Madres de jóvenes asesinados en Venezuela demandan a Maduro en Estados Unidos

La demanda civil acusa al dictador venezolano de autorizar asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad durante operativos policiales entre 2017 y 2020.

Familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil federal en Brooklyn, Estados Unidos, contra el dictador Nicolás Maduro, a quien acusan de haber autorizado ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas durante operativos policiales entre 2017 y 2020.

La demanda fue interpuesta en nombre de tres madres y un padre de jóvenes asesinados, además de una mujer cuyos dos hermanos murieron durante una intervención policial.

Según la demanda, las muertes formaron parte de una ofensiva de seguridad impulsada durante el gobierno de Maduro. El texto legal atribuye a una fuerza policial de élite venezolana al menos 1.300 asesinatos entre 2017 y 2020, de acuerdo con los demandantes. El caso busca una compensación económica para los familiares sobrevivientes y el reconocimiento judicial de presuntas violaciones de derechos humanos.

Una de las madres, identificada en el expediente como Jane Doe 1, relató que su hijo fue asesinado en 2017. “No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo. A mí el Estado me mató a mi hijo”, dijo la mujer, citada por The New York Times. Los demandantes recurrieron a seudónimos en el expediente por temor a posibles represalias.

Una demanda bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura

El caso se ampara en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, conocida en inglés como Torture Victim Protection Act (TVPA). Esta norma permite presentar demandas civiles ante tribunales federales de Estados Unidos contra individuos acusados de tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad oficial de otro país.

La TVPA establece responsabilidad civil para quienes, bajo autoridad real o aparente de una nación extranjera, sometan a una persona a tortura o ejecución extrajudicial. La norma también fija un plazo de diez años para presentar la acción y exige considerar los recursos legales disponibles en el país donde ocurrieron los abusos.

Antecedentes de la OLP y las FAES en Venezuela

Los hechos citados en la demanda están relacionados con la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), una política de seguridad iniciada en Venezuela en 2015. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró desde el comienzo de esos operativos “cientos de denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos” cometidas por funcionarios policiales y militares.

Según la ONG, entre julio de 2015 y marzo de 2017 fueron asesinadas 505 personas por agentes de la fuerza pública en el marco de la OLP. Provea señaló que el estado Carabobo concentró la mayor cantidad de víctimas, con 136 casos, seguido por el Área Metropolitana de Caracas, con 126, y Bolívar, con 74.

La organización también citó un informe del Ministerio Público según el cual, para 2017, se investigaba a 1.074 funcionarios policiales y militares por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante esos operativos. De ellos, 112 ya habían sido imputados ante tribunales venezolanos. Provea indicó que se desconoce el curso posterior de esos procedimientos.

Human Rights Watch documentó en 2019 denuncias contra las FAES, una unidad de la Policía Nacional Bolivariana creada en 2017. La organización afirmó que sus agentes incurrieron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos en comunidades pobres, en continuidad con patrones documentados durante la OLP.

Un caso civil separado del proceso penal en Estados Unidos

El proceso civil en Brooklyn avanza de forma separada del proceso penal federal contra Maduro en Estados Unidos. El 5 de enero de 2026, Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de narcotráfico. Ambos permanecen detenidos en Nueva York a la espera del juicio.

Maduro no ha respondido públicamente a esta demanda civil. En el caso penal, su defensa ha cuestionado la legalidad de su captura y ha anticipado argumentos sobre inmunidad y jurisdicción.

En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó una conclusión clave. Había motivos razonables para creer que autoridades estatales controlaban o supervisaban cuerpos de seguridad señalados por violaciones graves. El informe apuntó incluso a funcionarios de nivel presidencial y ministerial. La misión también recomendó investigar a los responsables de mayor jerarquía.