María Lourdes Afiuni queda en libertad plena tras 16 años de persecución judicial bajo el chavismo

Hugo Chávez pidió 30 años de cárcel para la jueza, que sufrió tortura, violencia sexual y un aborto forzado durante un proceso convertido en símbolo de la falta de independencia judicial en Venezuela.

La jueza venezolana María Lourdes Afiuni obtuvo el viernes 7 de agosto la libertad plena y el cierre definitivo del proceso judicial iniciado en su contra en 2009, después de más de 16 años de persecución, encarcelamiento y restricciones. Su caso se convirtió en uno de los primeros símbolos de la pérdida de independencia judicial bajo el chavismo, después de que Hugo Chávez exigiera públicamente una condena de 30 años contra ella.

La decisión llega cuando María Lourdes Afiuni, de 63 años, enfrenta nuevos problemas de salud y cientos de personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Venezuela.

La familia informó que recibió el viernes 7 de agosto la notificación que pone fin al expediente y a las restricciones que todavía pesaban sobre María Lourdes Afiuni. En un comunicado firmado por Nelson Afiuni Mora, hermano de la jueza, y Thelma Fernández, representante legal de la familia, señalaron:

“La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”.

De una decisión judicial a la orden pública de Hugo Chávez

El caso comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando María Lourdes Afiuni, entonces titular del Juzgado 31 de Control de Caracas, concedió libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, detenido sin juicio desde febrero de 2007. La decisión judicial seguía una recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y se ajustaba a la legislación venezolana, según documentó Human Rights Watch.

Un día después de la decisión, el entonces presidente Hugo Chávez calificó públicamente a María Lourdes Afiuni de “bandida” y reclamó una condena de 30 años de prisión. La jueza fue procesada y permaneció más de un año recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, antes de pasar a arresto domiciliario. La exigencia pública de Hugo Chávez contra una jueza por el contenido de una decisión judicial fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como una muestra de la injerencia del poder político en la justicia venezolana.

Tortura y violencia sexual durante su encarcelamiento

Durante su encarcelamiento, María Lourdes Afiuni denunció que fue torturada y violada por un agente del Estado. Relató que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual y que posteriormente fue obligada a abortar mientras permanecía recluida. Su testimonio sobre la violencia sufrida en prisión fue recogido posteriormente por organizaciones de derechos humanos y medios internacionales.

Durante su encarcelamiento, María Lourdes Afiuni denunció que fue torturada y violada por un agente del Estado.

El caso provocó durante años pronunciamientos de organismos y organizaciones internacionales. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional reclamaron el fin de las restricciones contra María Lourdes Afiuni. Por su parte, Human Rights Watch denunció el carácter arbitrario del proceso. La organización lo vinculó con la pérdida de independencia del Poder Judicial venezolano durante el gobiernos chavista.

Una condena cuestionada y más de una década de restricciones

En marzo de 2019, María Lourdes Afiuni fue condenada a cinco años de prisión por corrupción propia. La sentencia dio lugar a la expresión “corrupción espiritual”, debido a que la acusación sostuvo que la jueza había obtenido una satisfacción personal al ordenar la libertad de Eligio Cedeño, aunque no se acreditó que hubiera recibido dinero. Acceso a la Justicia ha advertido que la denominada “corrupción espiritual” no constituye un delito autónomo contemplado por la legislación venezolana.

Pese a la condena de cinco años, las medidas contra María Lourdes Afiuni se prolongaron durante años. En junio de 2026, su familia denunció que una jueza de ejecución sostenía que María Lourdes Afiuni aún no había cumplido la pena. Para entonces, habían pasado más de 16 años desde su detención. Acceso a la Justicia cuestionó la prolongación de las restricciones y describió la situación como un limbo jurídico tras más de 16 años de proceso.

La familia subrayó que la libertad plena no supone una reparación de las violaciones denunciadas durante estos años:

“Sin embargo, el cierre definitivo de este expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados. El caso de la juez María Lourdes Afiuni permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad”.

26 mujeres siguen presas por motivos políticos en Venezuela

Según el balance de Foro Penal hasta el 27 de julio de 2026, la organización registraba 379 presos políticos en Venezuela, entre ellos 26 mujeres. Del total, 353 eran hombres; 219 civiles y 160 militares. Además, 157 habían recibido condena, mientras 222 permanecían encarcelados sin sentencia.

El cierre del proceso llega además en un momento delicado para la salud de María Lourdes Afiuni. Su familia había advertido que María Lourdes Afiuni necesitaba el levantamiento de las restricciones para recibir atención médica por tres nuevas lesiones cancerígenas. La jueza había enfrentado anteriormente un cáncer.

El cierre del proceso llega además en un momento delicado para la salud de María Lourdes Afiuni.

En 2022, un tribunal le negó autorización para viajar al extranjero. Afiuni buscaba someterse a controles médicos después de recibir tratamientos de radioterapia y quimioterapia.

La libertad plena pone fin a más de 16 años de restricciones contra María Lourdes Afiuni. Sin embargo, sigue pendiente la responsabilidad del régimen venezolano por las violaciones de derechos humanos denunciadas durante su encarcelamiento. El cierre del expediente tampoco repara, como advirtió su familia, los daños causados por la tortura, la violencia sexual y los años de persecución denunciados por la jueza. Su caso permanece como símbolo de la subordinación de la justicia venezolana al poder político.