Cuba, capital del comunismo global: Estados Unidos expone 67 años de espionaje

Un informe del Departamento de Estado expone casi siete décadas de espionaje, subversión e influencia exterior del régimen cubano, frente a la represión y las carencias que persisten dentro de la isla.

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al régimen cubano de mantener durante 67 años una red internacional de espionaje, subversión, entrenamiento armado e influencia política. La acusación figura en Cuba: The Capital of 21st Century Communism, un informe de 100 páginas publicado el 20 de julio de 2026, que contrapone esa proyección exterior con la represión y las carencias de alimentos, energía y atención médica básica que, según el documento, enfrenta la población de la isla.

El documento describe el aparato estatal cubano como una operación integral de inteligencia y subversión, articulada mediante la diplomacia, las organizaciones políticas, los intercambios académicos, la propaganda y las actividades clandestinas. En su conclusión, sostiene que la confrontación de La Habana con Washington no respondió únicamente a disputas económicas, territoriales o de soberanía, sino a una “revolución contra la civilización occidental misma”.

La proyección internacional del régimen desde 1959

Según el informe, la exportación del proyecto político cubano se convirtió desde los primeros años del régimen en un objetivo permanente. Como punto de inflexión identifica la Conferencia Tricontinental de La Habana, que reunió en 1966 a más de 500 delegados de 82 países y que el documento presenta como un espacio de articulación de movimientos revolucionarios de América Latina, África, Asia y Oriente Medio.

Una estimación de finales de los años ochenta citada por el Departamento de Estado atribuía respaldo cubano a 27 organizaciones guerrilleras latinoamericanas, con unos 25.000 integrantes armados y entrenados. El documento añade que al menos 20.000 guerrilleros de la región habrían pasado por centros de adiestramiento en Cuba durante las tres primeras décadas del régimen.

El reporte asegura además que otras 20.000 personas recibieron “educación revolucionaria” en instalaciones de la Isla de la Juventud entre mediados de los años setenta y mediados de los ochenta. El documento diferencia esa formación política del entrenamiento armado atribuido a los campamentos guerrilleros.

La presencia cubana en África constituye otra de las dimensiones examinadas. El informe cita una estimación de la CIA según la cual el despliegue en el África subsahariana llegó a unos 49.000 cubanos durante los años ochenta, cerca del 80 % de ellos combatientes o asesores militares. Por separado, señala que medios estatales cubanos han cifrado en 385.908 el total acumulado de combatientes enviados a las llamadas misiones internacionalistas africanas a lo largo de varias décadas.

Infiltración de instituciones estadounidenses

Entre los casos utilizados para documentar la infiltración de instituciones estadounidenses figura Víctor Manuel Rocha, exembajador en Bolivia y antiguo funcionario del Consejo de Seguridad Nacional. Rocha fue detenido en diciembre de 2023 y, en 2024, se declaró culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero. Fue condenado a 15 años de prisión por una colaboración con la inteligencia cubana que, según las autoridades estadounidenses, comenzó en 1973.

El documento también examina el caso de Ana Belén Montes, quien llegó a ser la principal analista sobre Cuba de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Montes informaba al Estado Mayor Conjunto y al Consejo de Seguridad Nacional y, según el reporte, reveló a La Habana las identidades de al menos cuatro agentes encubiertos, además de transmitir información clasificada antes de su detención en septiembre de 2001.

El informe dedica otro apartado a la Red Avispa, una estructura de inteligencia cubana que vigilaba organizaciones del exilio e instalaciones militares estadounidenses. Las autoridades federales acusaron formalmente a 14 personas y detuvieron a 10. Varios de sus integrantes se habían infiltrado en Hermanos al Rescate, organización que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a migrantes cubanos.

Según el reporte, la información recopilada por la red precedió al derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por cazas de la Fuerza Aérea cubana sobre aguas internacionales al norte de la isla. Murieron sus cuatro ocupantes: tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. El documento afirma que comunicaciones cifradas recuperadas por las autoridades mostraron que la inteligencia cubana preparó la denominada Operación Escorpión, recopiló datos sobre los vuelos y ordenó que sus agentes evitaran abordar las aeronaves durante las fechas próximas al ataque.

Vigilancia exportada y alianzas internacionales

El Departamento de Estado sostiene que, tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y en el contexto de la estrecha alianza política y económica entre ambos gobiernos, asesores cubanos contribuyeron a establecer en Venezuela un aparato de vigilancia y represión interna.

El informe denuncia su participación en purgas y controles de lealtad, formación de militares y agentes, reorganización de los servicios de inteligencia y utilización de las Fuerzas Armadas como instrumento de control político.

El informe presenta a Cuba como plataforma de operaciones de inteligencia de Rusia y China. Identifica 18 instalaciones de inteligencia de señales —centros destinados a interceptar, recibir o analizar comunicaciones y emisiones electrónicas— y afirma que tres estarían operadas por China y dos pertenecerían a Rusia.

En el caso de Irán, el reporte sostiene que habría aprovechado la posición geográfica de Cuba para realizar acciones de guerra electrónica. Como antecedente, menciona que en 2003 un dispositivo instalado en La Habana habría interferido señales internacionales de televisión emitidas desde Estados Unidos, episodio que el documento atribuye a la cooperación técnica entre ambos gobiernos.

Las sospechas sobre la cooperación militar entre ambos gobiernos se reforzaron el 13 de julio de 2026, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su Administración investigaba la posible presencia de drones iraníes almacenados en Cuba.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró desde el Despacho Oval. Trump añadió que podía haber equipos almacenados en la isla, pero reconoció que la información todavía no estaba confirmada: “Lo estamos investigando ahora mismo”.

Represión interna y carencias básicas

El documento vincula la proyección internacional del régimen con la restricción de derechos dentro de Cuba. Afirma que numerosos ciudadanos no pueden expresarse, reunirse, asociarse, trabajar o viajar libremente, y alude a las denuncias de abusos cometidos durante la represión de las protestas del 11 de julio de 2021.

El reporte sostiene además que el régimen ha reprimido y encarcelado a artistas y disidentes afrocubanos que denunciaron violencia policial o reclamaron libertad de creación. Entre quienes permanecen en prisión figura el rapero y activista Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, integrante del Movimiento San Isidro y coautor de Patria y Vida. Fue detenido en mayo de 2021 y condenado en junio de 2022 a nueve años de cárcel por delitos como desacato, desórdenes públicos y atentado. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y sostiene que su condena estuvo relacionada con sus protestas pacíficas, sus publicaciones y su obra artística.

También permanece encarcelada Sulmira Martínez Pérez, joven activista negra conocida en las redes sociales como Salem Cuba Censura, detenida en enero de 2023 por sus publicaciones críticas y sus llamados a la protesta pacífica. En febrero de 2026 se conoció que había sido condenada a cinco años de prisión por delitos contra el orden constitucional y desacato. Estos casos refuerzan la contradicción señalada por el informe entre el discurso antirracista promovido por La Habana en el exterior y la persecución de artistas, activistas y opositores negros dentro de Cuba.

El Departamento de Estado afirma que los cubanos continúan viviendo entre “hambre y oscuridad”, en una situación “semejante a la esclavitud moderna” y como “rehenes de su propio Estado”. Las expresiones forman parte de la valoración política del documento y no constituyen una calificación jurídica sobre la situación de derechos humanos en Cuba.