Florida ordena arrestar al dictador Raúl Castro por el asesinato de cuatro miembros de Hermanos al Rescate
Un tribunal de Miami acusa al exgobernante cubano de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.
La justicia de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro, exgobernante de Cuba, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, perpetrado por la aviación militar cubana el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales. El ataque causó la muerte de cuatro integrantes de la organización humanitaria con sede en Miami.
La orden fue firmada por la jueza principal Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y anunciada este lunes 19 de octubre por el fiscal general estatal, James Uthmeier, durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU). El tribunal estableció que Raúl Castro deberá permanecer detenido sin derecho a fianza si es arrestado.
La decisión constituye una nueva acción judicial contra el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas del régimen cubano, quien ya enfrenta una acusación federal presentada en mayo de 2026 por el mismo ataque.
La Fiscalía responsabiliza a Raúl Castro de ordenar los asesinatos
El fiscal general James Uthmeier responsabilizó directamente a Raúl Castro por el derribo de las aeronaves y vinculó el ataque con las operaciones de espionaje que desarrollaba el régimen cubano en territorio estadounidense:
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida jamás dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista”.
Uthmeier señaló que los agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Estados Unidos proporcionaron información a La Habana que permitió identificar las aeronaves civiles como objetivos de la operación militar:
“Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, proporcionaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en blanco de los MiG cubanos. Treinta años después, seguimos luchando por la justicia para Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.”.
Según la declaración jurada presentada ante el tribunal, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y primer vicepresidente de Cuba, fue una de las autoridades que tomó la decisión final de autorizar el derribo. El documento judicial le atribuye una orden dirigida a los altos mandos militares:
“Bien, derríbenlos en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan autoridad no deben consultar con nadie”.
Espías del régimen cubano participaron en la operación
La investigación establece que agentes de la Dirección de Inteligencia cubana, integrantes de la denominada Red Avispa, se infiltraron en Hermanos al Rescate y transmitieron información sobre los planes de vuelo de la organización.
Estas actividades, desarrolladas en los condados de Miami-Dade y Monroe, formaron parte de los preparativos de la Operación Escorpión, ejecutada por las fuerzas militares cubanas.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en Florida. Dos fueron destruidas por misiles aire-aire disparados desde cazas MiG cubanos cuando volaban fuera del espacio territorial de Cuba.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Las aeronaves no recibieron advertencias antes de ser derribadas, pese a haber establecido comunicación con el control aéreo de La Habana.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
La Organización de Aviación Civil Internacional determinó posteriormente que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, contradiciendo la justificación del régimen cubano de que las avionetas habían penetrado en su espacio aéreo.
Estados Unidos mantiene dos procesos judiciales contra Raúl Castro
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó la colaboración entre las autoridades estatales y federales para exigir responsabilidades por el ataque:
“Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo han dado ahora el importante paso de presentar cargos conforme a la ley de Florida”.
Reding Quiñones aseguró que, bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades continuarán explorando todas las vías legales disponibles, incluidos los procedimientos judiciales paralelos a nivel federal y estatal, para llevar ante la justicia a los responsables.
La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan nuevos cargos.
La orden estatal acusa a Raúl Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado, conforme a los artículos 777.04(3) y 782.04(1)(a)1 de los Estatutos de Florida. La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan nuevos cargos.
Familias de las víctimas reclaman justicia tras treinta años
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, calificó la orden de arresto como un paso histórico para esclarecer las responsabilidades por la muerte de los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate:
“El anuncio de hoy de una orden de arresto estatal de Florida contra Raúl Castro marca un paso histórico hacia la rendición de cuentas por los asesinatos de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales”.
La funcionaria también reconoció la perseverancia de los familiares y de la comunidad cubanoamericana, que durante tres décadas han exigido justicia por el ataque:
“Durante treinta años, sus familias y nuestra comunidad cubanoamericana han cargado con esta profunda pérdida y se han negado a que la búsqueda de justicia se desvanezca. Honramos su perseverancia y reconocemos a las generaciones de familias que han sufrido bajo el régimen de Castro”.
La nueva orden judicial mantiene abierta la posibilidad de que Raúl Castro, de 95 años, sea detenido y procesado en Estados Unidos por su responsabilidad en la operación militar que terminó con la vida de los cuatro civiles. Su ejecución dependerá de que pueda ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses.
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