Condenan a exdirector del Ballet Folklórico de Camagüey por acoso sexual a menores

Reinaldo Echemendía cumplirá tres años de prisión domiciliaria tras más de un año de denuncias y presión social.

Reinaldo Ángel Echemendía Estrada, exdirector y fundador del Ballet Folklórico de Camagüey, fue condenado a tres años por acoso sexual a menores de edad, según informó este 8 de septiembre el periodista José Luis Tan Estrada. La sentencia contempla además su separación de los cargos que ocupaba en instituciones culturales de la provincia. De acuerdo con Tan Estrada, la condena será cumplida bajo prisión domiciliaria.

Una condena después de más de un año de denuncias

El fallo llega después de más de un año de denuncias públicas, iniciadas en abril de 2025, y de un proceso marcado por demoras institucionales y denuncias de intimidación contra víctimas y testigos. Durante ese periodo también fueron cuestionadas las respuestas iniciales de las autoridades culturales de Camagüey ante acusaciones que involucraban a menores de edad.

El fallo llega después de más de un año de denuncias públicas, iniciadas en abril de 2025.

El juicio se desarrolló en varias jornadas durante septiembre. José Luis Tan Estrada informó que la sesión del 3 de septiembre se prolongó durante varias horas y tuvo que continuar el lunes 7, entre otros motivos, por la ausencia de personas citadas a declarar.

Según su relato, una de ellas tuvo que ser acompañada por agentes policiales porque temía comparecer. El periodista denunció además amenazas, llamadas desde números privados y actos de intimidación dirigidos contra participantes en el proceso. Estas denuncias añaden otro elemento al caso: la posible presión ejercida sobre quienes decidieron declarar contra una figura con décadas de influencia dentro de la cultura oficial camagüeyana.

De una amonestación a un proceso penal

El caso comenzó a trascender públicamente después de que la madre de una estudiante de la Escuela de Arte Luis Casas Romero denunciara que su hija había sufrido acoso mientras realizaba prácticas. De acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Culturales, la respuesta inicial de las autoridades consistió en trasladar a la estudiante a otra agrupación, mientras Echemendía recibió una amonestación privada. Es decir, la primera consecuencia efectiva recayó sobre la joven denunciante y no sobre el funcionario señalado.

Después aparecieron testimonios de exempleados, mujeres y hombres, que afirmaron haber abandonado sus puestos para escapar del hostigamiento atribuido al entonces director.

La misma investigación sostuvo que Echemendía fue apartado de sus funciones directivas solo después de que una de las principales denunciantes anunciara la posibilidad de realizar una protesta pública. El Observatorio también recogió acusaciones según las cuales el exdirector habría ofrecido incentivos económicos para que algunas denunciantes retiraran sus señalamientos y habría mantenido influencia dentro de la agrupación mientras permanecía bajo fianza.

Permaneció en su cargo hasta el juicio

Hasta cinco días antes del inicio del juicio, el perfil oficial del Ballet Folklórico de Camagüey todavía reconocía a Echemendía como director de la agrupación y se preparaba para celebrar los 35 años de fundada la compañía bajo su dirección. La permanencia de su nombre en los canales institucionales, pese a la existencia de un proceso judicial, evidencia la resistencia del aparato cultural a romper públicamente con uno de sus más fieles seguidores.

La capacidad de influencia de Echemendía no procedía únicamente de su condición de director artístico. Fundó el Ballet Folklórico de Camagüey en 1991 y durante décadas recibió reconocimientos de instituciones estatales. La prensa oficial lo presentó como formador de generaciones de artistas y una de las figuras relevantes de la cultura provincial. En una entrevista publicada en 2024 por Granma, el propio Echemendía se definió como “militante del Partido y de la Revolución Cubana”.

El precedente de Fernando Bécquer

El proceso contra Echemendía remite inevitablemente al caso del trovador Fernando Bécquer, otra figura vinculada durante años a los circuitos de la cultura oficial cubana. A finales de 2021 comenzaron a hacerse públicos numerosos testimonios de mujeres que lo acusaban de agresiones sexuales cometidas durante años. Para marzo de 2022 habían trascendido alrededor de 50 testimonios de mujeres, aunque solo una parte llegó posteriormente al proceso judicial.

El proceso contra Echemendía remite inevitablemente al caso del trovador Fernando Bécquer, otra figura vinculada durante años a los circuitos de la cultura oficial cubana.

El caso evidenció un problema que vuelve a aparecer con Echemendía: las denuncias contra hombres reconocidos o integrados en las estructuras culturales del Estado alcanzan primero una dimensión pública antes de recibir una respuesta institucional proporcional a su gravedad.

Bécquer fue declarado culpable en octubre de 2022 por varios delitos de abusos lascivos. Pese a la gravedad de las denuncias, la respuesta judicial inicial fue una sanción de limitación de libertad sin internamiento penitenciario. La decisión provocó críticas de activistas, periodistas y organizaciones feministas, que denunciaron la levedad de la sanción frente a los hechos probados y la magnitud de los testimonios acumulados.

Meses después, luego de que Bécquer publicara canciones misóginas contra sus denunciantes y contra feministas cubanas, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana revocó la medida y ordenó su ingreso en prisión para cumplir los tres años y cuatro meses fijados tras la apelación. La modificación ocurrió en un contexto de fuerte presión pública y de reiteradas denuncias sobre la impunidad con la que el trovador continuaba atacando a las víctimas.

Cultura oficial, poder e impunidad

Los casos de Bécquer y Echemendía tienen diferencias procesales, pero muestran una secuencia similar: hombres con reconocimiento dentro de la cultura oficial, denuncias graves que primero adquieren visibilidad en medios independientes y redes sociales, respuestas institucionales demoradas y sanciones iniciales que evitan o reducen el internamiento penitenciario. En ambos casos, la reacción del Estado llegó después de una exposición pública sostenida de las denuncias.

La coincidencia resulta especialmente relevante porque no se trata únicamente de dos acusados particulares. Ambos habían sido legitimados durante años por instituciones culturales y medios estatales. El problema que emerge es el de un sistema en el que la cercanía con las estructuras de poder puede traducirse, al menos inicialmente, en mayor tolerancia institucional frente a denuncias de violencia sexual.

En el caso de Bécquer, la impunidad con la que fue tratado permitía la revictimización incluso después de una sentencia condenatoria. En el de Echemendía, la condena llegó después de meses de denuncias públicas, cuestionamientos a la actuación de las autoridades y señalamientos de intimidación contra participantes en el proceso.

Una sentencia no equivale a reparación

Cuba cuenta desde enero de 2026 con un nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. El documento establece obligaciones de protección frente a distintas formas de violencia contra menores. Desde 2021 también está vigente una Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Sin embargo, la existencia de normas no garantiza por sí misma su cumplimiento, pareciera que solo están para presumir ante la prensa internacional. El problema está en que no se asegura protección efectiva, acceso a la justicia y reparación para las víctimas.

La protección institucional de figuras afines al poder prolonga la impunidad y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.

Ese patrón va más allá de los casos de Reinaldo Echemendía y Fernando Bécquer. La protección institucional de figuras afines al poder prolonga la impunidad y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.

Cuando las denuncias avanzan únicamente después de la presión pública, las víctimas quedan obligadas a buscar apoyo fuera de las instituciones para lograr respuestas judiciales. Esto deja sin respuestas suficientes a quienes denuncian violencia sexual dentro de estructuras vinculadas al Estado.