La Unión Europea negocia con los talibanes la deportación de migrantes afganos

Activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos piden a la Unión Europea suspender las deportaciones a Afganistán y no legitimar a los talibanes.

La Unión Europea ha dado el martes 23 de junio un paso diplomático controvertido desde la caída de Kabul en 2021: recibir en Bruselas a una delegación del régimen talibán para negociar la deportación de ciudadanos afganos que se encuentran en situación irregular en Europa. Con este objetivo, el Ministerio de Exteriores belga concedió el lunes visados de un día, válidos solo para territorio belga, a cinco miembros de la delegación afgana.

El 12 de mayo, la Comisión Europea confirmó en rueda de prensa haber invitado a una delegación de talibanes, a los que definió como “las autoridades de facto en Afganistán”, a una “reunión técnica” para organizar el retorno de nacionales afganos sin permiso de residencia en el espacio Schengen y que entrañen una “amenaza para la seguridad”. El portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, insistió en que el encuentro es “estrictamente técnico” y no implica el reconocimiento político del Emirato Islámico. El encuentro, según explicó, se realiza a solicitud de veinte países miembros de la UE, entre ellos Alemania, Austria, Italia, los Países Bajos y Polonia.

Meses atrás, la UE ya había establecido contactos con los talibanes a través de misiones técnicas en Kabul, y en abril Polonia organizó el retorno forzoso a Afganistán de nueve personas, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para impedirlo. Solo lograron evitar la expulsión de seis de ellas; las otras tres se enviaron de vuelta en un avión militar desde Cracovia. “Ninguno tenía antecedentes penales en Polonia”, denunció el abogado Tomasz Sieniow, presidente de la ONG Instituto del Estado de Derecho, que viajó como observador en el vuelo: “Eran solo refugiados que no fueron reconocidos como tales”, dijo.

Reacciones internacionales

La reacción internacional ante la reunión entre representantes de la Comisión Europea y el régimen talibán ha sido inmediata. Malala Yousafzai, activista pakistaní y Premio Nobel de la Paz, declaró sentirse “conmocionada y profundamente perturbada” y advirtió que “los talibanes han borrado a las mujeres y las niñas de la vida pública”, al tiempo que pidió a Europa a no legitimar a un régimen responsable de “una de las peores crisis de derechos humanos en el mundo”.

La periodista afgana Khadija Amin, que escapó de Kabul con ayuda del gobierno español cuando los talibanes tomaron el control del país, dijo sentirse incómoda con la decisión de la UE: “Nos da miedo, no creemos que sea aceptable”, y recordó que Afganistán es el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido estudiar más allá de los 11 años. “¿Cómo puede una democracia abrir sus puertas a quienes han convertido la discriminación de las mujeres en una política de Estado?”, preguntó.

Amnistía Internacional ha llamado tanto a las instituciones de la Unión Europea como a los Estados miembros a abandonar los planes de deportación a Afganistán, y pide poner fin a cualquier cooperación con los talibanes: “Afganistán no puede considerarse en modo alguno un país seguro para los retornos”, señala, criticando la presión de varios países europeos para acelerar las deportaciones pese a la grave situación humanitaria del país, donde casi 22 millones de personas necesitan asistencia. Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, recordó que “las escenas desesperadas de personas —incluido personal de la UE— huyendo de Afganistán son un recuerdo reciente” y calificó de “inconcebible” que la Europa intente deportar personas a un país que se ha vuelto “aún más peligroso”.

Las organizaciones de derechos humanos llevan tiempo pidiendo a la Unión Europea que suspenda la reunión. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch insisten que cualquier contacto con los talibanes debe centrarse en la rendición de cuentas y en los derechos humanos, no en facilitar deportaciones a un país que no respeta la dignidad de la persona humana. Desde Human Rights Watch, la investigadora Fereshta Abbasi añadió que “los países de la UE están socavando su credibilidad al condenar los abusos de los talibanes y exigirles responsabilidades, por un lado, y cooperar con ellos para el retorno forzoso de afganos, por otro”.

Por su parte, el relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó los planes de invitar a los talibanes a Bruselas como “sumamente preocupantes” y recordó que los retornos forzosos vulneran el principio de no devolución, que prohíbe la deportación a países donde se pueda sufrir persecución o violaciones de derechos, especialmente en el caso de mujeres.

El reto de la coherencia política

La polémica ha dejado al descubierto divisiones dentro de la propia Bélgica. El ministro de Exteriores, Maxime Prévot, afirmó que se oponía a invitar a representantes talibanes a Bruselas, pero sostuvo que no podía denegar los visados porque su país alberga las instituciones de la UE y actuaba a petición de un asunto oficial europeo.

Hace apenas unos meses, a fines de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una enérgica resolución de condena contra los talibanes por la adopción de un conjunto de leyes que “profundiza la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán e institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluido el apartheid de género, la esclavitud y los castigos corporales”. Hoy, sin embargo, representantes de ese mismo régimen se sientan con funcionarios europeos en Bruselas para negociar la devolución de inmigrantes.