeres dos años de limitación de libertad y una disculpa pública en video.

A las afueras fueron recibidas por amigos y ciudadanos que acudieron a mostrarles su solidaridad, pese al operativo policial y las detenciones denunciadas durante la jornada. También se reportó un corte de internet que impidió las transmisiones en directo y dificultó la difusión de imágenes, una interrupción denunciada como un intento de obstaculizar la cobertura de lo ocurrido en el tribunal.

Durante los últimos meses, Anna Bensi y Caridad Silvente han afrontado medidas cautelares, presiones judiciales y denuncias de persecución política por documentar una actuación policial. Su caso ha despertado la solidaridad de organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y comunidades religiosas, mientras ambas se enfrentan a la posibilidad de una condena que afectaría directamente a su libertad.

Para Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Alas Tensas (OGAT), el proceso revela una forma de violencia política e institucional con profundas raíces machistas: un sistema de poder que exige obediencia a las mujeres y recurre a sus mecanismos represivos cuando estas cuestionan la autoridad, denuncian posibles abusos o se niegan a guardar silencio.

Anna Bensi y Caridad Silvente: una madre y una hija frente al poder

El 10 de marzo de 2026, Yoel Leodán Rabaza Ramos, suboficial del MININT, se presentó vestido de civil, acompañado de otro hombre, en la vivienda de Anna Bensi y Caridad Silvente, en Alamar, La Habana. Su propósito era entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a la madre. Ante la presencia de los dos funcionarios, ambas mujeres decidieron grabar el encuentro.

Tras la difusión de la grabación en redes sociales, Yoel Leodán Rabaza Ramos emprendió acciones legales contra madre e hija por presuntos “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”, un delito contemplado en el artículo 393 del Código Penal cubano.

Anna Bensi: “lo volvería a hacer”

La Fiscalía archivó inicialmente la causa en abril, debido a que el supuesto delito requería una querella de la persona afectada y no podía perseguirse de oficio. Sin embargo, el procedimiento fue reabierto en julio, después de que el policía formalizara su reclamación. El juicio, previsto inicialmente para el 17 de septiembre, fue aplazado hasta el 1 de octubre.

Según ha denunciado Anna Bensi, el agente exige que ella y su madre publiquen un video de disculpa con el que pretende “recuperar su moral” tras la difusión de las imágenes. El abogado del querellante solicita, además, dos años de limitación de libertad para cada una, una sanción que ambas consideran injustificada por haber documentado una actuación policial.

Anna Bensi se ha negado a retractarse y defiende que grabar la visita del funcionario fue una medida de protección frente a una actuación de las autoridades. La joven sostiene que expresar sus opiniones y documentar lo que ocurre en su vivienda son derechos que no está dispuesta a abandonar. A pesar de las posibles consecuencias judiciales, ha reiterado que “lo volvería a hacer”.

La experiencia de estas dos mujeres pone de manifiesto una importante asimetría: mientras un funcionario del MININT cuenta con los recursos legales para reclamar una sanción por la difusión de su imagen, madre e hija afrontan un procedimiento penal por documentar la visita de las autoridades a su propio domicilio.

La violencia machista del poder: cuando una mujer se niega a obedecer

Ileana Álvarez sitúa el vínculo entre Anna Bensi y su madre en el centro de su reflexión sobre la represión política y las formas de resistencia de las mujeres cubanas:

“Hoy pienso en Anna Bensi y en su madre entrando juntas a un tribunal en Cuba. No quiero adornar demasiado esa imagen porque ya contiene todo lo necesario: una joven y su madre frente a un sistema que tiene policías, fiscales, tribunales, interrogatorios y mecanismos de vigilancia. Ellas tienen su palabra, su vínculo y la decisión de no dejarse intimidar en silencio”.

La dimensión machista de la violencia institucional se manifiesta en la relación de poder entre las dos mujeres y las autoridades que las investigan y procesan. Ante la presencia de funcionarios de la Seguridad del Estado en su vivienda, madre e hija recurrieron a la grabación como una forma de protección. Sin embargo, ese intento de dejar constancia de lo ocurrido terminó dando lugar a un procedimiento penal en su contra.

Para Ileana Álvarez, la decisión de grabar tiene un significado que muchas mujeres pueden reconocer en sus propias experiencias:

“Las juzgan después de haber grabado la visita de un funcionario del Ministerio del Interior a su casa. Y a mí me resulta imposible separar ese hecho de algo que conocemos bien las mujeres: la necesidad de dejar constancia cuando una siente que está en desventaja frente a alguien que tiene autoridad, poder o capacidad para hacer daño”.

La violencia institucional no comienza con una condena ni se limita a la privación de libertad.

La violencia institucional no comienza con una condena ni se limita a la privación de libertad. También puede ejercerse mediante la prolongación de un proceso penal, la imposición de medidas cautelares y la incertidumbre sobre el futuro. En el caso de Anna Bensi y Caridad Silvente, a la presión judicial se suman las actuaciones policiales que ambas han denunciado como intimidatorias. Estos mecanismos pueden afectar la vida cotidiana y generar un estado de inseguridad que se extiende más allá del tribunal.

Las relaciones que sostienen el autoritarismo

Ileana Álvarez advierte que la persecución política contra ambas mujeres también debe examinarse desde las relaciones de poder que sostienen el autoritarismo:

“Tampoco creo que este sea solo un caso político. Hay una dimensión de género que no debemos pasar por alto. Hay algo profundamente machista en un poder que espera obediencia, que castiga la exposición de sus métodos y que se irrita especialmente cuando quienes no obedecen son mujeres”.

Existe una contradicción entre el discurso oficial del régimen cubano sobre una supuesta emancipación femenina y las prácticas autoritarias que aplica. La proclamada igualdad de las mujeres no impide que estas se enfrenten a mecanismos de intimidación y castigo cuando ejercen su autonomía, cuestionan las decisiones de las autoridades o intervienen en el espacio público.

“Durante décadas, el llamado hombre nuevo convivió perfectamente con el viejo autoritarismo masculino. Yo lo llamo machismo leninista: una cultura del poder que se presenta como superior, pedagógica y paternal, pero que no tolera que una mujer le diga no, lo cuestione o lo grabe”, argumenta la directora de OGAT.

La exigencia de una disculpa pública adquiere especial relevancia en ese análisis: además de sus implicaciones jurídicas, supondría que ambas mujeres se retractaran públicamente de una actuación que consideran legítima.

“Por eso la imagen de Anna y su madre me toca especialmente. No porque sean indefensas. No lo son. Precisamente porque, aun sabiendo con qué se enfrentan, han decidido no comportarse como el poder espera de ellas y de todas las mujeres”, opina Ileana Álvarez.

“Ninguno de nosotros somos unos criminales”: la voz de Anna Bensi ante el tribunal

La mañana del 1 de octubre, Anna Bensi denunció que ella y su madre estaban siendo vigiladas por las fuerzas de seguridad desde antes de salir de su vivienda. La joven relató las circunstancias en las que ambas se desplazaron hasta el tribunal:

“Nos sentimos impotentes porque desde que salimos de la casa, bueno, desde que despertamos hoy, tenemos un despliegue policial por toda la zona. Son patrullas, son policías, decenas de policías vestidos de civil. De hecho, aquí hay por todo esto policías vestidos de civil, policías vestidos normal. Y ahora, cuando veníamos de camino, como si fuésemos unas delincuentes, nos estaban patrullando todo el camino”.

La joven también denunció la detención del pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como el Pregonero de Cristo, quien se dirigía al tribunal para acompañarlas. Según los testimonios difundidos sobre el incidente, el religioso fue derribado al suelo y esposado por agentes policiales. Anna Bensi denunció que se lo llevaron sin ofrecerle una justificación:

“Y aparte de eso se llevaron al Pregonero de Cristo, esposado, como si fuese un criminal y no le dieron ninguna justificación. Se lo llevaron porque literalmente Cuba es una dictadura en donde uno no puede pensar diferente, así que hoy lo que tenemos que hacer es que la verdad triunfe”.

En sus declaraciones ante la prensa, la activista insistió en que expresar sus opiniones políticas no constituye un delito y rechazó la identificación de la disidencia con la delincuencia:

“No es justo, no es justo. Ninguno de nosotros somos unos criminales. Solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos. No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país. No estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos”.

Un operativo policial para impedir la solidaridad con madre e hija

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un operativo represivo durante la jornada del 1 de octubre contra periodistas independientes, activistas y representantes religiosos que pretendían asistir al juicio de Anna Bensi y Caridad Silvente. Según la organización, desde las primeras horas de la mañana se registraron acciones de vigilancia, restricciones de movimiento y detenciones.

La periodista independiente Yoani Sánchez denunció que un operativo policial permanecía frente a su vivienda desde el amanecer para impedirle salir. El OCDH también identificó entre las personas afectadas a la periodista Camila Acosta y a integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja Cuba. Por su parte el periodista de CubaNet Vladimir Turró también fue advertido expresamente por la Seguridad del Estado de que no acudiera al juicio

El OCDH también denunció la detención del activista David Espinosa y su esposa cuando se dirigían al tribunal.

Las restricciones denunciadas obstaculizaron el acompañamiento a madre e hija y la cobertura independiente del proceso judicial. Ante estos hechos, el OCDH hizo un llamamiento a la prensa para que acudiera al tribunal y documentara tanto la vista oral como las actuaciones represivas denunciadas durante la jornada.

La solidaridad ciudadana y religiosa también se manifestó a las afueras del tribunal, donde varias personas se congregaron para apoyar a Anna Bensi y Caridad Silvente. A pesar de las detenciones denunciadas y del cerco policial, los presentes entonaron alabanzas cristianas como muestra de acompañamiento a ambas mujeres. Los cánticos convirtieron los alrededores del tribunal en un espacio de expresión religiosa y resistencia pacífica frente a la represión del régimen cubano.

La solidaridad como respuesta al aislamiento y la represión

La persecución judicial contra Anna Bensi y Caridad Silvente ha suscitado pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos y comunidades religiosas, que han reclamado garantías procesales y respeto a las libertades de expresión y conciencia.

Cubalex, organización independiente de defensa de los derechos humanos, ha cuestionado el proceso penal contra madre e hija. La entidad considera que grabar la actuación de un funcionario constituye un ejercicio legítimo de protección y control ciudadano, y denuncia que el régimen cubano utiliza el derecho penal para silenciar a quienes documentan posibles abusos de las autoridades.

La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba también ha denunciado la violencia política y de género ejercida contra Anna Bensi y Caridad Silvente. La organización advierte de que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de persecución que ha documentado durante años contra mujeres y personas de la sociedad civil crítica. En esta ocasión, señala como elemento particular que sea un agente policial quien haya presentado la querella contra ambas por grabar una actuación de funcionarios públicos.

La plataforma cuestiona que una grabación realizada como medida de autoprotección pueda convertirse en motivo de persecución penal: “¿Cómo puede la ciudadanía protegerse frente a posibles abusos de la policía, la policía política y otros funcionarios del Estado si documentar su actuación puede convertirse posteriormente en motivo de persecución?”.

Yo Sí Te Creo en Cuba también llama la atención sobre la desigualdad de poder entre las dos mujeres y los funcionarios que acudieron a su vivienda. Recuerda que fueron dos hombres quienes se presentaron para entregar la citación a una joven y a su madre, una mujer adulta mayor, en un contexto en el que la organización ha documentado actuaciones abusivas de agentes estatales, particularmente contra las mujeres.

Una forma de escarmiento

La organización considera que el proceso judicial constituye una actuación desproporcionada y una forma de escarmiento dirigida tanto contra madre e hija como contra quienes denuncian la realidad cubana. Advierte, además, de que los derechos de las personas perseguidas no pueden depender de su visibilidad pública, su lugar de residencia o el respaldo de organizaciones y representaciones diplomáticas.

Finalmente, sitúa el caso en un contexto más amplio de persecución contra periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil cubana, en el que menciona a los jóvenes de El4tico y a Sulmira Martínez. La plataforma insiste en que la cuestión trasciende a las dos protagonistas: “No se trata solamente de dos mujeres, con visibilidad. Se trata del derecho de cualquier persona a documentar, denunciar y protegerse frente a la actuación del poder”.

La Iglesia Metodista en Cuba y la Iglesia Evangélica Pentecostal también expresaron su respaldo a Anna Bensi y Caridad Silvente. Ambas comunidades reclamaron transparencia en el proceso judicial, garantías para la libertad de conciencia y expresión, y respeto a los derechos fundamentales de las dos mujeres.

En su declaración pastoral de respaldo y acompañamiento, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, Asambleas de Dios, pidió que el proceso contra madre e hija se desarrollara “con justicia, verdad, respeto y pleno reconocimiento de la dignidad humana”.

La Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental también manifestó su respaldo a Anna Bensi y Caridad Silvente y rechazó que ambas puedan ser criminalizadas por documentar una actuación policial.

Ileana Álvarez considera que el respaldo recibido por madre e hija constituye una respuesta al aislamiento que la represión política busca imponer a quienes desafían al régimen cubano:

“Lo que más me ha impresionado de estos días es la empatía que ha despertado su caso. Personas muy distintas han querido acompañarlas, hablar de ellas, hacer visible lo que está ocurriendo. Y eso tiene un enorme valor en un país donde la represión también busca aislar, romper vínculos y hacer sentir a cada persona que está sola frente al Estado. Anna y su madre no lo están”.

Dos mujeres, una misma decisión: no aceptar el silencio

La historia de Anna Bensi y Caridad Silvente es un ejemplo del conflicto entre el ejercicio de las libertades individuales y las actuaciones de las instituciones del régimen cubano. También permite examinar cómo la persecución política puede afectar a las mujeres y extenderse a su entorno familiar, sus relaciones personales y sus redes de apoyo.

Ni la amenaza de una condena ni las presiones denunciadas han conseguido que Anna Bensi renuncie públicamente a sus opiniones. Su madre continúa acompañándola en un procedimiento que también la afecta directamente. Juntas han mantenido su posición frente a una acusación que, según sus denuncias y las de las organizaciones que las respaldan, constituye una represalia por documentar una actuación policial.

Ni la amenaza de una condena ni las presiones denunciadas han conseguido que Anna Bensi renuncie públicamente a sus opiniones.

Anna Bensi y Caridad Silvente siguen afrontando las consecuencias judiciales de aquella decisión de grabar. Lo que está en discusión no es únicamente la situación penal de una joven y su madre, sino también las garantías de cualquier mujer cubana para documentar una actuación policial, denunciar un posible abuso y expresar sus opiniones sin exponerse a represalias de las instituciones que deberían proteger sus derechos.