Groenlandia abre una comisión por prácticas obligadas de anticoncepción contra mujeres y niñas inuit

Más de 4.000 niñas y mujeres fueron sometidas a prácticas anticonceptivas desde los años sesenta. El debate sobre un posible genocidio sigue abierto.

El Gobierno de Groenlandia anunció la creación de una comisión de reconciliación para esclarecer décadas de anticoncepción aplicada sin consentimiento a más de 4.000 niñas y mujeres inuit, algunas de apenas 12 años. La decisión se produce tras la publicación, el 28 de agosto, de dos informes de expertos que documentan vulneraciones de derechos, pero discrepan sobre si los hechos pueden constituir genocidio.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que la comisión buscará esclarecer lo ocurrido y avanzar hacia una reconciliación. “No se trataría de buscar culpables, sino de descubrir la verdad con miras a una reconciliación genuina”, señaló.

Anticoncepción forzada en Groenlandia afectó a más de 4.000 niñas y mujeres

La investigación histórica conjunta de Dinamarca y Groenlandia documentó que más de 4.000 niñas y mujeres groenlandesas recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) desde la década de 1960. Algunas tenían solo 12 años. El estudio analizó los testimonios de 354 mujeres y registró 488 intervenciones anticonceptivas, entre ellas 410 inserciones de DIU y 43 inyecciones de Depo-Provera.

El estudio analizó los testimonios de 354 mujeres y registró 488 intervenciones anticonceptivas.

En la gran mayoría de los casos examinados, las mujeres no habían dado su consentimiento para recibir un DIU. La investigación también documentó infecciones graves, lesiones en las trompas de Falopio, histerectomías y dificultades posteriores para tener hijos. Estas consecuencias hablan de la autonomía reproductiva y la integridad corporal de las afectadas.

Estas prácticas se desarrollaron mientras Dinamarca administraba el sistema sanitario groenlandés. La investigación histórica señaló que las autoridades danesas estaban preocupadas por el aumento de la población y promovieron medidas destinadas a reducir el crecimiento demográfico y el tamaño de las familias en Groenlandia.

Dos informes discrepan sobre si los hechos constituyen genocidio

En 2024, el Gobierno de Groenlandia encargó a cuatro especialistas evaluar las posibles violaciones de derechos humanos y del derecho internacional relacionadas con estas prácticas. Las diferencias entre los integrantes del grupo impidieron alcanzar una conclusión común y dieron lugar a dos informes separados.

Uno de los informes concluyó que no existían elementos suficientes para probar la intención de destruir total o parcialmente al pueblo inuit. Esa intención específica es un requisito jurídico para determinar la existencia de genocidio.

El segundo informe no descartó esa posibilidad y sostuvo que una determinación definitiva debería corresponder a un tribunal competente. El Gobierno groenlandés señaló, además, que no asumía la conclusión que descartaba el genocidio, porque consideró que ese documento no cumplía con el mandato establecido para el estudio.

La ministra de Justicia de Groenlandia, Marianne Paviasen, señaló que el Ejecutivo no podía establecer una conclusión definitiva sobre si los hechos constituyeron genocidio. “No podemos afirmar, en nombre del gobierno, si hubo genocidio. Es algo que podemos seguir debatiendo”.

Por su parte, el partido groenlandés Siumut pidió que la cuestión sea examinada por “un tribunal internacional competente e independiente”. La formación sostuvo, además: “Hoy podríamos haber sido mucho más groenlandeses”.

Dinamarca aprueba indemnizaciones

El Parlamento danés aprobó el 27 de agosto una indemnización de 300.000 coronas danesas para cada mujer que cumpla los requisitos establecidos por haber recibido anticonceptivos sin consentimiento entre 1960 y 1991. Las solicitudes serán examinadas por la autoridad danesa encargada de las indemnizaciones a pacientes.

El Parlamento danés aprobó el 27 de agosto una indemnización de 300.000 coronas danesas para cada mujer que cumpla los requisitos establecidos por haber recibido anticonceptivos sin consentimiento.

En 2025, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió disculpas por lo ocurrido y calificó estas prácticas como “discriminación sistemática” contra la población groenlandesa. Tras conocerse los nuevos informes, afirmó que Copenhague “gestionará el proceso político junto con el gobierno de Groenlandia” y respaldó la creación de la comisión de reconciliación.

Una de las afectadas es Jensine Frederiksen Kreutzmann, de 86 años, quien recibió anticonceptivos sin saberlo cuando estudiaba en Aasiaat en 1969. Durante años guardó silencio sobre lo ocurrido. Tras seguir desde Maniitsoq la presentación de los informes, declaró: “Hoy me siento muy bien. Claro que también ha sido muy abrumador, pero me siento bien”.

La futura comisión deberá abordar las consecuencias que estas prácticas tuvieron sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres inuit. Su creación se suma al proceso de indemnización aprobado por Dinamarca y mantiene abierta la discusión jurídica sobre la calificación de los hechos.