Otra mujer cubana presa por participar en la política

Lázara Karenia González, una joven de 28 años, permanece arrestada desde que participó en las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas.

Lázara Karenia González Fernández, una joven de 28 años, residente en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, permanece arrestada desde que participó en las manifestaciones del 11 de julio. 

El arresto de Karenia, como muestran los videos transmitidos ese día en las redes sociales, fue extremadamente violento. Tres oficiales boinas rojas la tomaron por el cuello y la arrojaron al suelo utilizando técnicas de inmovilización profundamente agresivas que no tenían lugar frente a una persona completamente desarmada y en actitud pacífica. 

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) no se ha pronunciado frente a este o ninguno de los otros hechos violentos ocurridos ese día. 

Mientras mujeres como Karenia permanecen injustamente detenidas, la fiscalía cubana sigue privando de sus derechos constitucionales a menores de edad, madres, hijas, hermanos y padres. 

Si se observan las peticiones fiscales, las sanciones penales, las formas en las que se han desarrollado los juicios sumarios, así como la impunidad de las autoridades y personas afines al régimen que salieron ese día con palos a golpear; se entiende el nivel de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra la sociedad civil y la ciudadanía en sentido general. 

Presentamos algunos ejemplos:  

Sissi Abascal Zamora (24 años) condenada a 6 años de cárcel, por los delitos de Desorden Público, Atentado y Desacato. 

Gabriela Zequeira Hernández (17 años) condenada a ocho meses de prisión domiciliaria por el delito de Desorden Público.

Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Nidia Bienes Paseiro tienen una petición fiscal de ocho años de privación de libertad.

Reyna Yacnara Barreto Batista fue condenada a  4 años de trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de Desorden público y Atentado.  

Liliana Oropesa (20 años) quien se manifestó en la Güinera, en el mismo barrio donde la policía asesinó a Diurbis Laurencio, tiene una petición fiscal de 19 años de prisión. 

Las hermanas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac están siendo acusadas de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desorden público; y tienen una petición fiscal de 10 años de privación de libertad. 

Los casos lamentablemente son muchos, por lo que se necesita todo el apoyo de familiares, organizaciones, medios de prensa, comunidad internacional y sociedad civil. 

Inhibir a las cubanas de su derecho a ocupar el espacio público es una violación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que ha sido firmada por Cuba.

El gobierno cubano al difamar en la prensa oficial contra las activistas, al ejercer el ciberacoso, la intimidación a familiares de opositores, los desalojos, los arrestos arbitrarios, el destierro, entre otras agresiones, pasa por encima del concepto de “vida pública y política” que ha implementado la CEDAW.

Según se describe en esta convención "este término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política en los niveles internacional, nacional, regional y local; y abarca también muchos aspectos de la sociedad civil y de las actividades de organizaciones, como son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida pública y política”.

La violación por parte del gobierno cubano de convenciones como estas que luchan por mayor seguridad y bienestar para las mujeres, solo coloca a Cuba en la posición de un Estado autoritario y machista.