El Consejo de Ministros aprueba un sistema Nacional para "registrar" y "monitorear" la Violencia de Género en Cuba

Según la Fiscal General, el 84 % de los agresores eran pareja o expareja de las víctimas, y el 31 % contaba con antecedentes penales relacionados con hechos violentos".

Este domingo, en sesión del Consejo de Ministros, se aprobó el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de hechos de violencia de género, enfocándose especialmente en el ámbito familiar. Esta medida, alineada con el Programa para el Adelanto de las Mujeres, fue presentada por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda.

La Fiscal detalló que el nuevo sistema fue desarrollado en colaboración con el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular, para lo que se conformó un grupo de 25 expertos con el objetivo de crear un registro administrativo informatizado e interoperable, que utilizará las plataformas de estas instituciones para gestionar los procesos penales relacionados con la violencia de género.

En la nota publicada por el periódico Granma, no se aclara si ese registro será público, solo se menciona que se tratará de un ‶registro administrativo″ para la gestión de los procesos penales. La transparencia y el acceso a las estadísticas de la violencia machista es una de las demandas exigidas desde hace varios años por los observatorios de género de OGAT y YSTCC, organizaciones que realizan desde el 2019 un subregistro de feminicidios en Cuba, bajo la criminalización del régimen. La creación de este sistema responde a las denuncias realizadas por estas y otras organizaciones de la sociedad civil al Estado cubano. A la falta de transparencia y a la opacidad de los pocos datos oficiales que se han dado a conocer, se suma el hecho de que nunca se ha explicitado la metodología utilizada en el registro y análisis de esos datos.

El objetivo principal del registro, según la Fiscal General, es generar información estadística que apoye la prevención y la lucha contra la violencia de género. Durante el año 2023, según la Fiscal, ‶los datos obtenidos revelaron que el 75 % de los incidentes ocurrieron en el hogar, una tendencia que se mantiene en el presente año″. Además, ‶el 72 % de las víctimas tenían entre 25 y 59 años, y el 45 % eran trabajadoras no remuneradas. También se ‶identificaron sobrevivientes que habían sufrido maltratos durante la relación y aquellas que habían hecho denuncias previas por amenazas o lesiones, que a menudo fueron retiradas como parte del ciclo de violencia″.

"Muchos agresores actuaron desde una posición de dominio, algunos mostraron descontento por la ruptura de la relación y otros aprovecharon la presencia de hijos para causar más sufrimiento. En algunos casos, se emplearon armas blancas, armas de fuego o las propias manos de los agresores".

Otros datos dados a conocer por la Fiscal revelaron que el 84 % de los agresores eran pareja o expareja de las víctimas. Y que en términos educativos, el 46 % de los agresores tenía noveno grado de escolaridad, el 40 % tenía empleo y el 31 % contaba con antecedentes penales relacionados con hechos violentos.

Entre las características de la violencia de género identificadas, Peña Ojeda señaló que muchos agresores actuaron desde una posición de dominio, algunos mostraron descontento por la ruptura de la relación y otros aprovecharon la presencia de hijos para causar más sufrimiento. En algunos casos, se emplearon armas blancas, armas de fuego o las propias manos de los agresores.

La Fiscal General enfatizó que la producción de estadísticas e información integral es crucial para medir la mortalidad violenta de mujeres y niñas por razones de género. ‶La implementación del Sistema Nacional de Registro y la transparencia de los resultados fortalece el Estado de Derecho, desalienta las manifestaciones de violencia, combate la impunidad, eleva la educación jurídica de la población y fortalece el tejido social en torno a un problema que concierne a todos″, destacó Peña Ojeda.

A pesar que ha sido una constante el silencio de los medios oficiales y las instituciones del gobierno ante los feminicidios y otros tipos de agresiones machistas, según la Fiscal, este nuevo sistema busca no solo mejorar la gestión de casos de violencia de género, sino también fomentar una mayor transparencia y eficacia en la respuesta estatal frente a esta grave problemática social.

¿Qué dice el Observatorio de Género de Alas Tensas?

En el informe presentado en marzo del 2024 por OGAT, se analiza de la situación de los feminicidios en Cuba durante 2023 y se muestra que el Estado no ha desarrollado una estrategia integral para enfrentar la discriminación contra las mujeres. Aunque hay un marco legal que parece respaldar la igualdad de género, las acciones del gobierno son insuficientes e ineficaces para prevenir la violencia de género. El punitivismo y la falta de transparencia, junto con la criminalización de la sociedad civil, contribuyen al aumento de los feminicidios y la persecución política, afectando especialmente a mujeres, niñas y a la comunidad LGBTTTIQA+, refirió la organización en dicho informe.

La plataforma feminista enfatiza en las conclusiones de su informe anual, que durante el I Taller Parlamentario por la Igualdad de Género en julio de 2023, la investigadora Mayda Álvarez del Centro de Estudios de la Mujer, abordó los desafíos en la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Este programa debería ser clave para el desarrollo de políticas favorables a las mujeres. Sin embargo, se ha señalado que no todos los organismos han creado una Estrategia de Género o un Protocolo para la prevención y atención de la violencia de género. Y que, además, ‶existe una falta de conocimiento sobre los documentos normativos, ausencia de seguimiento y evaluación, e inestabilidad en los esfuerzos hacia la igualdad de género″, enfatiza la plataforma feminista en las conclusiones de su informe anual.

La falta de acción efectiva es evidente en las estadísticas: en 2023 se registraron 89 feminicidios y 16,116 mujeres y niñas viven actualmente en situaciones de violencia de género —este último dato proviene de fuentes oficiales—. Esta inmovilidad ante los datos oficiales subraya la necesidad urgente de medidas más eficaces.

En un país donde se ha negado sistemáticamente la violencia feminicida, no se tipifica el feminicidio en el Código Penal, no se crean medidas de prevención eficaces, no se tiene en cuenta a la sociedad civil y a los colectivos feministas y no se acaba de implementar una Ley Integral contra la violencia de género, este sistema, lógicamente resulta insuficiente.