Irlanda crea un registro público de condenados por violencia de pareja

La “Jennie’s Law” busca evitar que antecedentes violentos permanezcan ocultos. En Cuba, las víctimas siguen sin acceso a un sistema equivalente de alerta y protección.

Irlanda aprobó la creación de un registro público de condenas por violencia doméstica, accesible en internet y destinado a permitir que se conozcan determinados antecedentes graves de parejas y exparejas. La reforma, impulsada tras el asesinato de Jennifer Poole, busca evitar que historiales previos de violencia permanezcan fuera del alcance de quienes podrían estar en riesgo.

La Domestic Violence Judgments Register Act 2026, conocida como “Jennie’s Law”, fue aprobada por el Parlamento y promulgada el 21 de julio. Jennifer tenía 24 años y era madre de dos hijos cuando Gavin Murphy, su expareja, la asesinó en abril de 2021 en Finglas, Dublín. Murphy ya había sido condenado por agredir a otra expareja y había cumplido prisión por aquel ataque, un antecedente que Jennifer desconocía. Tras el crimen, su hermano Jason Poole impulsó una campaña para que otras personas pudieran conocer condenas previas por violencia de pareja antes de exponerse al mismo riesgo.

Un registro para conocer condenas por violencia de pareja

La ley ordena crear un registro administrado por el Courts Service irlandés. Podrán incorporarse condenas por delitos graves cometidos contra parejas o exparejas, entre ellos asesinato, violación, agresión sexual, acoso y control coercitivo. La inclusión no será automática: corresponderá al tribunal y, cuando la víctima esté viva, requerirá su consentimiento.

Podrán incorporarse condenas por delitos graves cometidos contra parejas o exparejas, entre ellos asesinato, violación, agresión sexual, acoso y control coercitivo.

El mecanismo no convierte cualquier denuncia o condena en una ficha pública ni sustituye la evaluación individual del riesgo. Su alcance fue debatido durante la tramitación porque deja fuera determinados procedimientos menos graves. Aun con esas limitaciones, introduce una diferencia relevante: determinadas condenas por violencia de pareja podrán ser consultadas públicamente y dejarán de depender de que una posible víctima consiga localizar por sí misma antiguos expedientes judiciales.

Irlanda no es la única jurisdicción que ha optado por hacer pública esta información. Tennessee, en Estados Unidos, mantiene desde enero de 2026 un registro público de agresores reincidentes por violencia doméstica, creado por “Savanna’s Law” y disponible para consultas en internet.

Otras jurisdicciones aplican un modelo diferente. Inglaterra y Gales cuentan desde 2014 con la “Clare’s Law”, basada en el “derecho a preguntar” y el “derecho a saber”: una persona puede solicitar a la policía información sobre antecedentes violentos de su pareja, y las autoridades pueden advertirla cuando detectan un riesgo. Sistemas semejantes funcionan en varias provincias de Canadá y en Nueva Zelanda, donde la información se entrega de forma individual y confidencial. Perú dispone, por su parte, de un registro reservado de víctimas y personas agresoras, destinado al uso de las instituciones responsables de atender estos casos.

Cuba: sin acceso a antecedentes ni una red pública de refugios

Cuba no cuenta con un mecanismo que permita a una mujer solicitar a las autoridades los antecedentes de violencia de una pareja ni consultar un registro equivalente al aprobado en Irlanda. El Gobierno adoptó en 2021 una estrategia para prevenir y atender la violencia de género y familiar, pero cinco años después ese marco no ha derivado en un sistema de alerta que permita conocer antecedentes violentos de parejas o exparejas.

Las carencias van más allá del acceso a los antecedentes. Cuba continúa sin una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en riesgo, según ha documentado OGAT. Incluso la prensa oficial ha reconocido la falta de lugares de refugio como uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas para escapar de situaciones de violencia.

Cuba continúa sin una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en riesgo, según ha documentado OGAT.

El país tampoco dispone de una ley integral contra la violencia de género, reclamada durante años por organizaciones feministas independientes y organismos de derechos humanos, y el feminicidio continúa sin estar tipificado como delito autónomo. El Código Penal incorpora la violencia de género en determinados supuestos y agravantes, pero no articula por sí solo un sistema integral de prevención, protección, atención y reparación para las víctimas.

Feminicidios y brechas de protección

Estas brechas de protección persisten mientras continúa la violencia extrema contra mujeres y niñas. Hasta el 24 de agosto de 2026, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verificó 47 feminicidios y 20 intentos de feminicidio en Cuba. Entre mayo y junio documentó 17 casos, frente a cuatro durante los mismos meses de 2025, un incremento del 325 %.

A la desprotección institucional se suma la revictimización de las mujeres asesinadas. Tras los feminicidios de Merlin Noay, de 17 años, y Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54, OGAT documentó comentarios en redes sociales que cuestionaban sus relaciones, sus edades y sus decisiones personales, trasladando hacia ellas un escrutinio que desplazaba la responsabilidad de los hombres señalados como agresores.

Ante el limitado acceso a información policial, judicial y forense, las redes sociales se han convertido en una fuente clave para los observatorios independientes que documentan feminicidios. Pero esos mismos espacios también pueden alimentar la revictimización y culpabilización de las mujeres asesinadas.

La experiencia internacional no demuestra que publicar o revelar antecedentes elimine la violencia de pareja. Sí muestra que varios Estados han empezado a considerar el historial violento del agresor como información relevante para prevenir nuevos ataques.