Ángela Lemus denuncia que la policía cubana demora ante delitos y actúa de inmediato contra la protesta
La actriz cuestiona que las autoridades aleguen falta de recursos ante robos o agresiones, mientras responden con rapidez frente a quienes reclaman derechos.
La actriz y creadora cubana Ángela Lemus denunció el contraste entre la demora policial ante delitos comunes y la rapidez con que, según afirmó, actúan los agentes cuando una persona reclama derechos o cuestiona al poder. Su testimonio vuelve a poner el foco sobre la represión policial en Cuba y el uso de los cuerpos de seguridad frente a la protesta.
Lemus señaló que, cuando una persona llama para reportar un robo, una agresión o una estafa, puede recibir como respuesta que no hay combustible o afrontar largas demoras. Sin embargo, sostuvo que la policía cubana aparece con rapidez cuando ciudadanos reclaman libertad, para detenerlos o interrogarlos.
Criminalización de la protesta y la crítica
La denuncia se produce en un contexto en el que organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, hostigamiento y criminalización de personas críticas con el Gobierno. Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2026 que las autoridades cubanas continúan reprimiendo el disenso y recurriendo a detenciones para intimidar a activistas, periodistas y opositores.
Amnistía Internacional también documentó en 2026 vigilancia, amenazas, detenciones arbitrarias y procesos penales contra personas por ejercer la libertad de expresión y otros derechos humanos, incluidas creadoras de contenido y defensoras.
Cuba alcanza 1.339 presos políticos, según Prisoners Defenders
Al cierre de agosto de 2026, Prisoners Defenders registró 1.339 prisioneros políticos en Cuba, 12 más que el mes anterior y la cifra más alta consignada por esa organización en décadas. Su informe incluye casos relacionados con protestas por apagones, reclamos de agua y electricidad, grabaciones de actuaciones policiales y denuncias de abusos.
El contraste planteado por Ángela Lemus resulta significativo: mientras la población enfrenta inseguridad y deterioro de servicios, organizaciones de derechos humanos documentan una estructura estatal con capacidad para vigilar, detener y sancionar el disenso. La denuncia cuestiona las prioridades de un aparato policial que debería garantizar seguridad ciudadana sin convertir el ejercicio de derechos fundamentales en motivo de persecución.
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