El Gobierno español evita aclarar los posibles vínculos militares de PALCO, empresa que suministra personal a su Consulado en Cuba

El PP preguntó por las relaciones de la empresa estatal cubana con GAESA y las Fuerzas Armadas, así como por las medidas para impedir la extracción de información del Consulado de España en La Habana.

El Gobierno español evitó responder a varias preguntas formuladas por diputados del Grupo Parlamentario Popular sobre los posibles vínculos de la empresa estatal cubana PALCO con estructuras militares y de seguridad, y los riesgos para la protección de datos en el Consulado General de España en La Habana. En su respuesta del 23 de septiembre de 2026, el Ejecutivo reconoció que trabajadores contratados mediante PALCO tienen acceso autorizado a documentación y sistemas consulares, pero no detalló las medidas para impedir la extracción o transmisión indebida de información.

Las preguntas, registradas el 9 de julio de 2026, se referían al contrato de suministro de trabajadores firmado el 1 de enero de 2025 entre el Consulado español y la Empresa Empleadora PALCO, mediante el cual personal contratado por una entidad estatal cubana desempeña funciones administrativas, técnicas y auxiliares en la representación consular.

El PP pregunta por los posibles vínculos de PALCO con GAESA y las Fuerzas Armadas cubanas

Una de las preguntas parlamentarias buscaba esclarecer la relación de la empresa empleadora con otras estructuras del régimen cubano:

“¿Ha comprobado el Gobierno la estructura societaria, organizativa y financiera de PALCO y sus posibles vínculos con el Grupo Empresarial PALCO, GAESA, las Fuezas Armadas Revolucionarias de Cuba u otras estructuras estatales cubanas?”

GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) es un conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, con intereses en sectores estratégicos de la economía, como el turismo, el comercio y las operaciones financieras. Su estructura y funcionamiento han sido objeto de cuestionamientos por la falta de transparencia: no publica estados financieros accesibles al público, sus cuentas no aparecen desglosadas en el presupuesto estatal cubano y carece de una página web y canales institucionales de contacto públicamente conocidos.

La importancia de la pregunta del PP radica en determinar si una empresa que suministra trabajadores al Consulado español mantiene vínculos con estructuras militares o de seguridad del régimen cubano, y si esas posibles relaciones podrían generar riesgos para la confidencialidad de los expedientes de nacionalidad, visados, pasaportes y otros trámites consulares.

El PP también preguntó:

"En caso de existir vínculos directos o indirectos entre PALCO y entidades estatales, militares o de seguridad cubanas, ¿qué evaluación de riesgos ha realizado el Gobierno respecto de posibles injerencias, conflictos de interés, presiones externas o accesos indebidos a información consular sensible?".

La respuesta del Ejecutivo no aborda ninguna de estas dos cuestiones de manera específica. No explica si se investigó la estructura empresarial de PALCO ni si se realizaron evaluaciones de riesgos relacionadas con posibles vínculos militares o de seguridad.

El Gobierno español reconoce el acceso de trabajadores de PALCO a documentación y sistemas consulares

La segunda cuestión planteada por el PP se centró en la protección de los expedientes y los datos personales de los solicitantes:

"¿Qué medidas de seguridad, confidencialidad, protección de datos y trazabilidad se han implantado para controlar los accesos del personal suministrado por PALCO a expedientes y sistemas consulares, así como para prevenir la copia, extracción, transmisión o utilización no autorizada de información?".

En su contestación, el Gobierno español aseguró:

"Asimismo, los accesos a documentación, aplicaciones y sistemas de información se limitan a las necesidades del servicio y están sujetos a los correspondientes mecanismos de autorización, supervisión y trazabilidad".

Añadió que "dicho personal está sometido a las obligaciones de confidencialidad para el personal autorizado y a la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información".

Sin embargo, no identificó las medidas técnicas y organizativas concretas para prevenir la copia, extracción o transmisión de información personal, ni aportó los protocolos que permitirían comprobar cómo se aplican esas garantías.

La existencia de mecanismos de trazabilidad permite registrar o reconstruir accesos, pero no demuestra por sí misma que estén implantados controles suficientes para impedir la reproducción o comunicación indebida de documentos.

¿Qué funciones pueden desempeñar los trabajadores contratados mediante PALCO?

El PP también pidió aclaraciones sobre las funciones reservadas al personal español en los trámites de nacionalidad y Registro Civil. El Gobierno respondió que los trabajadores de PALCO realizan "funciones de apoyo administrativo, técnico y auxiliar" bajo la dirección y supervisión de los responsables consulares.

Asimismo, aseguró:

"En ningún caso ejerce funciones reservadas a funcionarios públicos españoles ni participa en la adopción de decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados".

Aunque el Ejecutivo delimita las funciones de decisión reservadas a funcionarios españoles, no ofrece una relación exhaustiva de las tareas administrativas que desempeña el personal suministrado por PALCO, particularmente aquellas que pueden implicar el manejo de documentación personal.

España mantiene desde 2017 la contratación de personal mediante empresas estatales cubanas

El contrato fue firmado el 1 de enero de 2025 por el entonces cónsul general de España en La Habana, Antonio Álvarez Barthe, y el director general de la Empresa Empleadora PALCO, Rubén Santiesteban Ferrás. El acuerdo establece una vigencia inicial de cuatro años y regula el suministro de trabajadores, las condiciones laborales, los pagos y las obligaciones de ambas partes. Contempla además, un presupuesto de 1,131,295.68 euros. 

Entre sus disposiciones figura que el Consulado puede proponer a las personas que desea contratar, pero PALCO conserva la facultad de aceptar o rechazar al personal propuesto. También puede retirar trabajadores en las circunstancias previstas en el contrato.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno justificó este sistema mediante la legislación cubana:

"La obligatoriedad de contratar a través de una empresa estatal cubana para poder disponer de personal local se encuentra recogida en la normativa cubana (Decreto Ley nº 384 de 23 de septiembre de 2019, referido a la contratación de trabajadores para prestar servicios a las representaciones extranjeras)".

El Ejecutivo añadió que no existe otra modalidad de contratación de personal local en Cuba, "lo que explica que esta operativa se haya venido siguiendo desde 2017".

También sostuvo que el contrato fue tramitado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Las garantías de protección de datos que el Gobierno no ha documentado

El contrato examinado no contiene cláusulas expresas sobre confidencialidad de los expedientes consulares, controles de acceso a bases de datos o prevención de filtraciones. Aunque el Gobierno español afirma que existen mecanismos de seguridad y obligaciones de confidencialidad, su contestación parlamentaria no identifica los instrumentos específicos que los regulan.

La obligación de contratar mediante una empresa estatal cubana no elimina las responsabilidades de España sobre la seguridad de los expedientes que custodia. El Reglamento General de Protección de Datos exige adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información personal, aunque estas garantías pueden estar recogidas en protocolos o instrumentos distintos del contrato principal.

La respuesta del 23 de septiembre deja sin aclarar dos cuestiones especialmente relevantes: si el Ministerio de Asuntos Exteriores ha investigado los posibles vínculos de PALCO con estructuras militares o de seguridad cubanas y si ha evaluado los riesgos de injerencia o acceso indebido a información consular sensible.