La banca española afronta el riesgo cubano: Sabadell y Alto Cedro, bajo vigilancia

Las entidades podrían sufrir restricciones internacionales si alguna de sus operaciones beneficia directa o indirectamente a compañías sancionadas por Washington.

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba ha colocado a Banco Sabadell y Alto Cedro ante una disyuntiva más apremiante: continuar operando en la isla bajo una vigilancia creciente o reducir su exposición antes de que sus vínculos con el sistema empresarial estatal cubano generen consecuencias regulatorias y financieras fuera del país.

Ninguna de las dos entidades españolas ha anunciado oficialmente su retirada. Sin embargo, el reducido peso de sus negocios cubanos contrasta con el alcance de los riesgos regulatorios, financieros y reputacionales que afrontan. Una sanción estadounidense, la restricción de cuentas corresponsales o las dificultades para operar en dólares podrían ocasionar un perjuicio muy superior a los ingresos que obtienen actualmente en Cuba.

El entramado estatal cubano aumenta la exposición financiera

El principal cambio regulatorio procede de la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026 por el presidente Donald Trump. La disposición amplió la capacidad de Washington para sancionar a personas, empresas e instituciones financieras extranjeras que operen en determinados sectores de la economía cubana o faciliten transacciones significativas para entidades bloqueadas.

Estados Unidos presentó la orden como una respuesta a la represión política, la corrupción y las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen cubano. Entre los sectores señalados por la disposición figuran la energía, la minería, la defensa, la seguridad y los servicios financieros.

El 7 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— designó bajo el nuevo programa al Grupo de Administración Empresarial S. A. —GAESA—, conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas que agrupa empresas del turismo, las finanzas, el comercio exterior y otros sectores estratégicos de la economía cubana.

La estructura económica cubana dificulta determinar si una operación comercial termina beneficiando a empresas controladas por el poder político o militar. Muchas sociedades están integradas en cadenas de propiedad poco transparentes, intermediarios y grupos empresariales subordinados al Estado. Por esa razón, una entidad extranjera puede quedar expuesta aunque su contraparte inmediata no aparezca directamente en una lista de sanciones.

OFAC ha advertido que las prohibiciones pueden extenderse a entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, en un 50 % o más a personas o compañías bloqueadas.

OFAC ha advertido que las prohibiciones pueden extenderse a entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, en un 50 % o más a personas o compañías bloqueadas. Esta regla obliga a las empresas extranjeras a realizar una diligencia reforzada para determinar quién controla realmente cada sociedad cubana involucrada en una operación.

Sabadell anuncia que permanecerá, pero revisa su operativa

Banco Sabadell mantiene una oficina de representación en La Habana, destinada principalmente a prestar apoyo corporativo a empresas españolas establecidas en la isla o interesadas en desarrollar operaciones comerciales con Cuba.

Su principal vínculo financiero es Financiera Iberoamericana S. A., sociedad participada en un 50 % por Sabadell y en otro 50 % por el Banco Internacional de Comercio de Cuba —BICSA—, de propiedad estatal. Al cierre de 2025, Financiera Iberoamericana tenía activos por 97,68 millones de euros y aportó 4,23 millones al resultado consolidado del grupo español.

Las cifras muestran que el negocio es rentable, pero tiene un peso reducido dentro del conjunto del grupo bancario. Esa desproporción podría resultar decisiva si la aplicación de las sanciones llevara a Sabadell a elegir entre proteger su acceso al sistema financiero estadounidense o conservar su participación societaria en el mercado cubano.

Sabadell anuncia que ajustará su operativa

Fuentes de Banco Sabadell afirmaron en junio de 2026 que la entidad no abandonaría Cuba, aunque ajustaría sus operaciones para cumplir las nuevas exigencias. “Banco Sabadell ha cumplido siempre la legislación vigente y las exigencias en materia de sanciones internacionales y lo seguirá haciendo”, declararon a ON Economía.

Fuentes de Banco Sabadell afirmaron en junio de 2026 que la entidad no abandonaría Cuba, aunque ajustaría sus operaciones para cumplir las nuevas exigencias.

La declaración no constituye una garantía de permanencia indefinida. Al supeditar su actividad al cumplimiento de las sanciones y a la evolución del contexto, Sabadell dejó abierta, al menos en términos operativos, la posibilidad de restringir transacciones, dejar de trabajar con determinados clientes o revisar su participación en Financiera Iberoamericana.

El riesgo principal no sería dejar de recibir los 4,23 millones de euros aportados al resultado de 2025 por su negocio cubano. Una medida estadounidense podría afectar las relaciones de corresponsalía de Sabadell, complicar sus pagos en dólares, elevar sus costes de cumplimiento o generar incertidumbre entre inversores y mercados.

En ese escenario, mantener la presencia en Cuba podría dejar de resultar económicamente conveniente. El banco tendría que valorar si el peso limitado de esa actividad dentro del grupo compensa la exposición regulatoria derivada de operar en un sistema empresarial sometido a un creciente escrutinio internacional.

Alto Cedro, más expuesto al sector empresarial estatal

La situación de Alto Cedro, banco corporativo vinculado al empresario Javier Botín, puede ser aún más sensible por su inserción directa en el sector financiero cubano. La entidad opera bajo licencia del Banco Central de Cuba y ofrece financiación, transferencias, garantías y servicios de comercio exterior a personas jurídicas.

Su propia presentación corporativa reconoce que trabaja con “empresas estatales cubanas, mixtas, ECTEs y sucursales extranjeras que desarrollan negocio internacional con Cuba”. Ese modelo de negocio integra a Alto Cedro en el circuito financiero utilizado por el sector estatal cubano para desarrollar operaciones internacionales.

No se conoce públicamente si Alto Cedro mantiene relaciones con compañías subordinadas a GAESA. La opacidad de las cadenas de propiedad del sistema empresarial cubano obliga, no obstante, a considerar el riesgo de que alguna operación pueda involucrar indirectamente a sociedades controladas por el aparato militar.

La Orden Ejecutiva 14404 menciona expresamente el sector de los servicios financieros cubanos entre los ámbitos susceptibles de futuras designaciones. Por tanto, la exposición de Alto Cedro no depende únicamente de sus clientes, sino también de la naturaleza del sector en el que desarrolla su actividad.

Posible salida de Cuba

El medio español Preferente aseguró en mayo de 2026 que Alto Cedro se preparaba para reducir o abandonar sus actividades en Cuba. La información no fue confirmada posteriormente ni por Javier Botín ni por la dirección de la entidad.

Aunque no está confirmada, la hipótesis de una retirada es plausible desde el punto de vista regulatorio. Alto Cedro podría perder bancos corresponsales, encontrar obstáculos para procesar transferencias internacionales o verse obligada a rechazar operaciones de empresas estatales pertenecientes al segmento al que dirige sus servicios.

Una salida también tendría implicaciones institucionales. Javier Botín ha mantenido reuniones con altas autoridades del régimen cubano y obtuvo autorización estatal para desarrollar una institución financiera de capital extranjero. Una retirada indicaría que las condiciones ofrecidas por La Habana ya no bastan para compensar los riesgos internacionales asociados a operar dentro de la economía estatal cubana.

La salida, un escenario posible pero no confirmado

Hasta el momento, Banco Sabadell, Financiera Iberoamericana, Alto Cedro y Javier Botín no aparecen incluidos en las listas de sancionados por OFAC. Tampoco existe constancia pública de que Estados Unidos haya iniciado procedimientos contra ellos.

El escenario, sin embargo, ha cambiado. Las medidas estadounidenses ya no se concentran únicamente en funcionarios cubanos. Washington ha comenzado a designar bajo el nuevo programa a empresas estatales y sociedades extranjeras por sus relaciones con sectores o entidades vinculados al régimen.

La designación de la firma británica CEIBA Investments mostró que una compañía extranjera puede convertirse en objetivo directo por sus actividades financieras y empresariales en Cuba. El precedente incrementa la presión sobre otras entidades internacionales con exposición a los sectores señalados por Washington, aunque sus operaciones no sean necesariamente equivalentes.

La permanencia de Sabadell y Alto Cedro dependerá, por tanto, de su capacidad para documentar que sus operaciones no involucran ni benefician a entidades bloqueadas. También estará condicionada por la disposición de sus bancos corresponsales, aseguradoras y socios internacionales a continuar asumiendo la exposición asociada a Cuba.

Una retirada inmediata no está confirmada. Sin embargo, la combinación del peso limitado de estos negocios, la ampliación del alcance de las sanciones y la opacidad empresarial en Cuba convierte una salida total o parcial en un escenario cada vez más difícil de descartar.

Los efectos de las sanciones alcanzan a los usuarios

En junio de 2026, un banco extranjero no identificado rompió su relación con Fincimex, entidad vinculada a GAESA que procesaba en Cuba operaciones con Visa y Mastercard. La decisión provocó la suspensión de esos pagos y mostró cómo la concentración de los servicios financieros en empresas estatales puede trasladar a los usuarios las consecuencias de las sanciones dirigidas contra esas estructuras.

El régimen cubano atribuye estas afectaciones principalmente a la política de Washington. Sin embargo, el control militar y estatal sobre hoteles, remesas, comercios y canales de pago reduce las alternativas disponibles cuando un banco internacional decide limitar o interrumpir sus operaciones para evitar sanciones.