La ONU reconoce la violencia reproductiva y sitúa la violencia obstétrica como violencia de género

Una nueva resolución reconoce las prácticas reproductivas forzadas como violencia de género y sitúa las intervenciones obstétricas sin consentimiento entre los abusos contra las madres.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció por primera vez de manera expresa la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género, al incluir el embarazo, el aborto y la esterilización forzados, así como la anticoncepción impuesta y la negación del acceso a anticonceptivos, en una resolución centrada en las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias.

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) precisó que se trata del primer documento negociado de Naciones Unidas que menciona expresamente esta categoría. El texto contempla también los casos en que la anticoncepción, el embarazo, el aborto o la esterilización son impuestos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo.

La resolución reclama mecanismos de denuncia seguros, accesibles y confidenciales, junto con servicios de remisión y atención adaptados a la edad, sensibles al género, inclusivos para las personas con discapacidad y centrados en las sobrevivientes. Además, insta a los Estados, los organismos internacionales y las entidades humanitarias a prevenir estas agresiones y responder ante ellas.

El texto solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presente, durante el 71.º período de sesiones del Consejo, un informe sobre las brechas de financiación de la respuesta humanitaria y la disparidad entre las políticas de asistencia y desarrollo y el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas.

La violencia obstétrica como forma de violencia reproductiva

El reconocimiento coincide con la presentación del informe A/HRC/62/49, “Violencia contra las madres”, elaborado por Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. El documento, fechado el 27 de mayo de 2026, fue publicado el 10 de junio y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 25 de junio.

El informe sitúa la violencia obstétrica dentro de la categoría más amplia de violencia reproductiva. Sobre la posible responsabilidad de quienes prestan la atención, Reem Alsalem afirma: “Los profesionales de la salud y de la medicina pueden ser responsables de someter a las madres a violencia reproductiva u obstétrica”.

Entre las prácticas examinadas como posibles manifestaciones de violencia obstétrica figuran las intervenciones sin consentimiento informado, la vulneración de la confidencialidad, la discriminación durante la atención materna, la prohibición injustificada de un acompañante elegido por la mujer y la atención inadecuada después de un aborto espontáneo, una muerte fetal o la pérdida del recién nacido.

Reem Alsalem señala que las lesiones perineales afectan hasta al 85 % de las madres primerizas. También advierte que sus efectos han recibido poca atención científica.

El dolor, las secuelas físicas y otras complicaciones suelen ser minimizados por los profesionales sanitarios. Con frecuencia, se consideran simplemente “parte de la experiencia” del parto.

El informe identifica varias causas estructurales de la violencia obstétrica. Entre ellas están la falta de personal sanitario, las infraestructuras inadecuadas y las barreras económicas para acceder a la atención.

La relatora recomienda crear mecanismos para denunciar e investigar los abusos. También pide exigir responsabilidades, reparar a las víctimas y garantizar atención gratuita y accesible durante el embarazo y el posparto.

Cuba: 514 cuestionarios sobre experiencias de parto

En Cuba, la investigación “Partos Rotos” reunió 514 cuestionarios sobre experiencias de parto ocurridas desde la década de 1960 hasta 2021. El 82 % correspondía a los 21 años más recientes comprendidos en el estudio, mientras que el 80 % de las respuestas procedía de La Habana, Camagüey y Pinar del Río.

De los partos recogidos en la investigación, el 60 % fueron vaginales y el 40 % se realizaron mediante cesárea.

El 41 % de las mujeres consultadas afirmó haber sufrido violencia verbal o psicológica. Otro 17 % no se reconoció como víctima, aunque relató procedimientos y formas de trato que la investigación identifica como violencia obstétrica. Los testimonios también describieron falta de información, intervenciones sin consentimiento y prácticas consideradas deshumanizantes.

“Partos Rotos” recupera las conclusiones de la tesis doctoral de Daylis García Jordá, presentada como uno de los pocos estudios académicos sobre violencia obstétrica en Cuba. La investigadora concluyó que las embarazadas son sometidas “rutinariamente” a prácticas y políticas que constituyen “violencia física y de género”.

Qué alcance tiene el reconocimiento de la ONU

Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no modifican de manera automática las legislaciones nacionales ni establecen sanciones por sí solas. Sin embargo, contribuyen a consolidar estándares internacionales, orientar políticas públicas y proporcionar herramientas para documentar abusos, promover reformas y exigir responsabilidades a los Estados.

El concepto de violencia reproductiva permite agrupar prácticas que antes se analizaban por separado. Entre ellas están la esterilización forzada, el embarazo impuesto y las intervenciones obstétricas sin consentimiento. La resolución sitúa la autonomía reproductiva, la integridad física, la confidencialidad y el consentimiento informado entre los principios esenciales de la atención sanitaria.

Reem Alsalem sostiene que la violencia contra las madres debe reconocerse como una forma diferenciada de violencia contra las mujeres y las niñas. Para enfrentar esta violencia, la relatora reclama medidas específicas de prevención y mecanismos accesibles de denuncia y reparación. También pide políticas que protejan a las madres frente a las prácticas reproductivas y obstétricas abusivas.